En la provincia de Jaén, no muy lejos en el tiempo y en el espacio de los gravísimos sucesos de Mancha Real, como también de Martos o Beas de Segura, se han repetido hechos de la misma naturaleza y calcada catadura moral. No es la primera vez, tampoco, que denuncio episodios similares en este diario. […]
En la provincia de Jaén, no muy lejos en el tiempo y en el espacio de los gravísimos sucesos de Mancha Real, como también de Martos o Beas de Segura, se han repetido hechos de la misma naturaleza y calcada catadura moral.
No es la primera vez, tampoco, que denuncio episodios similares en este diario. Antes sucedió en Cortegana (Huelva) («Ahora Cortegana» (1), era su encabezamiento) y aún en la década anterior iniciaba un horrendo e infame abecedario del racismo y de la xenofobia coincidiendo con el frustrado homicidio de un gitano en Albaladejo (Ciudad Real), del que Juan Goytisolo tuvo conocimiento y tomó buena nota para dejar testimonio de estos anacrónicos «Fuenteovejunas» y, desgraciadamente, justicieros en el sentido más extremo y pervertido del término.
Podría decirse que igual de injusto es acusar de racista a todo un pueblo que ellos cuando lo hacen con toda la etnia gitana. Hay por tanto que sopesar si todos caemos en el mismo pecado, si se permite esta expresión secular.
Hasta ahora, los conatos de linchamiento habían sido sancionados institucionalmente, puesto que las masivas manifestaciones habían sido encabezadas por las corporaciones municipales, lo mismo fuera la alcaldía del PSOE -Mancha Real, 1991-, del PP -Albaladejo, 1999- o IU -Cortegana, 2005-. (Por cierto, satisface al menos parcialmente la ratificación de las condenas que la Audiencia Provincial de Huelva ha dictado en los últimos días; por lo que buena parte de las agresiones racistas cometidas en Cortegana no han quedado impunes).
En cambio, no recordaré en vano que en Albaladejo, como en Mancha Real y en los demás casos, las conductas socialmente reprochables (y penalmente) correspondían las más de las veces a un solo grupo, a veces incluso a ¡un solo individuo! de la tan aborrecida etnia gitana. Ahora, en Castellar ha bastado un vulgar incidente, una de esas peleas nocturnas de los sábados, con la particularidad de que los contendientes eran payos y gitanos, para que la reacción, no obstante, siempre sea la misma: perseguir al margen de la ley a todos por igual, siendo de facto expulsados con grave daño para sus bienes y quehaceres, y especialmente para los menores, si cabe más inocentes, que ven conculcado su derecho a la educación, precisamente por aquellos que a menudo les acusan de no tener voluntad firme de escolarizarse, «no se quieren integrar» se oye con demasiada frecuencia. En estos lamentables casos observamos cual es la clase de educación y de integración que se les ofrece como respuesta.
Conviene lo anterior tenerlo presente puesto que las reacciones en la era de Internet tampoco varían un ápice. Toda la culpa es poca para este desheredado y malhadado pueblo gitano. Cuando, por suerte, han proliferado opiniones más comedidas entre los comentarios -me refiero en esta ocasión a los que han merecido mis propios textos-, el 50 por ciento de las veces han tratado de excusar el comportamiento de sus vecinos y el buen nombre de su pueblo, sin caer en la cuenta de que la siempre perseguida y vilipendiada comunidad gitana es justo eso lo que reivindica: su mismo derecho al buen nombre o a la erradicación de tan indiscriminada fama. Y en el otro 50 por ciento, el defensivo tópico «no somos racistas» pide que pasemos por alto sus barbaridades más tribales a la vez que niegan cualquier asomo de sensibilidad para discernir entre malquerencias enquistadas de siglos.
Entonces, ¿la situación se repite obstinadamente bajo el peso de la historia?
Por lo poco que he podido saber, gracias a las asociaciones gitanas con las que colaboro y a las noticias aparecidas en los medios de comunicación, algo parece cambiar. Por de pronto, los ediles se han curado de encabezar las protestas que en otras ocasiones desataron las iras populares. A pesar de que su inhibición «anti-demagógica» puede tener su merma electoral, son sabedores de la ilicitud de tales iniciativas y de la responsabilidad en que anteriormente han incurrido otras autoridades municipales. Por tanto, el control judicial es indispensable para ir sentando unas bases de cordura y entendimiento.
No menos importante que la actuación de las autoridades es la de los agentes de la autoridad, de los cuerpos de seguridad, y sobre todo, de la Guardia Civil, que además cobra una singular y muy simbólica importancia. Este cuerpo en cuya cartilla reglamentaria guardaban la norma represora contra los gitanos ad nominem, se han inhibido, por el contrario, en gran medida de sus funciones de salvaguarda de los derechos y de las vidas de estas gentes. En Castellar (3.800 habitantes), 70 de los 93 gitanos censados huyeron, el benemérito cuerpo dio protección a las 2 familias que se quedaron encerradas en sus casas y algunas más regresaron al saber de al menos esta mínima custodia. Garantizada pues la vida, aunque no la libertad de sus movimientos.
Me consta en este caso la buena disposición del Ayuntamiento de Castellar, Subdelegación del Gobierno y Delegación de la Junta de Andalucía para evitar los desenlaces de pasados conflictos.
Mi acusación por tanto es menos desesperada. La barbarie encuentra menos campo libre. Aun cuando no debemos olvidar las causas que siguen subyaciendo a esta conflictividad interracial. Es la falta de integración social en su doble vertiente; dado que victimismos de unos o prejuicios de otros hacen cada vez más necesaria una introspección en estos déficits que propician el enrocamiento de posiciones más propias de otros tiempos. Y es precisamente, en estos momentos en que la crisis deja desubicados a tantos inmigrantes, cuando las lecciones de ciudadanía urgen no sólo para menores. Debemos convivir todos. En tiempos de bonanza también el explotador sonríe, no es racista, proclama, emplea negros, árabes, sudamericanos, rumanos y del Este, ¡incluso gitanos! Como bien sabemos es en los tiempos difíciles donde se mide el valor de las sociedades que se llaman democráticas en atención a su relación con las minorías.
(1) Puede verse también en el País Andalucía (20-1- 2005).
Blas López-Angulo incluyó en sus trabajos de Doctorado en Filosofía del Derecho algunos estudios socio-jurídicos sobre la comunidad gitana. Desde hace más de 10 años colabora con las principales asociaciones gitanas del Estado español.