El 21 de mayo, Vinicius junior, jugador del Real Madrid y de la selección brasileña, era de nuevo la víctima de graves insultos racistas en un campo de fútbol de la primera división española.
Ese día tocó en Mestalla, en el campo del Valencia Club de Fútbol, y se armó la marimorena.
A tenor de las reacciones de los medios de comunicación, las federaciones deportivas, los ministerios, los partidos y hasta la Presidencia del Gobierno ante los sucedido, a uno le viene a la cabeza la famosa escena de la película Casablanca, cuando el corrupto y desvergonzado inspector Louis Renault, 10 segundos antes de cobrar su mordida, grita: “Qué escándalo, qué escandalo, he descubierto que aquí se juega”. Sustituya el lector la palabra “juega” por racismo y verá como el resto es intercambiable.
Todos sabemos que millones de personas ven como alquilar una casa, practicar cualquier deporte, buscar trabajo, pasear por la calle, estudiar o realizar cualquier actividad que emprendan representará algo más que esfuerzo y dedicación; supondrá un ejercicio para sobreponerse al peso brutal, sutil o descarnado de la discriminación racista que sufren a causa de su color de piel, nombre, origen familiar o creencia religiosa.
Racismo de estado
El debate sobre “si los españoles son, o no son racistas” se topa siempre de bruces con datos incontrovertibles que demuestran que gran parte nuestra sociedad es racista y que por todos sus poros resulta alimentada de nutriente xenófobo. Un alimento que tiene su raíz en el propio Estado y su ordenamiento legal. Hagamos un repaso:
*La tercera fuerza política por representación parlamentaria (Vox) es claramente racista. La segunda, el PP, lo es con la boca pequeña. Por su parte, el PSOE, en su afán por defender el marco constitucional del 78 y el orden actual por encima de cualquier otra consideración, no duda en expulsar inmigrantes y mantener una bolsa de personas en irregularidad administrativa cercana a las 700 mil. Es decir, condena a la economía sumergida o la pequeña delincuencia a varios cientos de miles de seres humanos, fomentando su explotación y desvertebrado la sociedad.
*El escándalo del voto por correo tampoco es ajeno a esta cuestión. Melilla constituye el foco. La dificultad que la comunidad de origen magrebí tiene para expresar su posición política, mezclada con la pobreza, no se encuentra ausente del fondo del asunto, como tampoco lo está en Mojácar (Almería), donde tan solo 3.000 personas de las 8.000 censadas tienen derecho a voto.
*Hace menos de un año, el 25 de junio de 2022, 2.000 migrantes de origen subsahariano trataron de acceder a Melilla de manera irregular; 37 de ellos murieron y 116 fueron heridos. Las imágenes de los cuerpos amontonados en las que se mezclaban vivos y muertos, llenos polvo, sangre y sedientos dieron la vuelta al mundo. En ese momento, el presidente Sánchez y el ministro de Exteriores, Albares, alabaron la colaboración de Marruecos. Negaron la brutalidad combinada de la Guardia Civil y la gendarmería marroquí, a la par que denunciaban a los pasadores de frontera como “mafias que traen a las personas engañadas”. Parece que por “ser negros”, a diferencia de Ucrania, las guerras no los obligan a migrar. Tampoco allí el cambio climático, la extrema sequía o la desposesión que sufren millones de personas a causa de grandes proyectos extractivos o de agricultura industrial a cuenta del mercado mundial que expulsan a la población de sus territorios, no representa causa suficiente para ejercer su derecho a la libertad de movimiento y a ganarse la vida.
*La propia ley de extranjería o las leyes mordaza, la primera instituyendo fórmulas complicadísimas para adquirir el derecho legal, estable al trabajo y residencia y, la segunda, dando clara preeminencia a la policía y a su verdad por encima de la de cualquier otro, castiga a la población migrante o a la española con otro color de piel u otra creencia que no sea la católica al cacheo constante, al abuso o a la amenaza tantas veces denunciadas.
*La institución monárquica, cabeza del Estado y representación del mismo es hija directa del negocio de la esclavitud (recordemos que fuimos el penúltimo país en abolirla), del sometimiento a sangre y fuego de pueblos enteros en América y del menosprecio a los otros pueblos que conforman el reino hoy. Por ejemplo, las diversas lenguas existentes desde hace centurias en el territorio (catalán en sus diferentes variantes, gallego, vasco o romaní) no pueden ser usadas ante el Estado (policía, justicia, hacienda, etc.) o en el parlamento en igualdad con el castellano por aquellos millones de ciudadanos del reino para los que son sus lenguas maternas.
Derechos
El Ministerio de Igualdad, de la mano de Irene Montero, anuncia una ley contra el racismo. Constituye sin duda una buena iniciativa. Ahora bien, como ante los derechos de las mujeres, la ley no será suficiente. Hará falta mucho más. No se puede lograr la igualdad, mientras haya leyes (extranjería y otras) que cercenen la posibilidad de acceder a la nacionalidad, la residencia y los derechos políticos a todas aquellas personas que residen junto a nosotros.
No se puede acabar con la serpiente racista, mientras las personas que huyen de la guerra o el hambre no puedan solicitar de manera ordinaria su derecho a la protección internacional o no tengan reconocido su derecho a la movilidad.
Las fuerzas progresistas deben tomarse muy en serio esta cuestión de la única manera en la que debilitar a que quienes justifican la desigualdad: extendiendo derechos a toda la población. La igualdad representa el mejor remedio contra la fragmentación racista.
El 1 de abril el Instituto Nacional de Estadística publicó que población residente en España alcanzó la cifra de 48.196.693, la mayor de la historia; de ellos los nacidos fuera del país suman 8,3 millones.
La población trabajadora del reino está añadiendo a su naturaliza histórica de pluralidad cultural y nacional una diversidad continental, religiosa, moral o étnica de proporciones desconocidas. Es una gran oportunidad que se vive con miedo e inseguridad en muchas partes. Un miedo a perder del que la extrema derecha se alimenta, gracias a leyes que garantizan una desigualdad que nos divide para mejor ventaja del capital que debe emplearnos. Vencer ese miedo exige derechos y política públicas potentes en las que los municipios tienen mucho que decir.
No desterraremos el odio del fútbol, si a la vez no lo hacemos del resto de ámbitos en el que crece silencioso, pero contumaz.
Carlos Girbau es concejal de Más Madrid-Equo en Ciempozuelos, Madrid, y amigo de Sin Permiso.
Fuente: https://sinpermiso.info/textos/vini-y-el-racismo-espanol