El jueves 12, el Alcalde vasco Gorka Urtarán bendecía con su presencia el Proyecto Trece Casas, una iniciativa del Obispado, a través del Prograna Berakah, financiado, entre otros, por la Fundación Vital-Kutxabank. Se trata de convencer a 13 propietarios de viviendas deshabitadas que estén dispuestos a alquilarlas por 600 € mes a familias necesitadas. En su intervención, el Alcalde señaló; “las instituciones no llegan a dar respuesta a toda la demanda”, y, “la situación de exclusión residencial es la mas acusada y extrema.” El máximo representante de la administración local, haciendo dejación de sus funciones, e ignorando la normativa y jurisprudencia internacional sobre el derecho a la vivienda, justificaba el delegar en la iniciativa privada la necesidad de un techo para familias en situación de exclusión residencial en la ciudad. Ninguna alusión a los 10 millones de euros aprobadas en la CAV este año para paliar situaciones de riesgo, exclusión, o pobreza, ni a su responsabilidad en un modelo de ciudad en la que miles de vecinos dependen de la beneficencia, la caridad, y el asistencialismo porque no se garantizan sus derechos.
Según el Informe Foessa, la vivienda es el principal factor de desigualdad y de exclusión social en Euskadi. En total, 334.000 vascos están en exclusión social, y 360.000 más viven en la inseguridad, con miedo a quedarse en la calle, o en condiciones de habitabilidad precarias, o sin acceso a luz, agua, o gas. En Araba 8.700 personas demandan un piso de alquiler social, en su mayoría mujeres. Además, como denuncia Berakah : “muchas personas son rechazadas en el acceso a una vivienda privada, por no disponer de avales, como nomina fija o ingresos regulares y demostrables, o por sus características personales, y su única alternativa es vivir en la calle, en pensiones, en habitaciones, o viviendas inadecuadas como trasteros, garajes, u ocupando”.
Vitoria-GAsteiz es la única capital vasca que no tiene parque público de vivienda social. La Ley de Vivienda Vasca corresponsabiliza a GV y ayuntamientos de su cumplimiento, e incluso su art. 7.4 exige que orienten el 100% de sus recursos disponibles en materia de vivienda a promocionar el alquiler para los colectivos mas desfavorecidos. Sin embargo, nuestro Acalde, no sólo repite como un mantra la falsedad de que no tienen competencias, sino que, con desprecio absoluto a la ley, nos anuncia que los terrenos de Larrein y Aretxabaleta-Gardelegi, que se han visto obligados a recomprar a las empresas que han incumplido su contrato para edificar 500 viviendas VPO en venta, serán parcelados y vendidos en lugar de destinarlos al alquiler social. La misma respuesta que han dado al conocerse que dedicarán un millón de euros a derribar las viviendas de Olarizu para edificar pisos en propiedad de VPO y VPT destinados a ser adquiridos por familias con altos niveles de renta que son las únicas que pueden acceder a un crédito.
Parece fuera de toda duda que deben ser los servicios públicos quienes deben liderar la lucha contra las desigualdades y ser garantes de la solidaridad distributiva que garantice nuestros derechos como ciudadanos. Y, sin embargo, después de 5 años, la LVV, que reconoce el derecho subjetivo a una vivienda, precisamente para los más vulnerables, y que tiene herramientas como el canon, el alquiler forzoso, o la expropiación de uso, para movilizar hacia el alquiler miles de viviendas deshabitadas que incumplen su función social, sigue sin desarrollo ni aplicación. Tampoco hay políticas públicas de mediación en el alquiler, ni una oficina local de información y asesoramiento sobre vivienda, ni medidas contra la especulación, ni alternativa habitacional adecuada frente a los desahucios.
Decía el obispo brasileño Helder Cámara: «Si les doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero, si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy un comunista”. Que podamos confundir derechos con caridad es una jugada maestra porque la caridad consuela pero no cuestiona la raíz de los problemas, y aunque se vista de solidaridad rompe con el principio de igualdad social, y cronifica la desigualdad que es la base de la pobreza y la precariedad, ensanchadas hoy hasta límites insoportables. El informe del Relator Especial de la ONU ha denunciado esta situación; “consecuencia de políticas económicas que benefician a las empresas y los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han de lidiar con servicios públicos fragmentados que sufrieron serios recortes que nunca se restauraron”.
Sólo queda reaccionar, exigiendo al Gobierno Municipal que asuma su responsabilidad en la actual emergencia habitacional y apueste por hacer efectivo el derecho a la vivienda en lugar de beneficiar a promotoras e inmobiliarias que llevan años haciendo negocios con la necesidad de las personas. “Es justicia y no caridad lo que necesita el mundo” (Mary Wollstonecraft)