En mal momento se ha quedado el Gobierno sin el principal canalizador al que desviar las preocupaciones ciudadanas. ¿A dónde asir su viejo discurso del enemigo, sin ETA de comodín a mano? ¿Cómo llenar ese marco semántico y emocional del adversario que en España ha sido durante décadas el terrorismo, precisamente ahora que la legitimación […]
En mal momento se ha quedado el Gobierno sin el principal canalizador al que desviar las preocupaciones ciudadanas. ¿A dónde asir su viejo discurso del enemigo, sin ETA de comodín a mano? ¿Cómo llenar ese marco semántico y emocional del adversario que en España ha sido durante décadas el terrorismo, precisamente ahora que la legitimación gobernativa se ha resentido? ¿Cómo convencer a los 6,2 millones de parados de que el peligro sigue siendo el otro? ¿Está seguro de que nada de lo que usted hace lo convierte en objetivo policial? ¿Es usted un ciudadano de bien o un terrorista de nuevo cuño?
A pesar de las discusiones internas en el seno del PP, todo parece indicar que el único punto cumplido del programa electoral de Rajoy terminará siendo la reforma de la ley del aborto. Mientras, existe un quórum en el Gobierno y sus medios de comunicación afines sobre cuál es el modo discursivo y operativo que debe imperar. «Por una parte, aplicar el Derecho Penal del enemigo, el populismo punitivo, y, por otra, las respuestas represivas a los movimientos sociales», sostiene Raimundo Viejo Viñas, doctor en Ciencia Política y de la Administración y profesor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
Si bien la estrategia no es novedosa, su verosimilitud resulta en el contexto actual mucho más ardua. La lectura de José Ángel Brandariz, profesor de Derecho Penal de la Universidade da Coruña (UDC), es que «por primera vez desde la muerte de Franco, la construcción retórica de uno o varios enemigo -una de las maneras más cómodas, aunque menos democráticas, de administrar la conflictividad social y política- supone una tarea poco sencilla». El cambio en la situación de Euskadi ha llevado al ejecutivo a tener que actualizar el sistema de control, «solo que la sociedad ridiculiza su estrategia; porque, además, hay algo que todavía se escapa a su control: la redes sociales. Aún han logrado inventar un patrón eficaz para ello».
Mentiras preventivas. El teorema de Thomas
Para obtener su propósito, el Estado tiene dos opciones: ser reactivo o preventivo. Pero la reactividad no siempre es útil, llega tarde y suscita fácilmente la crítica. Por eso en ocasiones «lo que hace es adelantarse con mentiras preventivas», explica Raimundo Viejo. Sucedió cuando el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz anunció que convocar concentraciones por internet sería considerado delito de integración en organización criminal. «Esto es imposible, legalmente inviable, pero al lanzar esta mentira se consigue generar un estado de tensión y un efecto inhibitorio». Como platea el Teorema de Thomas, lo que es creído como verdad, se convierte en real en sus consecuencias.
Así, la policía visitó el pasado miércoles los domicilios de los fotógrafos Raúl Capín y Adolfo Luján para detenerles por presuntas «agresiones a la autoridad». Según el abogado de los reporteros gráficos, tras la decisión, hay «un aviso a navegantes -a la prensa, principalmente-, para evitar testigos incómodos». Horas después Capín y Luján eran puestos en libertad con cargos.
Según el profesor Raimundo Viejo, «ha llegado un punto en que el abanico de enemigos se está haciendo demasiado grande y cualquier ciudadano podría entrar a ser considerado terrorista». Frente a la gente «de bien» -«nuestros votantes»- está el que protesta y «coquetea con organizaciones próximas a ETA» -en palabras de Rafael Hernando (número tres del PP)-.
Son, por ejemplo, los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, cuyo escrache le pareció al ex líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, «calcadito a como lo hacían los del mundo abertzale». En consonancia, Interior instó a sus agentes a eliminar el término y substituirlo por «acoso, coacciones o amenazas», para convertirlos por obra y gracia léxica en una vulneración de la legalidad. Pese a ello, el viernes 10 de mayo, el juzgado de instrucción número 4 de Madrid archivó la causa contra 27 imputados por la protesta ante el domicilio de Soraya Sáenz de Santamaría al no encontrar delito ni falta.
