Los recientes casos de amenazas, secuestros y agresiones contra militantes de la izquierda abertzale a manos de supuestos policías y la desaparición en territorio francés del militante de ETA Jon Anza han llevado a que organismos antirrepresivos vascos denuncien la reaparición de dinámicas de guerra sucia y terrorismo de Estado a ambos lados de la […]
Los recientes casos de amenazas, secuestros y agresiones contra militantes de la izquierda abertzale a manos de supuestos policías y la desaparición en territorio francés del militante de ETA Jon Anza han llevado a que organismos antirrepresivos vascos denuncien la reaparición de dinámicas de guerra sucia y terrorismo de Estado a ambos lados de la frontera.
La denuncia de la desaparición de Jon Anza hace seis meses ha encendido las alarmas. Anza, militante de ETA, se encuentra en paradero desconocido desde que el pasado 18 de abril tomara un tren en Baiona con dirección a Toulouse. Según una información difundida el 2 de octubre por el diario vasco Gara, agentes españoles le habrían interceptado durante ese trayecto, le habrían obligado a descender del tren y, detenido ilegalmente, habría sido sometido a interrogatorio. Aquejado de una enfermedad grave, Anza habría fallecido durante el mismo y su cuerpo habría sido enterrado en algún punto indeterminado del país galo.
Estas informaciones, «facilitadas por fuentes que han tenido contacto con conocedores directos del caso», además de hablar de un nuevo episodio de guerra sucia, constatarían algo ya sabido: la presencia constante y habitual de policías españoles en territorio francés en tareas directamente vinculadas a la lucha contra ETA. En el caso del secuestro y más que hipotética muerte de Jon Anza, se desconoce todavía el grado de colaboración y conocimiento de las autoridades francesas.
La desaparición de Anza fue denunciada en una rueda de prensa por sus familiares el 15 de mayo. Cuatro días más tarde, en un comunicado, ETA señalaba que Anza se dirigía entonces a un encuentro con miembros de la organización armada y responsabilizaba de su desaparición a los gobiernos español y francés. A pesar de las numerosas movilizaciones a ambos lados de la frontera que exigían el esclarecimiento de los hechos, el mutismo del ejecutivo español ha sido absoluto desde el pasado abril. Sólo el ministro Rubalcaba se ha referido al caso, primero para calificarlo como «patraña» y después para afirmar que la desaparición de Anza no tiene «nada que ver con las Fuerzas de Seguridad del Estado».
La presencia policial española en suelo francés no es ninguna novedad, aunque se mueve entre dos aguas. En diciembre de 2007, ETA mató a dos agentes de la Guardia Civil en la localidad de Capbretton. Ambos agentes realizaban tareas directas de seguimiento de miembros de ETA. Sólo una semana después, Sarkozy y Zapatero pactaron en Lisboa que la policía española actuaría en territorio francés con normalidad. Para ello se redactó un tratado internacional, ya que lo acordado afectaba a la soberanía de ambos estados. Un mes después, el acuerdo hispano-galo fue completado con un protocolo ad hoc suscrito entre Peréz Rubalcaba y su entonces homóloga francesa Michèle Alliot-Marie para crear unidades policiales conjuntas. Pero esta colaboración policial tiene bases contradictorias. La legislación francesa no permite a ningún policía español ir armado salvo si la investigación cuenta con la preceptiva autorización judicial francesa, y en esos términos está redactado el acuerdo. Existen, entonces, los equipos mixtos bajo mandato judicial, pero hay también actuaciones policiales españolas al margen del control judicial.
Cuatro secuestros en 8 meses
El secuestro de Jon Anza contaría con recientes precedentes, al menos en su modus operandi. En los últimos ocho meses se han denunciado al menos cuatro secuestros de militantes de la izquierda abertzale. Dos décadas después de los atentados de los GAL en Iparralde (País Vasco francés), el refugiado político Juan Mari Mujika denunciaba que el pasado 11 de diciembre fue abordado por agentes españoles en Donapaleu, en el departamento francés de Pirineos Atlánticos. Según su relato, lo retuvieron ilegalmente durante dos horas en una chabola, lo interrogaron y lo amenazaron.
En mayo, a este lado de la frontera, el ex preso Lander Fernández fue secuestrado en Bilbao por agentes de paisano que aseguraron ser ertzainas y le exigieron que colaborara con la fuerzas policiales. Fue apaleado tras negarse. El caso se agravó tras denunciar Fernández públicamente los hechos. Fue detenido por orden de la Audiencia Nacional, aunque liberado un mes después. Más recientemente, el pasado julio, el ex preso Julio Alain Berastegi denunció haber sido secuestrado, torturado e interrogado durante siete horas en un bosque de la localidad navarra de Irunberri. Berastegi relata que fue abordado a punta de metralleta por 12 encapuchados tras acudir a una cita concertada telefónicamente por unos supuestos clientes que requerían sus servicios como albañil.
