Estos días se está denunciando desde los movimientos antirracistas que el estado de alarma está evidenciando el racismo estructural en el que vivimos. Esta estructura y sistema racistas se materializan en la brutalidad policial en el marco de una parada racista, en no tener en cuenta a la gente que ya estaba en la precariedad antes de la pandemia y, como no podía ser de otra manera, ahora se materializa en “que recojan la fruta ellos” ¿En serio nadie ve el racismo en todo esto?
Tras el revuelo con todo el tema de la recogida de la fruta en plena crisis sanitaria internacional, el Gobierno saca adelante el Decreto 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.
Si analizamos bien el texto del Decreto encontramos lo siguiente:“esta reducción de mano de obra, a su vez, podría poner en peligro el actual abastecimiento alimentario a los ciudadanos, que hasta la fecha se ha desarrollado en condiciones de extraordinaria variedad, cantidad y calidad”. Pues aquí lo tenemos muy claro, no pueden permitir poner en peligro el bienestar de la sociedad pudiente. ¡Que no nos falte de nada!
Sigo con el texto: “los países de origen habitual de esa mano de obra han establecido restricciones para la salida de los ciudadanos de su país. En otros casos, sobre todo en lo que se refiere a la mano de obra intracomunitaria, el temor al contagio está disuadiendo los desplazamientos. Esta misma circunstancia es aplicable también en muchos casos a la mano de obra nacional”. Bueno, otra cuestión que queda clara: no pueden venir las decenas de miles de migrantes que vienen cada año a hacer el trabajo que aquí, en España, nadie quiere hacer, en condiciones precarias, así que alguien tendrá que asumirlo.
Seguimos, vamos con las “personas beneficiarias de las medidas extraordinarias de flexibilización laboral”. El Gobierno por tanto decreta que a los jóvenes migrantes de entre 18 y 21 años (que se encuentren en situación regular, vamos, con permiso de residencia, pero no de trabajo) y a los migrantes a los que entre el 14 de marzo y el 30 de junio, les caducase el permiso, se les prorrogará para trabajar en el campo. Se les hará un contrato de trabajo temporal para recoger la fruta. Por otro lado, y cito textualmente, se “permite la compatibilización de la prestación por desempleo o demás prestaciones de carácter social o laboral, con el desempeño de tareas agrarias”. Resumiendo, el Gobierno permite cobrar el paro o la prestación que tengas y el sueldo que pagan por trabajar en el campo al mismo tiempo.
Antes de la pandemia, a nadie le importaba si los jóvenes migrantes tenían o no empleo. A nadie le importaba que a la gente le caducaran los permisos de residencia y trabajo. No sólo no nos importaba eso sino que, además, hacíamos oídos sordos a todas las denuncias que llevan años haciendo las temporeras: por vulneración de derechos humanos en sus puestos de trabajo, por abusos sexuales, por condiciones de trabajo indignas. No hemos querido escuchar todo esto. Tampoco hemos querido analizar, cómo de racista es el hecho de que cada año vengan de otros países miles de personas, única y exclusivamente, a hacer el curro que nadie quiere hacer aquí.
Pero ahora sí, ahora que de ello depende la fruta de temporada en nuestro carro de la compra, y el abastecimiento óptimo a la población, ahora abrimos un poco el puño, solo un poco.
Que el Gobierno haya decidido mirar a las personas migrantes (esta vez, novedad, no para expulsarlas o encerrarlas en un CIE) para decretar que, ahora sí, deben trabajar para nosotras, las blancas, es racista. Que solamente se les prorrogue el permiso de trabajo para el momento en el que nos hacen falta y luego ciao, es racista. Que nos preocupemos del paro de los jóvenes migrantes ahora, cuando hace falta que las blancas no estemos desabastecidas, es racista. Por no mencionar, que el Decreto no plantee regularizar a las personas que están sin papeles, o extender los permisos de trabajo más allá de la recogida de la fruta.
Ha quedado claro que de facilitar la situación administrativa regular, nada de nada. Muchas personas no entenderán la queja y denuncia de los colectivos antirracistas por este decreto. Vamos a explicar todo esto de la mano del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston. El pasado febrero, el Relator emitió un informe tras su visita a nuestro país en el que dice textualmente: “Visité lugares que sospecho que muchas personas en España no reconocerían como parte de su país: un barrio pobre con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin que su situación haya mejorado”. ¿Sabéis a lo que se refiere este hombre? Se refiere a los asentamientos que se encuentran en Andalucía, donde viven en condiciones imposibles miles de personas migrantes, las que recogen la fruta: “En Huelva, me reuní con trabajadores que vivían en un asentamiento de inmigrantes en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo. Están a kilómetros de distancia de agua potable y viven sin electricidad ni saneamiento adecuado. Muchos llevan años en España y pueden permitirse un alquiler, pero dijeron que nadie los acepta como inquilinos. Ganan apenas unos 30 euros al día y casi no tienen acceso a ningún tipo de apoyo gubernamental”, relata Alston en su informe.
Por eso, a los colectivos antirracistas –quienes conocemos la ley de extranjería perversa y asesina, el laberinto burocrático imposible para que una persona migrante pueda trabajar de manera regular o las condiciones extremas en las que vive la gente para acceder a un salario muy por debajo del SMI–, cuando leemos el Decreto 13/2020 del 7 de abril nos da la risa, la rabia, las ganas de gritar muy alto a los y las dirigentes políticos: REGULARIZACIÓN YA. Dejaros de decretos que no valen para nada, para seguir dando privilegios a unos pocos frente a otros que, por necesidad, acatarán e irán a trabajar. Regularizad la situación de cientos de miles de personas para que puedan tener derechos laborales, para que sus salarios en el campo valgan lo mismo que los de quienes tienen contrato. Regularizad para que la gente viva dignamente y no siga habiendo ciudadanos de primera y de segunda.
El Gobierno da por hecho que la gente migrante que está sin empleo tiene que ser productiva para esta sociedad. Si no producen, no tienen derecho a ser ni estar. Y, además, muchas de estas personas que están en situaciones económicas y vitales precarias, como os decía, tragarán e irán al campo a recoger la fruta por nosotras. Los discursos tipo “bueno algo es algo”, “por lo menos es trabajo”, son racistas. Nadie está teniendo en cuenta ni las capacidades, ni la experiencia laboral, ni las inquietudes ni nada de nada de las personas a las que se les supone estar en condiciones de ir al campo. Por supuesto nadie tiene en cuenta tampoco las medidas de seguridad, ni las condiciones de vida de aquellas personas que ya están recogiendo la fruta, las que viven en los asentamientos. De mientras eso sí, que el Gobierno fomente con “premios” solo a algunas, como el cobrar por dos que os comentaba antes. Pero de las medidas se salubridad, higiene y dignidad en las viviendas de la gran mayoría de las personas currelas del campo, de eso no hablamos, y de regularizar su situación tampoco, ¡no vaya a ser que tengan que hacerles contratos y adquieran derechos laborales!
¿No había muchos que decían que los migrantes venían a quitarnos el empleo? A esos los mandaba yo a por el espárrago por 3 euros la hora.