Viejo etiqueta el escrache como «el catalizador más importante de la democracia en décadas»; una práctica política a la altura de una ruptura constituyente. Por eso, si la desobediencia a los desahucios era hasta cierto punto defensiva, apremiada por la urgencia de la solidaridad con las víctimas, el escrache «se sitúa en el horizonte de una contraofensiva de una sociedad que ha comprendido el doble rasero para los sobres -y quienes los dan-, y los desahucios -y quienes los padecen». Por ello no le sorprende que haya sacado a relucir toda la artillería retórica del mando, «desde las más ramplonas amenazas fascistas a Ada Colau, hasta los más exquisitos argumentos sobre la inadecuación a los preceptos de la democracia liberal, la misma que, curiosamente, nos ha traído hasta aquí».
Durante las movilizaciones del 15M se han producido un total de 447 detenciones. Sobre esas actuaciones policiales no ha sobrevenido, por el momento, ni una sola condena. La mayoría de las sanciones están siendo «arbitrarias e injustificadas», según los letrados. El siguiente vídeo fue tomado en las movilizaciones en torno al congreso de los diputados. En él un policía nacional exige la documentación a dos jóvenes con el siguiente argumento: «yo tengo la obligación de pedirles la documentación por si están ustedes incumpliendo algún artículo de la Ley». A las palabras del policía el joven responde: «Acabo de bajar ahora mismo y me tengo que ir a mi casa». El agente armado insiste: «Usted deme su documentación y luego si qu iere presentar un pliego de descargo se lo cuenta a la delegación del Gobierno». Uno de los dos jóvenes fue trasladado posteriormente a uno de los furgones policiales en donde se comprobaron sus datos, alejado de las miradas de cámaras y vecinos.
Si le damos la razón al politólogo Sami Naïr y el lenguaje es siempre un instrumento totalitario y fascista, pues la relación entre objeto designado y palabra es imposible, la única protección posible es la consciencia del receptor. En eso este gobierno ha facilitado la tarea, al sistematizar de un modo tan notorio la apropiación del lenguaje, su performatividad, y moralización del discurso para lograr que cualquier conflicto social puede convertirse en un asunto de seguridad y de orden pública.
Fátima Báñez dice que la emigración de jóvenes de España se llama «movilidad exterior», los derechos han pasado al epígrafe de privilegios, el concepto de libertad se ha fundido con el de seguridad, el derecho a manifestación necesita ser «modulado». Todo en virtud del «sentido común», mantra del partido.
Las cuatro mujeres asesinadas por violencia machista en 48 horas son tratadas como hechos coyunturales, no estructurales, sobre los que no se toman medidas. ¿Qué pasaría si esos crímenes recibiesen el nombre de atentados? ¿Qué sucedería si, por ejemplo, un presunto «lobo solitario» -la tan socorrida nueva especie terrorista-, hubiese matado a cuatro ciudadanos en 48 horas? ¿Qué pasaría si hubiese sido ETA? ¿Por qué la retórica está siendo en los crímenes contra las mujeres tan intencionadamente flácida?
Revisitando a Lakoff
Como en el «no pienses en un elefante» de George Lakoff, el Partido Popular le echa el lazo al recurso de la conversión en símil de ETA a todo antagonista.
Es seguramente lo que condujo al director de ABC, Bieito Rubido, a asegurar que el socialista Eduardo Madina -que sufrió la amputación de su pierna izquierda por una bomba lapa de la banda terrorista- «simpatiza más con lo que representa ETA que con lo que representa el Partido Popular». O, en un modo más naif, explica el perseverante argumento que el presidente de la Xunta de Galicia, Nuñez Feijóo, emplea para descalificar al líder de la Alternativa Galega de Esquerdas (AGE), Xosé Manuel Beiras, de quien dice con desprecio que «toca el piano». Con esto lo convierte en indigno de confianza, pues tiene conocimientos de los que, en España, tras un rosario de infructuosas reformas educativas, la gente carece. Así, Beiras, es igual a raro, y raros siempre son los otros, el enemigo.
La última deriva de este postulado es la que soslaya la semejanza entre las mujeres que abortan y la banda armada. Fue expresada por el responsable de Interior, reconocido miembro del Opus Dei que encontró la fe tras un fin de semana en Las Vegas, para quien Dios, «el gran legislador del universo, que está muy presente en el Congreso» ha sido el encargado de trazar su camino hasta el Ministerio, «el lugar donde quiere que esté».
