En pocos días se elegirán a los integrantes de la Convención Constituyente, con lo que se dará un paso clave para atender la demanda ciudadana de refundar el acuerdo político básico en Chile. Ese reclamo, desde el estallido social de 2019, ya no pudo ser acallado, y exigía abordar problemáticas como la democratización de la arquitectura y funcionamiento del gobierno, la representación ciudadana o la atención a la inequidad.
Todos reconocen que las personas elegidas para integrar la asamblea controlarán los modos en que se abordarán y resolverán esas demandas. Desde un inicio, cuestiones como el reglamento de funcionamiento que se den a sí mismos, determinarán los resultados finales. Pero más allá de las particularidades propias de cada candidato, de sus posturas ideológicas, estamos ante dos modos de concebir la política.
Por un lado, están las posturas propias de la política tal como era concebida en el siglo XX, y que aborda cuestiones como la representación ciudadana, la composición y potestades del poder legislativo, o las discusiones sobre mantener o reformar el presidencialismo. Por otro lado, se cuentan las miradas que irrumpieron en el siglo XXI, que abordan los viejos temas de otro modo pero que además le suman nuevas cuestiones, como la igualdad de género, el cambio climático o los medios digitales. Esta no es una distinción menor ya que hay muchos temas del siglo pasado que si se siguen tratando bajo la idiosincrasia de aquel tiempo no se lograrán avances, y es por ello que se necesitan nuevas miradas. Ejemplo de esto es la cuestión de la interculturalidad y la plurinacionalidad, para así contemplar de manera adecuada a sus pueblos originarios. A ellos se suman innovaciones recientes, tales como los enfoques sobre los derechos de la Naturaleza o el Buen Vivir.
La posibilidad de seguir una u otra mirada finalmente dependerá de las posturas y sensibilidades de cada uno de los próximos constituyentes. Es por ello que hay un desafío mayúsculo que no se puede obviar, ya que la fuerte presencia de los partidos políticos en las candidaturas a la asamblea llevaría a seguir estancados en aquella vieja política. No sólo eso, sino que muchos de esos partidos son directamente responsables de la crisis que llevó a que se demandara una nueva constitución. En cambio, los candidatos llamados independientes, son los que tienen las mejores posibilidades para introducir los temas y miradas del siglo XXI, sin repetir las trabas y negaciones del pasado.
Vieja política y desarrollo senil
No es razonable esperar que los constituyentes dependientes de los partidos de derecha y centro-derecha promuevan cambios sustanciales, ni en el funcionamiento de la asamblea ni en sus resultados. Si cuando estuvieron participando de los anteriores gobiernos, se caracterizaron por limitar la participación ciudadana o bloquear el acceso a la información, ¿es esperable que promuevan una constituyente con fluidos canales de participación? Del mismo modo, si cuando ostentaron el poder insistían en el crecimiento económico a costa de proteger a las empresas aceptando la exclusión de pueblos originarios o contaminando comunidades, ¿aceptarán cambios radicales para la autodeterminación de esos pueblos o para la gestión y acceso de los recursos naturales? Estas limitaciones son muy evidentes, por ejemplo, en la lista de Vamos por Chile.
En cuanto a los partidos de izquierda y centro-izquierda, se pueden reconocer demandas distintas, pero que de todos modos están enmarcadas en aquella vieja política. La diferencia es que muchos esperarían más de ellos, y es posible que eso ocurra en algunos asuntos (como los vinculados al género), pero es preocupante que en otras cuestiones se estanquen en el pasado.
Un ejemplo cristalino de esto son las propuestas para un “nuevo modelo de desarrollo” planteadas por Gabriel Boric y José Miguel Ahumada (1). El punto de partida es auspicioso, ya que reconocen problemas estructurales graves, como por ejemplo los rendimientos decrecientes en la minería así como sus impactos en las zonas de sacrificio. Ante eso se esperaría que la “novedad” estaría en desmontar esa dependencia extractivista. Pero no es así, y lo novedoso apenas sería crear un banco estatal para el desarrollo, y para cumplir con el objetivo de siempre, el crecimiento económico. Mantendrían la minería pero cambiarían la tributación, y el dinero obtenido se usaría para invertir en otros sectores, citándose como inspiración el caso de Noruega. Dicho de otro modo, se mantendrían los extractivismos para financiar una diversificación productiva tomando como ejemplo un modelo europeo originado a fines de la década de 1960, todo lo que disipa la expectativa de novedades.
La propuesta de Boric y Ahumada tiene ese atractivo progresista al citar a José Carlos Mariátegui, repitiendo una receta muy común de los progresismos que es intercalar referencias a Marx, Engels y otros pensadores, pero sin avanzar en una nueva visión del desarrollo ni en medidas para desacoplarse del capitalismo. Además, sería apropiado una reflexión más detallada sobre esa cita a Mariátegui en el contexto de una reforma del extractivismo chileno al estilo noruego, ya que si bien el peruano defendía a los trabajadores mineros ante los excesos de las empresas extranjeras, también debe recordarse su reivindicación y celebración del campesinado enraizado en la tierra, un asunto que está ausente en la propuesta de Boric y Ahumada.
