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El pasado domingo nos levantamos con la noticia de que se habían filtrado al diario El País documentos confidenciales que prueban que el Gobierno de Aznar autorizó expresamente que vuelos fletados por la CIA sobrevolasen el espacio aéreo español e hicieran escala en aeropuertos bajo su jurisdicción. Se trataba de vuelos que transportaban a personas secuestradas, torturadas y detenidas ilegalmente. En las informaciones publicadas queda igualmente acreditado que el gabinete conservador contestó en menos de veinticuatro horas al gobierno USA para permitir la utilización de aeropuertos españoles en el traslado de prisioneros. De estos mismos escritos se demuestra que José María Aznar y su equipo conocía la ilegalidad de la autorización pues en la contestación a la administración norteamericana el gobierno español advierte que «debe tenerse en cuenta la posibilidad de que alguna de las personas transportadas tengan nacionalidad europea y sopesar las consecuencias legales». También se mostró interesado en que esta decisión no saltara a la opinión pública pues fueron clasificados como información «secreta» o «muy secreta«. Ayer lunes, Izquierda Unida IU ha presentado otra documentación secreta del Ministerio de Exteriores que confirma la «opacidad» con la que el Gobierno ha gestionado los datos sobre las autorizaciones de los vuelos. Se trata de dos faxes secretos y una nota interior, fechadas en los días 26, 27 y 30 de noviembre de 2007, en los que el secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta, ordena que no se facilite información sobre las autorizaciones de los vuelos de USA.
Además de la responsabilidad política que se le podría exigir al Partido Popular, ahora en la oposición, este hecho debe servir para reactivar las campañas que solicitan del Poder Judicial el procesamiento de Jose María Aznar por los delitos que pudo haber cometido por la participación del Estado Español en la ilegal guerra de Iraq.
Las primeras campañas para iniciar un procedimiento contra José María Aznar fueron desestimadas por los tribunales debido a que los delitos de traición que cometan los presidentes de Gobierno sólo se pueden perseguir a instancias del Parlamento Español. El Presidente de Gobierno actual y jefe del partido mayoritario (PSOE), Rodríguez Zapatero, ya se mostró contrario a juzgar a su predecesor. Las denuncias ante el Tribunal Internacional de La Haya tampoco llegaron a tramitarse pues ni USA ni Iraq son signatarios del tratado internacional que lo instituyó. Asimismo, era muy complicado imputar un crimen de genocidio al «Trio de las Azores» al suponer este delito una planificación sistemática de exterminio de un grupo humano determinado, difícil de probar en el caso de la guerra de Iraq. Sin embargo, menor dificultad planteaba, inicialmente, la denuncia por un delito de agresión, pero esta figura no se quiso incluir dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en el año 2002, cuando entró en vigor el Estatuto que regula este tribunal. Se aplazó su debate hasta siete años después, dadas las dificultades que ponían los países signatarios.
Con los documentos publicados ahora por El País se puede demostrar que diferentes cargos del gobierno de Aznar, e incluso él mismo, son responsables en concepto de autores, como cooperadores necesarios, de los delitos de detención ilegal, secuestro y torturas, puesto que sin su participación no podrían haberse trasladados las víctimas de estos delitos desde sus respectivos países de origen a la base naval de Guantánamo. En este caso, al tratarse de un «delito común» no se requiere ya la intervención del parlamento y cualquier español podría denunciar ante los Tribunales a los responsables de estos hechos.
Los columnistas y contertulios de la derecha han puesto la venda antes que la herida alegando que el delito, en el caso que lo hubiera, se habría cometido en Afganistán, Pakistán o Alemania y nunca en territorio español. En esta línea, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz, aseguró el pasado día 5 de noviembre ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que el servicio secreto no había encontrado indicios de que hubieran cometido delito en territorio español los ocupantes de los llamados vuelos de la CIA. Saiz, según el diario El País, fue preciso en su expresión: «No quería decir que los vuelos de la CIA (es decir, los aviones civiles fletados por la agencia estadounidense de espionaje para secuestrar a sospechosos de terrorismo y trasladarlos a cárceles secretas o entregarlos a países donde se practica la tortura) no hubieran cometido delito. Sino que, por lo que se sabía, no lo habrían cometido en España».
