Abril es el mes republicano por excelencia, por lo que voy a aprovechar estos días a retomar mis reflexiones republicanas; unas serán nuevas y otras recuperadas de otros de mis artículos publicados sobre el tema. Lo cierto es que pretendo alejarme, en lo posible, de la crisis sanitaria, social y económica, provocada por el coronavirus, y despejar ideas en estos largos días de confinamiento.
El próximo 14 de abril, se cumplen 85 años del advenimiento de la Segunda República. Vivió ocho años, tres de ellos defendiéndose en guerra, tras el golpe de Estado fascista contra la legitimidad democrática, otorgada en las elecciones del 12 de abril de 1931 y el abandono precipitado del rey Alfonso de Borbón, que huyó con la conciencia poco tranquila, por los desmanes políticos y personales que protagonizó. Aquellos acontecimientos y estos días, son una oportunidad para ampliar mis reflexiones republicanas y a ello me voy a dedicar.
En septiembre de 1923 el general Primo de Rivera había dado un golpe de Estado, militar por supuesto, auspiciado por el rey, «para salvar España de los profesionales de la política». Su intención era poner en orden España y devolver después el poder a manos civiles. El golpe fue apoyado por la burguesía, la Iglesia, el ejército, los industriales catalanes y los terratenientes andaluces. Todos contra la clase trabajadora que reclamaba más salarios y más derechos y hacían peligrar, con el creciente malestar social, los privilegios reales y de las clases pudiente. El Partido Socialistas Obrero Español y la Unión General de Trabajadores, se mostraron en principio ambiguos frente al golpe. La CNT se mostró abiertamente contrarios al dictador. El Partido Comunista, creado el 14 de noviembre de 1921, por una escisión del PSOE, convocó una huelga general, que fue poco secundada y los huelguistas perseguidos.
Primo de Rivera, como buen dictador, disolvió el gobierno, que fue sustituido por un Directorio militar; suspendió la Constitución, disolvió los ayuntamientos y prohibió los partidos políticos. Todo el poder para el ejército, que no estaba en sus mejores momentos, tras la guerra de Marruecos y todos los sucesos trágicos en el norte de África. El Directorio no tenía programa político salvo las dos cuestiones típicas de la derecha caciquil de todos los tiempos: la unidad de la patria y el mantenimiento del orden público. No fue todo negativo. Construyó grupos escolares, pantanos, carreteras, ferrocarriles y creó empresas públicas como Campsa, Telefónica o Tabacalera. Hay que tener en cuenta que la peseta estaba fuerte y la industria había sido fortalecida por la neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial.
Pero llegó la crisis internacional con el crac financiero de 1929 y la economía española se derrumbó y rugió la crisis social. Revueltas estudiantiles, huelgas de trabajadores, disturbios, intrigas políticas de adversarios y criticas desde dentro del régimen y sus correligionarios militares. Primo de Rivera, confundido, creía contar con el apoyo del rey, pero todo lo había perdido. Al día siguiente de pronunciar la celebre frase «a mi nadie me borbonea», el rey, como buen Borbón, que van dejando cadáveres políticos por donde reinan, le abandonó. En el exilio de París murió el dictador un mes después, dejando en herencia a sus hijos Pilar y José Antonio, con su ideología fascista, que tanto hiciera sufrir a cientos de miles de los mejores españoles y españolas.
De una dictadura a una dictablanda, presidida por el general Dámaso Berenguer. Nuevos desórdenes sociales y unas fuerzas políticas que nunca habían perdonado al rey Alfonso su apoyo a la Dictadura, coincidieron en derribar la monarquía. Incluso los liberales, que siempre habían considerado la monarquía como su sistema de privilegios, se pasaron al campo republicano, junto con nacionalistas catalanes e intelectuales. Las elecciones municipales convocadas, que pretendían consolidar el sistema y conseguir mayor apoyo popular, resultaron ser la perdición real. La monarquía era considerada como un símbolo en decadencia. Republicanos y socialistas, decidieron convertir las elecciones municipales de 1931 en un plebiscito sobre la continuidad de la monarquía en España. La suerte estaba echada.
Previamente en agosto de 1930, en El Pacto de San Sebastián, los partidos que asistieron (Alianza Republicana, Partido Radical Socialista, Derecha Liberal Republicana, Acción Catalana, Acción Republicana de Cataluña, Estat Catalá, y la Federación Republicana Gallega), acordaron poner fin a la monarquía y proclamar la Segunda República. Meses después el PSOE y la UGT se sumaron al Pacto. Se pensó en organizar una huelga general, que fuera acompañada de una insurrección militar, que metiera a «la monarquía en los archivos de la historia» y establecer «la República sobre la base de la soberanía nacional representada en una Asamblea Constituyente». La huelga general no llegó a declararse y la sublevación de Jaca fracasó, siendo fusilados los capitanes Galán y García Hernández. Muchos de los miembros del Comité Revolucionario fueron encarcelados y otros huyeron del país. El general Berenguer, para suavizar la situación y fortalecer la soberanía del rey, aplicó la Constitución de 1876 que reconocía las libertades de expresión, reunión y asociación. Todo se estaba precipitando hasta el desastre final.
Tras el cese del general Berenguer por el rey, forma gobierno el almirante Juan Bautista Aznar-Cabañas, con viejos liberales y conservadores. Una de sus primeras decisiones fue proponer nuevo calendario electoral: elecciones municipales el 12 de abril y posteriormente elecciones a Cortes Constituyentes. Las elecciones, suponían para la monarquía, volver a la normalidad anterior a Primo de Rivera. Para las fuerzas republicanas una consulta sobre la forma de Estado. Los resultados fueron un mazazo para los monárquicos, que poco hicieron para evitar que Alfonso XIII perdiera el trono.
Los resultados del 12 de abril, dieron a las candidaturas republicano-socialistas el triunfo en 41 de las 50 capitales de provincia. Los partidos monárquicos ganaron en 9: Cádiz, Palma de Mallorca, Las Palmas, Burgos, Ávila, Soria, Lugo y Orense. La participación ciudadana representó el 70% del electorado. Los monárquicos consiguieron 40.324 concejales, frente a los 36.282 que obtuvieron los republicanos y socialistas. Los comunistas 67 concejales; los partidos nacionalistas catalanes más de 4.000 y los vascos 267.
Cuando en Madrid se conocieron los resultados parciales, que mostraban que las ciudades más importantes eran mayoritariamente republicanas, el pueblo se echó a la calle para proclamar la República. El rey, dejando a su familia atrás, abandonó el país. «España se acostó monárquica y se levantó republicana», que diría el almirante Aznar. Unas elecciones municipales derrocaron a la monarquía.
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