El último caso conocido es el de Daniel Saralegi, portavoz de la plataforma Gora Iruña! Según su relato, fue interceptado en Pamplona, retenido a la fuerza y amenazado durante siete horas por dos personas que adujeron ser policías sin mostrar identificación alguna. Abordado de noche cerca de su casa, fue trasladado en un vehículo sin distintivos hasta un polígono industrial y, después, a un piso de la capital navarra. Aunque los hechos se remontan a marzo, no los denunció pública y judicialmente hasta el pasado septiembre.
Al caso de Saralegi se suma el de Imanol Pancorbo y Saoia Zerain, que también denunciaron el pasado 16 de septiembre haber sido retenidos y amenazados por miembros de las FSE. Pancorbo fue abordado en Alacant (País Valencià) durante sus vacaciones y fue amenazado tras rechazar una oferta de «mucho dinero» para que colaborara. Zerain recibe periódicas llamadas amenazadoras desde el pasado 24 de julio.
A estos episodios de guerra sucia y estrategias de amedrentamiento cabe añadir la reaparición de grupos fascistas en Euskal Herria. El pasado 22 de septiembre, Falange y Tradición, un hasta ahora desconocido grupo, revindicó 25 ataques y sabotajes. En un comunicado, donde se definen como «movimiento patriota español» anuncian que actuarán «con los medios que considere precisos y lo hará especialmente contra los enemigos jurados de la patria: el separatismo terrorista, el comunismo criminal y el liberalismo anticristiano». Entre sus ataques: la colocación de dos artefactos explosivos.
LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DESESTABILIZAN LA COALICIÓN NABAI
«El Partido Socialista habría utilizado sus contactos en el seno de los servicios de información españoles para infiltrarse en la coalición Nafarroa Bai, que agrupa a cuatro partidos nacionalistas vascos». Con estas palabras el semanario francés La Lettre de l’Expansion describía en su número 1.944 de abril de 2009 un presunto operativo de espionaje de los servicios de información españoles. La revista, perteneciente al mismo grupo que edita el semanario de opinión L’Express, tiene un perfil elitista y está dirigida sobre todo a altos cargos de empresas e instituciones, así como políticos y economistas. El precio de venta, unos 25 euros, es una muestra de lo exclusivo de esta revista, que en más de una ocasión ha publicado informaciones inéditas sobre asuntos relacionados con el Ejército y la Policía francesa. El objetivo de esta infiltración no sería otro que «desestabilizar a su rival, que le arrebató el segundo lugar en las últimas elecciones regionales en Navarra». El PSOE, que negó el intento de desestabilización de su entonces aliado en varios ayuntamientos, exigió en agosto a La Lettre de l’Expansion una «urgente rectificación» bajo amenaza de querella. Hasta ahora no ha habido ni rectificación ni querella. En septiembre, el coordinador de Aralar en Navarra y parlamentario de NaBai, Txentxo Jiménez, volvía a hablar de infiltración al denunciar el cambio de actitud y acercamiento a UPN de Arantza Arenzana, una de sus concejales en el Ayuntamiento de Zizur Mayor. Según Jiménez, Aralar ha contrastado que la ex concejala es una «infiltrada» para la «desestabilización» de Aralar y de NaBai. Tras esta operación, Aralar sitúa a la pareja de la concejala, el argentino Mariano Alejandro Bellefant, un personaje que relacionan con servicios de información y al que acusan de tener un oscuro pasado.
«ROMPER EL SILENCIO»
El 3 de octubre, familiares y allegados de Jon Anza, en una rueda de prensa junto a familiares de víctimas del GAL, denunciaron que «han comenzado a secuestrar a militantes políticos, con el objetivo de instalar el miedo y conseguir información política». Por ello hicieron un llamamiento a que «mediante la movilización y la presión de los y las ciudadanas, construir un muro ante la represión y la guerra sucia». Asimismo, reclamaron a instituciones y partidos que se posicionen de forma «clara» ante la desaparición de Anza ya que datos difundidos apuntan «claramente en la dirección de la guerra sucia».
ANZA: SEIS MESES DESAPARECIDO
15 DE MAYO 2009
La familia de Jon Anza, en rueda de prensa, da a conocer su desaparición y que ya ha presentado una denuncia judicial en Baiona. Cuatro días más tarde ETA responsabiliza de la misma a los gobiernos galo y español.
15 DE JUNIO
En respuesta a un periodista, Rubalcaba afirma que: «es evidente que las FSE no tienen nada que ver con esa desaparición. Más bien entiendo que forma parte de un problema de ETA y así nos lo ha hecho saber ETA».
12 DE SEPTIEMBRE
Kayanakis, la fiscal de Baiona, declara en un diario francés: «Por lo que tengo entendido, no es precisamente habitual que ETA denuncie a sus miembros para que los detenga la policía». ¿Sutil respuesta a Rubalcaba?
2 DE OCTUBRE
El diario vasco Gara publica una breve nota en la que afirma que «un cuerpo policial español habría enterrado a Jon Anza en suelo francés». Nadie lo ha desmentido.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Vuelve-la-guerra-sucia-contra-ETA.html