El Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante) ha oficializado lo que muchos otros sufren en silencio, que apenas tiene para pagar las nóminas, que es la prioridad del Consistorio. El concejal de Hacienda, Francisco Pérez Melero, ha anunciado que el Ayuntamiento alicantino deja de pagar a los proveedores del ejercicio corriente hasta que haya liquidez suficiente. No […]
El Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante) ha oficializado lo que muchos otros sufren en silencio, que apenas tiene para pagar las nóminas, que es la prioridad del Consistorio. El concejal de Hacienda, Francisco Pérez Melero, ha anunciado que el Ayuntamiento alicantino deja de pagar a los proveedores del ejercicio corriente hasta que haya liquidez suficiente. No pone fecha.
El Consistorio sigue así la recomendación de la tesorera municipal, que aconsejaba en un informe «suspender los pagos a proveedores, excepto aquellos que la legislación considera prioritarios, en concreto los gastos de personal, los pendientes de ejercicios anteriores y los correspondientes a intereses y préstamos bancarios. Y, en todo caso, reanudar el pago de facturas en función de la mejoría de los ingresos».
Según este informe, la caja municipal apenas contaba a 30 de septiembre con 286.847 euros disponibles, frente a unas facturas pendientes de pago que ascienden a 11,2 millones, y la tesorera advierte de que «esta situación está provocando no sólo la imposibilidad de atender con regularidad el pago a los proveedores, sino que podría dificultar que en un futur puedan atenderse correctamente los gastos de personal (retribuciones líquidas, seguridad social, anticipos…)».
En cuanto a las causas de esta situación, más allá de la gestión de equipo de Gobierno municipal –el PP se hizo con la alcaldía en diciembre de 2008 mediante una moción de censura con la ayuda de un tránsfuga-, son similares a la que sufren otros municipios, sobre todo los que han tenido un gran desarrollo urbanístico. Según la tesorera, «nos encontramos en una situación de auténtico desplome de los ingresos, especialmente los relacionados con el urbanismo».
En el caso deVillajoyosa, a la caída de la construcción se une el cierre del Casino, que se ha trasladado a Alicante, cuya licencia dejaba alrededor de 600.000 euros de ingresos anuales.
El concejal de Hacienda confía en los tres millones que se recaudarán con el último plazo del IBI, ya pasados al cobro por la agencia SUMA (Diputación de Alicante), pero, según la oposición, este dinero no llegará hasta enero y servirá a duras penas para pagar las nóminasde lo que resta de año.
Entre los pagos corrientes que se mantendrán podría estar el de la contrata de basuras, para que pueda pagar a sus trabajadores.
No será el único
El de Villajoyosa es el resultado de una grave crisis ya anunciada. Como adelantó elEconomista, el pinchazo del ladrillo y una mala gestión han dejado a los pueblos españoles en la ruina. Según los datos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el 30 por ciento de los ayuntamientos podrían ir este año a la quiebra.
No tienen un duro y al menos 400 consistorios de los 8.112 que hay registrados hace mucho que dejaron de pagar el agua, la luz… ahora toca el turno de los proveedores. Y lo que es más preocupante, como reconoce el alcalde de L´Alcúdia (Valencia), Roberto Martínez, en muchos casos se trata de empresas del propio pueblo.
«Sólo faltaba que cerraran por culpa del Ayuntamiento», dice preocupado. Su única alternativa, recurrir al ICO, también se ha caído. Las entidades locales han dejado de recaudar unos 20.000 millones de euros por la crisis del ladrillo.
En los años de bonanza, la financiación pública a través de la actividad inmobiliaria alcanzó en 2006 los 43.000 millones de euros. La cifra prevista para 2010 se reduce a 19.980. Lo dicen sin tapujos, si fueran empresas, los ayuntamientos cerrarían.
El alcalde de Cenicientos (Madrid), Jesús Manuel Ampuero, tampoco dudó en hacer pública su preocupación: «Se me cae la cara de vergüenza de saber que mis empleados no van a cobrar su sueldo. ¿Qué voy a hacer?» No era el único.
Muchos regidores ya advirtieron de que no podrán devolver al Estado los fondos que les adelantó y que luego resultaron excesivos.
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