La escasa atención que el Estado español presta a la creciente violencia y discriminación por motivos «de odio» tiene una cruda traducción para sus víctimas. Si en otros países las leyes contra la difusión del racismo y el fascismo son contundentes, y es la propia Administración quien recopila los datos sobre sus actividades, en el […]
La escasa atención que el Estado español presta a la creciente violencia y discriminación por motivos «de odio» tiene una cruda traducción para sus víctimas.
Si en otros países las leyes contra la difusión del racismo y el fascismo son contundentes, y es la propia Administración quien recopila los datos sobre sus actividades, en el Estado español las cifras y las investigaciones las recogen organizaciones sociales.
Así, recientemente la ONG Movimiento Contra la Intolerancia ha publicado su Informe Raxen. Racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia, neofascismo, homofobia y otras manifestaciones de intolerancia a través de los hechos, en el que estudia los llamados crímenes de odio y las actividades de grupos racistas y fascistas.
Este informe estima que cada año se producen cerca de 4.000 agresiones, muchas de ellas sin denuncia y sin publicidad, pues no existe ningún tipo de protocolo para detectarlas ni para proteger a sus víctimas. Esto provoca en las personas agredidas una sensación de indefensión y desprotección, por lo que muchas veces prefieren callar.
Según la ONG, las leyes europeas son claras en este sentido, y exigen a los Estados miembros de la Unión que se tomen en serio estos ataques, pero, lejos de cumplirlo, el Estado español mantiene el discurso de las «tribus urbanas» para referirse a la extrema derecha. La Administración reduce el antifascismo a posiciones «antisistema», cuando en otros países, como Alemania, hasta la derecha liberal sale a protestar contra las manifestaciones neonazis. La criminalización del antifascismo responde a la estrategia de negar el problema. Pero las víctimas tienen una visión bastante distinta a la de los políticos.
Según el Movimiento Contra la Intolerancia, algunas víctimas, como los inmigrantes sin papeles, evitan denunciar para no enfrentarse a un proceso de expulsión; los homosexuales, para no desvelar su orientación sexual, y muchas otros víctimas, que carecen de información y de recursos, o tienen un cuadro familiar complicado no encuentran apoyos que les permitan afrontar un proceso judicial y el trauma que produce haber sido agredido.
Además, cuando denuncian, en muchos casos, se encuentran con la mala disposición de los funcionarios, que demasiadas veces no recogen la motivación de las agresiones, quedando todo como una simple pelea. Tampoco existen medidas que protejan la identidad y garanticen la protección de la víctima. Así, la Unión Progresista de Fiscales, en su congreso celebrado en mayo, el Movimiento Contra la Intolerancia y organizaciones de derechos humanos han pedido la creación de una Fiscalía especializada en estos delitos.
También han criticado duramente la escasa entidad, en muchos casos, de las penas impuestas a los agresores y la impunidad de actos de difusión del odio como las conferencias de miembros del Ku Klux Klan o antiguos SS. En los últimos años han desfilado personajes condenados en Austria, Alemania o la República Checa por su apología racista, como David Duke, David Irving o Manfred Roeder.
Según el Informe Raxen, desde 1990 se han contabilizado más de 80 víctimas mortales por motivos de odio, y cada año y prácticamente en todas las grandes ciudades se repiten las «cacerías» que protagonizan grupos neonazis. Aunque las Fuerzas de Seguridad han desarticulado organizaciones neofascistas extremadamente violentas de claro tinte paramilitar, se sigue reduciendo el problema a una cuestión de orden público.
Un claro ejemplo es el País Valenciano, donde organizaciones políticas, culturales y sociales denuncian que la impunidad está enquistada desde hace ya 30 años. La extrema derecha local se ensaña con sedes políticas, centros sociales, sindicales, bares alternativos o manifestaciones nacionalistas. Así, en dos años han explotado ya 15 artefactos, sin que se haya producido ninguna detención. Esta situación ha llevado a más de 30 organizaciones y entidades a crear, hace un año, la plataforma Acció Popular Contra la Impunitat, para, entre otros objetivos, poder personarse como acusación en las denuncias. Para esta plataforma, Valencia vive una «situación extrema».