La demonización ha alcanzado glosas inverosímiles, como la que en la que el edil de Economía de Castellón, Juan José Pérez Macián, aseguró que los miembros del 15M «son híbridos de hiena y rata». Y en los planes del gobierno hasta el sexo puede adquirir la esencia de adversario.
La consecuencia de instalarse en un modelo punitivo encaminado a juzgar enemigos, más que en un derecho penal garantista sustentado en los principios del Estado de derecho, es la dicotomización social en dos bandos, y el permiso autoconcedido en virtud de ello para aplicar sobre el adversario condenas mucho más duras, de mayor duración, en peores condiciones, alejadas del modelo de reinserción social que, se supone, rige el sistema penitenciario español.
Así mismo, hace necesario elevar el gasto carcelario y el encaminado a la represión de la protesta y de la inseguridad urbana suscitada por la desinversión social y la deficiente gestión de la crisis económica. Así, por ejemplo, la partida para material antidisturbios y equipamiento de protección de la Policía Nacional se ha multiplicado por 18 en 2013, hasta los 3,26 millones de euros, según se recogía en el Proyecto Presupuestos Generales del Estado para este año. A su lado, se han hecho recortes de plantilla y se ha congelado la inversión en Policía Científica.
Invención de un imaginario terrorista en Galicia
La última cortina de humo se está deslizando sobre Galicia en forma de banda armada. Según el Partido Popular se llama Resistencia Galega y el periódico ABC ha hecho incluso un detallado croquis de su estructura y funcionamiento pese a que ninguna sentencia admite su existencia.
Entre otras afirmaciones, ABC atribuye su financiación a los «nada desdeñables ingresos que obtienen a través de la venta del refresco denominado Galicola». Según los impulsores de esta bebida refrescante -una asociación cultural legal y sin ánimo de lucro que destina sus ingresos a la promoción de proyectos que apoyan la lengua gallega a través de un concurso de etiquetas- se vende un máximo de 1.250 botellas al mes, al precio de un euro por unidad para el consumidor. Los cálculos son sencillos.
En los años ochenta corría la leyenda de que el refresco KAS financiaba a ETA, debido a que sus siglas se correspondían con las de la Koordinadora Abertzale Socialista. Y tal vez haya algo de ese espíritu en el relato de ABC sobre la Galicola: «Se sirve en la gran mayoría de los centros sociales del ámbito independentista gallego, inspirados en la red de «herriko tabernas» de la «izquierda abertzale» (…) lugares de captación y adoctrinamiento de los jóvenes aspirantes a formar la trama terrorista de Resistencia Galega». La bebida se comercializa, entre otros locales nada susceptibles de responder a la descripción del periódico, en el restaurante de nueva cocina gallega Abastos 2.0, recomendado por la revista de referencia Eater.com, o en la cafetería de un tradicional colegio privado de Santiago de Compostela.
Según la normativa internacional y lo fijado como decisión marco por la Unión Europea después de los atentados del 11M, el elemento medial del terrorismo debe ser siempre la comisión de delitos graves. Lo subraya Benet Salellas, abogado de uno de los seis gallegos que actualmente están en prisión provisional a la espera de juicio por supuesta relación con una «organización terrorista» a la que nadie dice pertenecer y que se desconoce socialmente. «Para mí existe un elemento muy importante: que nunca se han encontrado armas.
Si se utilizasen los conceptos de los años ochenta, los tradicionales en nuestra legislación de ‘organización armada’ o de ‘banda armada’, no podríamos aplicárselos a ellos. Cuando hablamos de terrorismo hablamos de un concepto jurídico, no ético ni social. Pero en la Audiencia Nacional se usan los conceptos penales de forma expansiva, extensiva y hasta analógica. ¿Existe en Galicia colectivos intimidados por acciones terroristas? La respuesta es no». De hecho, eso es lo que se deduce del último barómetro del CIS, según el cual menos de un 0,2% de la población gallega considera la existencia del problema.
Frente a esta situación, el blog http://devoltaparaloureda.wordpress.com/ acaba de recibir el X Premio Roberto Vidal Bolaño como reflexión colectiva a la garantía de los derechos humanos. Se trata de una web de apoyo a los presos preventivos a quien la justicia vincula con el terrorismo gallego y que se encuentran en prisión a la espera de juicio. Los responsables de esa página de internet realizaron una encuestra a las puertas de un centro comercial de la capital gallega para comprobar los datos del CIS. Las pregunta eran sencilla: «¿Cuál es el principal problema social? ¿Le preocupa el terrorismo en Galicia?