Este argumento no puede aceptarse en ningún caso, pues el delito de detención ilegal es un delito con efectos permanentes, lo que determina que el delito se consuma en el momento de producirse la privación de libertad pero sus efectos tienen carácter permanente hasta que no cesa la situación antijurídica con la puesta en libertad del detenido. En este caso, cuando las aeronaves norteamericanas sobrevolaban o hacían escala en territorio español se estaba cometiendo un delito de detención ilegal de las que eran responsables sus captores y las autoridades que permitieron esa situación que no era conforme a la Constitución Española, a los tratados en materia de derechos humanos que ha ratificado el Estado Español ni a la legislación interna tanto penal como procesal. Es necesario recordar que no sólo se han secuestrado, torturado y encarcelado a «combatientes enemigos» capturados en Afganistán, sino que está documentado el caso de ciudadanos europeos secuestrados en sus propias ciudades de residencia, como son el alemán Khaled el Masri, secuestrado en Alemania, y el residente legal italiano Abu Omar, que fue secuestrado el 8 de junio de 2003 en Milán.
La investigación judicial se inició en el Reino de España hace cuatro años a iniciativa de un grupo de ciudadanos mallorquines, encabezados por el letrado Ignasi Ribas, quienes presentaron una denuncia por los delitos de detención ilegal, secuestro y torturas relacionados con los aviones de la CIA que hicieron escala en el aeropuerto de Son Sant Joan. Tras una fase en la que se declaró la competencia de la Audiencia Nacional, el Magistrado-Juez Ismael Moreno se hizo cargo de la investigación que no ha podido avanzar por la nula colaboración del actual gobierno y los altos cargos de la administración que tenían conocimiento de estos vuelos. Según informa la Cadena Ser, esta semana la Fiscalía pedirá al anterior juez que incorpore a la causa un documento del Ministerio de Exteriores que concluye que hubo connivencia del ex presidente del Gobierno José María Aznar con el espionaje estadounidense y, cuando analice la documentación, podría plantear al magistrado que llame a declarar a los implicados en estos vuelos, hechos por los que hasta ahora sólo se ha interrogado a un testigo, el alemán Khaled el Masri.
Amnistía internacional publicó el pasado día 15 de septiembre de 2008 un informe llamado «Destinos inconfesables, obligaciones incumplidas. España en la guerra contra el terror» en el que se denunciaba públicamente que desde el 2002 hasta finales del 2005 (con el Partido Socialista en el poder) sesenta y ocho aviones fletados por la CIA directa o indirectamente, hicieron escala en España o sobrevolaron territorio español, en su trayecto desde o hacia Guantánamo con personas detenidas ilegalmente. El informe criticaba abiertamente a las autoridades españolas de uno y otro gobierno por su opacidad y falta de colaboración con la Administración de Justicia. Esta organización se queja de la doble moral del actual gobierno español, que hace declaraciones en favor del respeto de los derechos humanos y el cierre del campo de concentración de Guantánamo, pero envía policías a esa base para practicar interrogatorios a los detenidos y que no ha tomado ni una sola medida efectiva para impedir que España vuelva a facilitar este tipo de prácticas ilegales. Al mismo tiempo, según Amnistía Internacional, el Gobierno español sigue firmando acuerdos sobre terrorismo, cooperación judicial o de otra índole, sin salvaguardas de derechos humanos efectivas con países como Marruecos, Egipto, Argelia o Estados Unidos. Todos ellos, países que han utilizado la «Guerra contra el Terror» y cuestiones de «seguridad nacional» para justificar violaciones derechos humanos.
En todo caso, la mayor responsabilidad recae sobre el ex-presidente José María Aznar, quien siendo jefe del principal partido de la oposición no dudoó en atacar duramente a su predecesor, Felipe González, por el uso que hizo de guerra sucia contra la banda armada ETA, declarando que «Mientras yo sea presidente se luchará contra el terrorismo desde la ley, sin atajos». Años después, ya como Presidente de Gobierno, ha sido el que ha autorizado a la CIA a utilizar territorio español en el traslado de ciudadanos secuestrados. Ahora es el momento que el Poder Judicial Español demuestre su independencia e imparcialidad y proceda a procesar, enjuiciar y, si procede, condenar a José María Aznar, Josep Piqué, Federico Trillo, Manuel Calvo y Miguel Aguirre de Cárcer, entre otros, en calidad de autores por su participación en tantos delitos de detención ilegal como secuestrados pasaron por nuestros aeropuertos, tal y cómo resulta de los documentos publicados el pasado domingo por El País.
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