La adhesión al desarrollo convencional es mucho más evidente en las propuestas desde los sectores conservadores. Ellos la defienden, sin rodeos y sin citas a Mariátegui o Marx. Están obsesionados con el crecimiento económico, y consideran que sectores como minería o forestación, son los medios más directos para lograrlo. La diferencia es que organizan ese desarrollo de otro modo, dejando que estén dirigidos por el mercado y las empresas, colocando al Estado en un papel subsidiario, y por ello rechazan, entre otras cosas, elevar las regalías a la minería. Esto lo dejó muy claro, por ejemplo, el candidato Carlos Martin, proveniente de la UDI y que se postula en distritos donde se hace minería en el norte del país, cuando en una mesa redonda convocada por la Cámara Minera, insistió en que el Estado sea subsidiario a la actividad económica (2). Pero ese tipo de estrategia es la que causó, entre otros impactos, las zonas de sacrificio o el acaparamiento del agua, y que responden a lo que podría describirse como un “desarrollo senil”, anclado en una idea del progresos con más de un siglo sobre sus espaldas.
Los candidatos que se posicionaron como independientes pero bajo pactos con los partidos políticos podrían finalmente quedar en una situación incómoda. Más allá de sus intenciones, para bien o para mal, sus marcos son los partidarios. Es posible que puedan defender asuntos específicos, como apoyar la agricultura familiar o mejorar el marco de protección ambiental, pero es una incógnita si realmente podrán, o quieren, avanzar más en otras reformas sustanciales, ya que cualquiera de ellas está en contradicción con las plataformas de los partidos políticos. La crisis social y ambiental del país no se solucionará con reformas instrumentales, y si bien las mejoras, pongamos por caso en acceder a la información o en la fiscalización, pueden ser importantes, el propósito de una constituyente apunta a mucho más que eso.
De este modo, puede haber muchas novedades en las caras de los candidatos a la asamblea, como han advertido varios análisis (3), pero se mantiene la tradicionalidad de la racionalidad y la política que se repite en Chile desde hace décadas.
Nueva política
Se llega así a los candidatos independientes. Los ejemplos más conocidos son aquellos que provienen de organizaciones ciudadanas, grupos vecinales o redes territoriales. Incluso, muchos de ellos fueron elegidos mediante consultas dentro de esos colectivos. También desde esas bases locales partieron las advertencias de los impactos sociales y ambientales, como los indicados arriba, las zonas de sacrificio o la subordinación extractivista. Al mismo tiempo, también desde la sociedad civil se renovó la reflexión y la práctica a partir de las cuestiones que planteaban movimientos sociales como ambientalistas y feministas, y que todas ellas son eminentemente políticas. Son maneras de pensar y sentir la política de otros modos, y allí está la novedad.
Sin embargo, esos candidatos independientes no cuentan con los respaldos de los partidos políticos, tienen escasos recursos financieros y fueron segregados en el acceso a los medios de comunicación. Sus campañas avanzan apelando al ingenio y la creatividad. Pero entre ellos están los que pueden activar desde dentro de la Convención Constituyente la renovación de las perspectivas políticas.
La extremadamente alta desconfianza que tienen los chilenos en los políticos, y los bajísimos niveles de confianza en el gobierno o el parlamento, pueden constituir una ventaja para aquellos que se presentan más allá de esa política partidaria convencional. Pero eso también puede convertirse en un problema, ya que en otros países, en situaciones semejantes, los votantes optaron por candidatos que expresaban la anti-política.
No estoy abogando por uno u otro candidato, sino que esta reflexión se ubica en un paso previo, advirtiendo los muy distintos tipos de política que están en juego. Si prevalece una asamblea dominada por quienes provienen de la vieja política, aún con las mejores intenciones, se corre el riesgo de terminar en un texto constitucional que se parecerá a muchas de las constituciones latinoamericanas aprobadas en el siglo pasado. Eso sería inaceptable.
El proceso constituyente tiene que renovar todos los acuerdos políticos. Es necesario para resolver los bloqueos y limitaciones de la política propia del pasado, y en especial lo heredado de los tiempos de la dictadura. Eso no es poca cosa, pero además, Chile enfrenta el desafío de elaborar la primera constitución postpandemia en el mundo, y no puede esquivar desafíos de una escala y gravedad impensados, no solamente por el Covid, sino por esas otras crisis que siguen presentes, desde la pobreza al cambio climático. La vieja política demostró ser incapaz para solucinarlos, lo que hace que una renovación sea indispensable.
Notas
(1) Propuestas para un nuevo modelo de desarrollo post crisis económica, G. Boric F. y J.M. Ahumada, El Mercurio, 7 abril 2021.
(2) Rol de la minería en el nuevo Chile, mesa redonda convocada por la Cámara Minera de Chile, 21 abril 2021, https://www.youtube.com/watch?v=ajD54ASpbsk
(3) Convención Constituyente: ¿caras nuevas o las mismas de siempre?, J. M. Piscopo y P.M. Siavelis, CIPER, 6 febrero 2021, https://www.ciperchile.cl/2021/02/06/convencion-constituyente-caras-nuevas-o-las-mismas-de-siempre/
Eduardo Gudynas es analista del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), e investigador asociado en OLCA (Observatorio Latino Americano de Conflictos Ambientales). Una primera versión del artículo se publicó en Resumen Chile el 13 de mayo 2021.