En estos días se debate sobre la necesidad de enmendar, reformar o cambiar la Constitución, como defendemos algunos. Diferentes posturas, propuestas y alternativas se dan entre los partidos políticos y sus dirigentes; todo un festín de declaraciones. Todo un ¡Viva La Pepa!, como era conocida la Constitución de 1812 que poco recorrido tuvo. Tiempos convulsos […]
En estos días se debate sobre la necesidad de enmendar, reformar o cambiar la Constitución, como defendemos algunos. Diferentes posturas, propuestas y alternativas se dan entre los partidos políticos y sus dirigentes; todo un festín de declaraciones. Todo un ¡Viva La Pepa!, como era conocida la Constitución de 1812 que poco recorrido tuvo. Tiempos convulsos corrían y el rey «felón» se encargó de desbaratarlo todo. De otra parte, un 9 de diciembre de 1931 −se han cumplido 86 años−, las Cortes Constituyentes aprobaron la Constitución de la República, que fue la más avanzada de su tiempo.
¡Viva la Pepa!, gritaban los liberales españoles, para mostrar su adhesión a la Constitución de Cádiz. Hoy vemos que no era tan liberal como parecía. La fecha de promulgación de la Constitución, 19 de marzo de 1812), venía a homenajear a Fernando VII, en el cuarto aniversario de su llegada al trono en 1808. El rey estaba cautivo en Francia, y en su nombre, sancionó la Constitución la Regencia del Reino nombrada por las Cortes. Cuando retorna a España establece la monarquía absoluta y declara nula y sin efecto toda la obra de las Cortes de Cádiz. Recupera el poder y lo hace con todas las consecuencias, destruyendo el régimen constitucional a sangre y fuego.
Las Cortes de Cádiz promulgaron la primera Constitución de la monarquía española. La primera constitución «liberal» de la monarquía, hasta entonces absoluta. Se definía a la nación como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios y como españoles a todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas. Se dice que con la aprobación de la Constitución gaditana, los españoles dejaron de ser súbditos para convertirse en ciudadanos, pero es mucho decir. Mantenía la monarquía como sistema de gobierno, consagrando la religión católica como la oficial del Estado.
El artículo 14 declaraba que «la Nación española es una Monarquía moderada y hereditaria». La potestad de hacer las leyes residía en las Cortes con el Rey, y a éste se le otorgaba la potestad de hacer ejecutarlas (rey, legislador, jefe de estado y presidente de gobierno). También decía que la «persona del Rey es sagrada e inviolable» y que no quedaba sujeta a responsabilidad. El reino de las Españas era indivisible; la sucesión al trono hereditaria, por el orden regular de primogenitura y representación entre los descendientes legítimos, varones y hembras, lo que dio lugar a tres guerras Carlistas por la sucesión al trono; pero a Fernando VII nada le valió.
Era una Constitución «democrática», pero no todos tenían los mismos derechos a la hora de votar. Establecía unas Cortes unicameral, con diputados elegidos por Juntas provinciales, elegidas a su vez por sufragio universal masculino (aquí si se excluía a las mujeres). Quedaban fuera del sistema electoral: los «servidores domésticos» y en los territorios de América, los criados y los negros. Precisamente el artículo 25 estipulaba que el ejercicio de los derechos quedaba en suspenso: «Por el estado de sirviente doméstico» y «Por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido». Las mujeres, las clases inferiores y los negros, quedaban fuera del sistema democrático.
No podemos dejar pasar otro acontecimiento constitucional de primer orden. Tras la proclamación de la República el 14 de abril, era necesario aprobar una nueva ley de leyes republicana y democrática, que identificara al nuevo régimen, surgido de las urnas y por la voluntad popular. Tras acalorados debates y con la dimisión de Alcalá Zamora, las Cortes Constituyentes aprobaron el 9 de diciembre de 1931 la Constitución de la República española, que fue la más avanzada de su tiempo.
La Constitución de 1931 rompe con la tradición bicameral y elimina el Senado. El Congreso sale reforzado con la facultad de destituir al Jefe del Estado, que es elegido de forma mixta: por los parlamentarios y a través de compromisarios elegidos por sufragio universal; de esta forma, el Presidente de la República, era responsable ante el Parlamento y ante los electores. La República se declaraba laica, garantiza la libertad de culto, prohíbe a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza y desvinculaba al Estado de la financiación de la iglesia. Esto significó una ruptura radical y un foco de tensión, en un país donde el altar era tan importante como el trono. Más tarde se lo cobraron bien.
Una de las novedades que le confieren su rasgo más democrático, es el reconocimiento del sufragio universal, incluyendo a las mujeres; y el derecho de voto a todos los ciudadanos de más de 23 años. Estos preceptos supusieron una auténtica revolución. Se avanzaba hacia el auténtico sufragio universal. La Constitución reconocía la libertad religiosa, de expresión, reunión, asociación y petición; el derecho de libre residencia, de circulación y elección de profesión; inviolabilidad del domicilio y correspondencia; igualdad ante la justicia; protección a la familia, derecho al divorcio, al trabajo, a la cultura y la enseñanza. Se suprimía los privilegios de clase social y de riqueza; y se abría la posibilidad de socialización de la propiedad y principales servicios públicos.
La Constitución de 1812 y su régimen llevaban el germen de su destrucción y renacimiento: se restauraba la monarquía en la persona del rey Borbón, Fernando VII (padre de Isabel II, madre de Alfonso XII, abuela de Alfonso XIII, abuelo del llamado rey emérito y tatarabuelo de Felipe VI). El Deseado, el rey felón, era una persona sin escrúpulos, vengativo y traicionero, que nada más poner el pie en España «se vio que hollaba» (se lamentaba Modesto Lafuente). Restableció el absolutismo anterior a 1812; derogó la Constitución, y persiguió a quienes la apoyaban, con violencia y represión.
No fue hasta el 11 de febrero de 1873, cuando Las Cortes proclamaron la Primera República Española que rigió España hasta el 29 de diciembre de 1874, cuando con el pronunciamiento del general Martínez Campos, comenzaba otra restauración de la monarquía borbónica. La efímera y agitada República, que tras la abdicación de Amadeo de Saboya, pretendió cubrir un vacío de poder, no tuvo las necesarias bases políticas, sociales y económicas que la sustentaran. El carácter reformista y el proyecto de estructura federal del Estado no pudieron consolidar un nuevo régimen político que fue engullido por sus propias tensiones internas entre centralistas y federales, los problemas económicos, la sublevación cantonalista y las guerras carlista y cubana.
La República en España tiene su sino, pero persistiremos, «La República, esa sublime locura que acaba con los privilegios, que considerando a todos los hombres iguales, les hace abrazarse como hermanos, y que reconociendo su libertad, les da derecho a gobernarse por sí mismos» (Blasco Ibáñez). Se refería a la Primera República, pero vale para la Segunda y la Tercera por venir, porque si la de 1978 pudo servir, que levantó ilusiones y esperanzas, hoy hace aguas.
@caval100
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