El Congreso de los Diputados se ha opuesto a ceder la competencia para que se pueda convocar la consulta en Catalunya. Un trámite menos. Poco a poco se agota el periplo de buscar rendijas en la legalidad española para convocar la consulta. Como todo el mundo esperaba, el 86% de los diputados y diputadas (del […]
El Congreso de los Diputados se ha opuesto a ceder la competencia para que se pueda convocar la consulta en Catalunya. Un trámite menos. Poco a poco se agota el periplo de buscar rendijas en la legalidad española para convocar la consulta.
Como todo el mundo esperaba, el 86% de los diputados y diputadas (del PP, PSOE, UPyD, UPN y Foro Asturias) han votado ‘no’. Frente a ello 47 diputados y diputadas han votado a favor: de CiU, PNV, ERC, ICV y, a valorar positivamente por ser la única fuerza estatal que lo ha hecho, también IU. El PSOE ha vuelto a plantear la idea de una reforma constitucional para ir a un modelo federal que no se cree y que tampoco reconocería el derecho de decidir. El PSC le ha seguido en este callejón sin salida. Y el PP no ha cedido en ningún aspecto, fiel a la norma de responder a cada desafío que se le plantea con un cierre autoritario, como hizo también dos semanas atrás cuando la única respuesta que fue capaz de dar a las marchas de la dignidad fue la represión y la criminalización. Se acumulan los ejemplos que muestran la crisis del régimen del 78 y como sus principales pilares no tienen capacidad para responder en positivo, sino sólo a través del repliegue y el retroceso.
Después de transitar por el Congreso podemos adivinar el único paso que queda dentro de la legalidad: ley de consultas aprobada por el Parlament de Catalunya, decreto de convocatoria de la consulta para el 9 de noviembre e impugnación por parte del Tribunal Constitucional. Hasta aquí previsible. ¿Y después? Después ya no quedará ningún mecanismo dentro de la legalidad española donde aferrarse y aparecerá nítidamente el muro de la Constitución española, que salvaguarda la «indisoluble unidad de la Nación española».
Será el momento en que se planteará si se acata este marco o se rompe en clave de ruptura democrática. Esta es la disyuntiva sobre la que el gobierno de Artur Mas evita desde hace meses posicionarse para ganar tiempo, mientras continúa gobernando, aplicando el programa de recortes sociales, y buscando un marco más estable que le dé margen de maniobra y le permita evitar la confrontación con el Estado español. Moviéndose en una ambigüedad calculada, Mas un día da a entender -sin decirlo claramente- que pondrá las urnas el 9 de noviembre y otro habla de respetar la legalidad vigente y que las elecciones llamadas plebiscitarias «pueden ser anticipadas o no», con lo cual se podrían dilatar hasta 2016.
Todo indica que la ley catalana de consultas se aprobará a finales de septiembre, lo que dejará muy poco margen de tiempo entre su impugnación por parte del Tribunal Constitucional y la fecha del 9 de noviembre. No hace falta decir que esperar a la impugnación de la ley catalana de consultas para ver qué hay que hacer es la mejor manera de conseguir que la consulta no se lleve a cabo.
Previsiblemente, el gobierno catalán, en un acto de «responsabilidad» asumirá, ante la impugnación, que no existe un marco jurídico para dar legitimidad a la consulta y que ésta no se puede hacer. Tendrá entonces la sartén por el mango para decidir cuándo hacer unas elecciones «plebiscitarias» -ideales para intentar tapar el eje social-, tras las cuales, supuestamente, habría una Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Una promesa sin credibilidad porque quien no se atreve a convocar una consulta unilateralmente difícilmente declarará la independencia a través de una DUI.
Hace un mes se presentaba una interesante iniciativa, el manifiesto «Per un referèndum tant sí com no» (Por un referéndum a toda costa). En él se hacía una afirmación que toma hoy todavía más relevancia: «cuando la legalidad española niega un derecho como el de autodeterminación es legítimo y necesario utilizar la desobediencia para poder expresarse democráticamente».
Algunos se aferrarán a que se deben agotar todos los canales, y querrán pasar de este penúltimo «no» en el Congreso al último, el del Tribunal Constitucional a la Ley de consultas. Pero los y las que imaginamos lo que pasará no deberíamos perder tiempo y construir el camino de la desobediencia. Hay que forzar una desobediencia institucional -pues se supone que las instituciones deberían obedecer la voluntad de la población-, ya sea por parte del gobierno, del Parlament o de los ayuntamientos, para que la consulta se realice igualmente. La legitimidad de un referéndum sobre la independencia nunca podrá emanar del marco jurídico español -del que depende también el catalán-, así que debe basarse en una legitimidad mucho mayor: la del ejercicio democrático del derecho de autodeterminación.
No es posible pensar que con una manifestación cada año, por enorme que sea, se podrá generar la dinámica para romper con el Estado español. Sólo hay una posibilidad para conseguir que se haga la consulta el 9 de noviembre, y es aprovechar todas las ocasiones que se presenten para movilizar y desbordar el marco de estabilidad y de respeto a la legalidad que utiliza el gobierno catalán y que le da la iniciativa política.
Joel Sans Molases militante de En lluita / En lucha
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