A principios del mes de abril, en el Parlamento gallego, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera insistió en negar la existencia de terrorismo gallego: «Negamos la mayor, la existencia de terrorismo en Galicia». De aquella sesión salió un consenso histórico entre la oposición con las firmas de BNG, AGE y PSdeG-PSOE a una iniciativa de los primeros. En la iniciativa parlamentaria se pedía poner fin al uso abusivo del régimen de incomunicación durante las detenciones y a la dispersión penitenciaria, modificar la legislación de excepción, o garantizar la aplicación del denominado ‘protocolo Garzón’ contra la tortura. La mayoría absoluta del PP tumbó la propuesta. Orígenes: Operación Castiñeira
Fue en el año 2005 cuando se inició el proceso, con la detención de once miembros de AMI (Asamblea da Mocidade Independentista) durante la Operación Castiñeira.
Sobre ello escribe el decano del Colegio de Xornalistas de Galicia, Xosé Manuel Pereiro, en ‘De volta para Loureda’: «Jaume Matas, con una condena de seis años encima, anda libre por razones que se me escapan y que pretender entender me costaría bastante tiempo y una minuta considerable. Carlos lleva ocho meses en prisión por pertenencia a una organización terrorista. ¿A cuál? A la que usted quiera, y si no le gusta esta, tenemos otra. Recuerdo la presentación en sociedad de la ‘Operación Castiñeira’, en una época en que aún había preguntas. Quiero decir, en la que los periodistas hacíamos preguntas y los preguntados las respondían. La ‘Operación Castiñeira’ fue la detención, con un montón de watios de luz y sonido, de ocho o nueve chavales pertenecientes a AMI. ‘¿Cuál es la acusación?’, le habíamos preguntado al entonces Delegado del Gobierno. ‘Bueno, son de AMI’. ‘Pero no es ilegal, ¿no?’, ‘Bueno, el juez ya determinará si hay algo’. Efectivamente, no había nada. Nada más que un ridículo absoluto para quien ordenó la operación y un mal trago considerable para quien la sufrió. Desde entonces han perfeccionado el sistema. Ya nadie se pone a tiro de micrófono. Y los detenidos hablan húngaro».
Sin embargo, el último informe de la Oficina Europea de Policía (Europol) Terrorism Situation and Trend Report incluye una breve reseña de la actividad de Resistencia Galega. Europol especifica que la supuesta organización «ha continuado perpetrando ataques terroristas en Galicia en 2012 en un número similar a 2011» y considera que la eficacia antiterrorista «parece haber reducido significativamente las capacidades operativas».
Para el profesor de Derecho Penal José Ángel Brandariz los informes de Europol «son manifiestamente selectivos y tendenciosos. Cualquier persona que conozca el tema, y los haya leído, como es mi caso, lo sabe. Hacerse una idea de la realidad de la violencia política y del terrorismo en Europa con ese informes es inviable. Seleccionan aquello que les resulta mas cómodo para su narrativa de análisis, y en eso hablar de Resistencia Galega parece encajarles muy bien, tanto para el contexto español como para el europeo. En todo caso, es extremadamente revelador de por donde van a ir las cosas en esta materia».
Joam Peres, de la organización -«legal y transparente»- Causa Galiza, que también figura en el organigrama terrorista de ABC, contra el cual han anunciado una querella, denuncia «un seguimiento obsesivo a la ideología independentista, que es legal y legítima; vigilancia 24 horas, y una estrategia de desgaste económico, al generar procesos judiciales, y la práctica sistemática de crear antecedentes con pequeñas condenas. Así la reclamación de la soberanía política se equipara a una cuestión de orden público». En su opinión, «si en el año 2005 no había consenso, a día de hoy la Audiencia Nacional le colocará al independentismo gallego la etiqueta de terrorismo que recompuso en 2012».
Los próximos días 24 y 25 de junio se sentarán en el banquillo Eduardo V.D, Roberto R. F, Antón S. P y María O. L, para los cuales la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide penas que suman 64 años de cárcel. Será el primer juicio contra la presunta Resistencia Galega. Actualmente hay diez gallegos – detenidos desde finales de 2011 y hasta enero de 2013- a los que se le mantienen los cargos por supuesta pertenencia a organización terrorista. Seis de ellos permanecen en prisión preventiva y cuatro están en libertad provisional, todos ellos a la espera de juicio.
Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/ciudadano-terrorista_6_135846428.html