173 votos a favor, 133 en contra y 31 abstenciones. El Congreso de los Diputados ha votado hoy Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, una modificación de la Ley 16/2003 que a su vez borra los efectos del llamado decreto del apartheid sanitario, aprobado por […]
173 votos a favor, 133 en contra y 31 abstenciones. El Congreso de los Diputados ha votado hoy Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, una modificación de la Ley 16/2003 que a su vez borra los efectos del llamado decreto del apartheid sanitario, aprobado por el PP en 2012.
Los votos a favor de PSOE, Unidos Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas han sido suficientes para contrarrestar la oposición del PP y la abstención de Ciudadanos. Así, en palabras del grupo socialista, se ha votado a favor de «devolver el acceso universal al sistema nacional de salud». Carmen Montón, ministra de Sanidad, ha estado en la sesión durante la discusión del decreto, que será tramitado como proyecto de ley por vía urgente.
La votación en el Congreso ha sido recibida positivamente por el colectivo Yo Sí Sanidad Universal. Este colectivo destaca que la tramitación como proyecto de ley puede abrir el texto a enmiendas que mejoren un decreto que Yo Sí Sanidad Universal consideró «lejos de alcanzar la pretendida universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud». Marta Pérez, activista de este colectivo cree que «que haya tiempo para seguir trabajando la ley es una buena noticia porque como ya compartimos nos parece que hay graves problemas en este decreto [7/2018]».
En agosto, Yo Sí Sanidad Universal, hizo público un balance crítico, basado en la denuncia de que el decreto 7/2018 «tiene importantes defectos que lo sitúan lejos de alcanzar la pretendida universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud». Pérez explica: «Decíamos que tiene un preámbulo y una declaración de objetivos que revierten el lenguaje del PP pero luego en el desarrollo del articulado todavía contiene esa idea de levantar trabas que hacen de facto muy difícil el acceso».
Esta organización envió a Montón sus conclusiones, en las que consideraban que el Decreto, tal y como está antes de su tramitación legislativa «incluye una serie de exigencias a las personas extranjeras con y sin permiso de residencia que truncan las aspiraciones esperadas y anunciadas de universalidad del nuevo RDL». Estas exigencias se concretan en más «fronteras» para los hogares de «reagrupados, un colectivo cada vez más grande, en la misma inseguridad jurídica o incluso mayor que antes», explica Pérez, quien también critica que queda abierta la posibilidad de que las personas sin permiso de residencia no reconocidas accedan a los servicios públicos de salud con un documento distinto al del resto de la población.
Esta activista de Yo Sí explica que, durante el trámite de la Ley, este colectivo trabajará para la modificación de las recomendaciones que el Ministerio envía a las comunidades autónomas para la implementación del nuevo decreto, así como del reglamento. Pérez pone como ejemplo de la problemática del reglamento introducido por el PSOE que se pidan 90 días de residencia para incluir a las solicitantes en el sistema cuando actualmente hay comunidades como Madrid o Andalucía que piden un solo día para obtener el derecho.
«El hecho que haya un proyecto de ley nos permite seguir estudiando. Ganamos bastante en discurso», resume Pérez, quien no obstante subraya que, mientras se mantengan las recomendaciones y el reglamento actual «todavía quedan fuera cientos de personas».