Recientemente visitaba el Estado español Martin Scheinin, Relator Especial para la sobre la protección de los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo de las Naciones Unidas. Con anterioridad a su visita, el Ejecutivo español otorgaba a este hecho «gran importancia», según diversos medios de comunicación, como parte de su «compromiso con la absoluta […]
Recientemente visitaba el Estado español Martin Scheinin, Relator Especial para la sobre la protección de los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo de las Naciones Unidas.
Con anterioridad a su visita, el Ejecutivo español otorgaba a este hecho «gran importancia», según diversos medios de comunicación, como parte de su «compromiso con la absoluta garantía de los derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo» y la aplicación del principio de «tolerancia cero frente a cualquier actuación de los poderes públicos que implique la vulneración de estos derechos».
Diversos medios se permitieron, incluso, indicar cuales debían ser las conclusiones a las que debía llegar el experto independiente del a ONU, considerando que la visita debía ser «aprovechada para ofrecerle una visión distinta a la que le presenten los batidores de ETA y para sugerirle nuevos enfoques en la cuestión del terrorismo». Junto con esta evidente criminalización de las fuentes que también ha consultado el Sr Scheinin, estas informaciones se lamentaban además de que otros relatores, como el de vivienda o la tortura «han acabado emitiendo informes muy críticos con España». No recordaban, sin embargo, que el estado español prohibió en diciembre de 2003 la visita del Relator para la Libertad de expresión, Sr. Ambeji Ligabo, tal y como él reconocía en su informe E/CN.4/2004/62. Cierto, la relación de las autoridades españolas con los Relatores de Naciones Unidas y otros expertos independientes no ha sido pacífica.
En este sentido se debe entender la cobertura mediática que se ha querido otorgar a las diversas reuniones que el Relator especial ha celebrado con diversas administraciones, agencias estatales y organizaciones cercanas. Por el contrario, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, profesionales del derecho, víctimas de vulneraciones de derechos humanos derivados de la aplicación de la legislación antiterrorista… que también nos hemos encontrado con el Sr. Scheinin hemos preferido respetar escrupulosamente el principio de confidencialidad que rigen estas visitas, acatando la independencia e imparcialidad que, no dudamos, rige la actuación del Relator.
La manipulación mediática a la que ha sido sometida su visita llega al paroxismo cuando, en torno a la rueda de prensa que ofrece el 14 de mayo, el Relator hacía pública una primera valoración de la visita, extrayendo ya algunas primeras conclusiones. Así, en términos diplomáticos, Martin Scheinin declaraba que «El Relator Especial identifica la función activa de España a nivel internacional como práctica ejemplar y llama a España a mantener ese cometido incluyendo iniciativas de mejoras adicionales al listado y deslistado de terroristas de la ONU, para que cumplan con los derechos humanos y el debido proceso». De la primera parte de este párrafo, medios de comunicación y la propia misión española en la ONU inferían de manera absolutamente retorcida que «El Relator elogia la manera con que España combate el terrorismo». Sin duda, el balance a nivel doméstico no es halagüeño.
Otros medios, prefirieron resaltar sus declaraciones que se producían horas después del ataque de ETA contra un cuartel de la Guardia Civil en la localidad alavesa de Legutio y respecto del que el Relator señaló estar «conmovido e impresionado». Diversos medios españoles procedían a titular «El Relator de al ONU no condena el atentado» o «El relator de la ONU de visita en España se dice conmovido por el atentado pero no lo condena». El martillo de herejes mediático elige las palabras que debe utilizar el Relator y exige el discurso de la «condena», único que evita cualquier sospecha y redime de todos los pecados.
Algunos otros han preferido ocultar la información, no dando ningún tipo de referencia al respecto, en contraposición a la expectación que mostraban anteriormente al inicio de la visita.
Contadas -y honrosas- han sido las excepciones de los medios que han hecho un análisis sobre las recomendaciones sustantivas que ya adelanta en su borrador y que constituyen el verdadero contenido de su misión: la supresión del régimen de incomunicación; la eliminación de la exclusividad de la competencia de la Audiencia Nacional, ampliando a los juzgados ordinarios el conocimiento de causas de terrorismo, la petición de mayor vigilancia del estado en su compromiso de erradicar la tortura; la mención al riesgo de la ampliación de la noción de terrorismo a actos que no constituyen y no guardan suficiente relación con actos de violencia grave… por mencionar tan sólo la más importantes de sus conclusiones.
Martin Scheinin subrayó en su documento preliminar, con gran visión, que «cuando se empieza a caer por esa pendiente se corre el riesgo de conculcar muchos derechos».