Los portavoces del colectivo destacaron la necesidad de que la comisión «establezca las responsabilidades políticas» derivadas de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
La primera comisión institucional que aborda el análisis de las responsabilidades de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz ha comenzado de la mano de las víctimas y del Instituto Valentín de Foronda. Ambos colectivos coinciden en la lectura de los hechos, aunque no en las razones. Las víctimas consideran que hubo intención de «dar un escarmiento», pero los historiadores alegan falta de evidencias para no dar una respuesta contundente en ese sentido.
La comisión especial creada por el Parlamento de Gasteiz para establecer las responsabilidades habidas sobre los hechos que tuvieron lugar el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz es la primera instancia institucional que recoge la demanda que durante 32 años han realizado las víctimas: investigación y depuración de responsabilidades. Y para dar inicio a su labor investigadora, la comisión parlamentaria ha recabado las opiniones de dos agentes que tienen relación directa con los hechos: las propias víctimas y los historiadores del Instituto Universitario Valentín de Foronda, que realizaron, a petición de las propias víctimas, un estudio de los hechos que permita contrarrestar la «versión imperante».
El miércoles, la comisión parlamentaria recibió a una representación de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo, y ayer correspondió el turno a los miembros del Instituto Valentín de Foronda. Ambos colectivos coinciden en el relato de los hechos y en la necesidad de que la comisión recabe testimonios de personas que en marzo de 1976 tenían responsabilidades en las diferentes instancias institucionales. Hay, sin embargo, una diferencia entre las tesis que ambos plantean a la comisión para su investigación.
Mientras las víctimas no tienen ninguna duda de la existencia de un plan institucional para dar en Gasteiz «un escarmiento», los historiadores que realizaron el dictamen que sirve de base a los parlamentarios consideran que hasta ahora no se han conseguido las evidencias que pudieran llevar a probar esa tesis; aunque no cierran la puerta a que, de poder consultarse fuentes que de una u otra manera ahora están cerradas, pudiera aportarse nueva luz sobre las responsabilidades de aquellos hechos.
Comparecencias
Respondiendo a las preguntas de la comisión, los miembros del Valentín de Foronda resumieron los hechos que a su juicio están probados, así como aquellos que consideran aún por dilucidar. Además de si existió «un plan preestablecido para que la Policía impidiera precisamente ese día la asamblea», dejan en manos del Parlamento la pregunta sobre «de quién y en qué términos partió la orden de desalojar el templo a la fuerza».
Para ello proponen una relación de comparecencias, como son «todos los integrantes de la cadena de mando, desde el capitán que mandaba la fuerza policial hasta el ministro del ramo». También proponen que la comisión escuche el testimonio de personas que en aquellos momentos tenían responsabilidades «de máximo nivel» y que en declaraciones públicas se han referido a estos hechos. Finalmente, plantean el testimonio de personas que en marzo de 1976 hubieran tenido «relación directa» con quien era obispo de la Diócesis (fallecido) o con el círculo de empresarios.
En el primero de los casos se trata de saber si en la actuación policial se respetó el Concorda-to con la Iglesia católica, mientras que en el segundo tiene relación con el origen del conflic- to, que era una larga huelga de trabajadores y la petición que, según algunas fuentes, hicieron algunos empresarios a los responsables políticos de las fuerzas policiales.
Los responsables
En su comparecencia del miércoles, los miembros de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo ofrecieron los argumentos en los que se basan para hablar de actuación «perfectamente planificada» y señalaron que ésta «debió contar con el beneplácito y consentimiento, si no con el mandato, de los máximos responsables políticos y policiales de aquellos tiempos».
Abundando en esa consideración, recordaron testimonios como el del entonces ministro de la Presidencia, Alfonso Osorio, quien dijo que desde la clase empresarial «se estaba instando a intervenir en Vitoria ante la situación generada por el movimiento huelguístico reinante y cuya deriva se les había escapado de las manos».
Pero las víctimas consideran que delimitar responsabilidades es labor de la comisión parlamentaria, por lo que en lugar de plantear comparecencias, aportaron el listado de las personas que ostentaban cargos relevantes. Una cadena de mando que en lo fundamental coincide con la planteada por los historiadores, pero de la que en la reunión de ayer eliminaron al actual jefe del Estado español.
Las Víctimas del 3 de Marzo luchan también por su reconocimiento y, en concreto, en su comparecencia pidieron al Gobierno de Lakua que establezca para ellos «idénticas indemnizaciones económicas y tratamiento» que las contempladas en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.
Proponen un encuentro sobre el «uso público de la memoria»
Uno de los miembros del Instituto Universitario Valentín de Foronda propuso en la comparecencia de ayer la organización de un encuentro interdisciplinar en el que se analice «el uso público de la memoria». José Antonio Pérez relató que asistió a las sesiones de un encuentro que había sido organizado por el Parlament de Catalunya, cuyo objetivo era indagar en los hechos y consecuencias del franquismo. «Un debate historiográfico general», matizó otro de los miembros del Instituto, Javier Ugarte, lo que rebasaría el objetivo de investigación de un hecho concreto, en torno al que se ha conformado la comisión del Parlamento de Gasteiz.
Ese encuentro fue «una muestra de lo que se está haciendo a nivel mundial en materia de estudio de la memoria histórica». Pérez destacó que el Parlament catalán consiguió la implicación en este encuentro de todos los sectores, especialistas y sensibilidades.
Considera que aquella experiencia fue de gran valor y se preguntó por qué no trata el Parlamento de Gasteiz de hacer algo en su ámbito que ayude a «establecer una forma de actuación, un decálogo, que sea capaz de unir a diferentes sensibilidades».