El viejo dicho popular que afirma que la Historia «es escrita por los vencedores» cobra en estos días una especial significación, con la publicación del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. La presentación de los primeros 25 tomos de esta obra el pasado jueves 26 mayo, que corrió a cargo del […]
El viejo dicho popular que afirma que la Historia «es escrita por los vencedores» cobra en estos días una especial significación, con la publicación del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. La presentación de los primeros 25 tomos de esta obra el pasado jueves 26 mayo, que corrió a cargo del monarca Juan Carlos I y la ministra de Cultura Ángeles González Sinde, ha provocado una reveladora polémica. El diccionario en cuestión, financiado con casi 1100 de pesetas de dinero público por el Ministerio de Educación, incluye una semblanza edulcorada del dictador español Francisco Franco. Para Luis Suárez, presidente de la Hermandad del Valle de los Caídos e historiador encargado de transmitir la visión oficial de la Academia sobre Franco, el militar golpista «montó un régimen autoritario, pero no totalitario, ya que las fuerzas políticas que lo apoyaban, Falange, Tradicionalismo y Derecha, quedaron unificadas en un Movimiento y sometidas al Estado». Suárez, cuyas simpatías por el dictador le valieron que la familia de éste le facilitara un acceso privilegiado a la Fundación Francisco Franco para llevar a cabo sus estudios, se refiere a su biografiado como el«Generalísimo» o, simplemente, como el «Jefe del Estado».
Aunque el diccionario biográfico es una obra colectiva, elaborada por más de 5.000 historiadores españoles y extranjeros, la orientación ideológica del mismo puede considerarse perfectamente heredera de las concepciones totalitarias del fascismo celtibérico y su variante nacional-católica. No es la biografía de Franco, en efecto, la única que sufre una osada adulteración en perfecta sintonía con los trabajos efectuados en los últimos años por «revisionistas» de la Guerra Civil española como Pío Moa o César Vidal, que reivindican el «alzamiento nacional» y los cuarenta años de posterior dictadura. Sucede algo similar con el tratamiento de personajes como el republicano Manuel Azaña o el socialista canario y último presidente de la Segunda República Juan Negrín.
Para el historiador Carlos Seco Serrano «Azaña se vio anulado por la iniciativa revolucionaria de la sindicales obreras armadas, pero se le mantuvo en el poder para que llenase, de cara a Europa, la imagen de un republicanismo democrático». De esta forma, Seco Serrano introduce en el texto de la Real Academia de la Historia la justificación esgrimida por la ultraderecha española para defender la insurrección militar de 1936, según la cual un Golpe previo ya había sido ejecutado por las autoridades republicanas. Abundando en esta «tesis» -que reproduce el discurso impuesto durante decenios por el régimen franquista- Carlos Seco Serrano asegura, igualmente, que «la situación (de Azaña) se agravó durante el gobierno, prácticamente dictatorial, del socialista Negrín, en coalición con los comunistas».
En coherencia con esta línea ideológica, el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia -que incluye también a personajes actuales- trata con especial deferencia al ex presidente ultraderechista del PP José María Aznar y ensalza los supuestos logros de su Gobierno. Para el historiador encargado de «inmortalizar» a Aznar cabe señalar entre estos «logros»,el hecho de que «España dejará de ser un país de segunda en el concierto internacional», gracias a la «decisión presidencial de apoyar la actuación norteamericana en Irak».
Tras la reacción de rechazo de diversos historiadores, intelectuales y políticos a la publicación de este Diccionario Biográfico, el Ejecutivo Zapatero ha pedido la «revisión de sus textos menos objetivos». También la Fundación Juan Negrínse ha pronunciado al respecto, tachando de «inconcebible» que el diccionario califique como de «prácticamente dictatorial» al gobierno que presidió el doctor y político grancanario de 1937 a 1939. Por su parte, el director de la Real Academia Española, Gonzalo Anes, defendió a la Institución argumentando que es «imposible conseguir la objetividad absoluta en los personajes más próximos en la historia, por falta de perspectiva histórica».
La polémica suscitada, en cualquier caso, trasciende con mucho el ámbito académico y de los especialistas en la materia. El tratamiento dado a los diferentes protagonistas de la Historia Contemporánea de España por la historiografía oficial aporta también información relevante acerca de los cimientos en que se funda nuestra sociedad actual. Queda aún por publicar, sin embargo, la biografía del personaje a través del cual sería posible establecer el nexo de unión existente entre la monarquía borbónica y la dictadura franquista. Nos referimos, obviamente, a quien fue designado como su sucesor por el«generalísimo» Franco: el rey Juan Carlos I. Está previsto que la entrada dedicada al monarca en el polémico Diccionario Biográfico vea la luz a mediados del año 2002, cuando se publicarán los 25 libros que completan la colección. No es difícil, en cualquier caso, augurar que la misma tratará de reforzar la imagen ficticia del monarca construida, con el absoluto consenso del establishment político y mediático, a partir de la denominada «Transición». La imagen del «estadista» que nos habría traído la democracia, proporcionando luego a España «una estabilidad inédita» con sus impagables servicios. Tampoco es preciso esperar a esta publicación, para adelantar que en la biografía del Borbón no tendrán cabida los estudios que rebaten documentadamente esta versión oficial. Continuarán siendo herméticos tabúes, entre otros temas, el verdadero papel desempeñado por el Rey en el Golpe del 23F de 1981, el espectacular enriquecimiento que le ha convertido en uno de los personajes más ricos de Europa o sus opacas relaciones con conocidos magnates de más que dudosa reputación.
Aventuramos, igualmente, que tras la publicación de la real hagiografía no habrá protestas institucionales -de gobiernos o fundaciones-, ni serán muchos los académicos que se atrevan a cuestionar su «objetividad». Así se escribe, al menos por el momento, la historia del Estado español.
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