El encarcelamiento del líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi a petición de la Fiscalía que incluso solicitó que no hubiera posibilidad de excarcelación bajo fianza sólo puede ser interpretado como un golpe del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a las expectativas de un proceso de paz para Euskal Herria. En los […]
El encarcelamiento del líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi a petición de la Fiscalía que incluso solicitó que no hubiera posibilidad de excarcelación bajo fianza sólo puede ser interpretado como un golpe del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a las expectativas de un proceso de paz para Euskal Herria. En los últimos meses parecían haberse establecido una serie de normas implícitas, probablemente ni acordadas ni pactadas entre las partes, que determinaban dentro de qué parámetros podía moverse cada cual sin poner en peligro la posibilidad de que en un futuro no muy lejano fuera posible una reconducción dialogada del conflicto. En este sentido, es preciso llamar la atención sobre el hecho de que las continuas redadas policiales que se han sucedido desde la declaración de Anoeta, con terribles denuncias de torturas, no hicieron que la izquierda abertzale desistiera de su intención de llevar el enfrentamiento de las calles a la mesa de negociación. Entre tanto, la actividad armada de ETA se ha mantenido en unos niveles incluso en el caso de ayer en Madrid que el propio Gobierno español admitía que no ponía en peligro las esperanzas.
Pero la decisión adoptada por la Audiencia Nacional, encarcelando a quien evidentemente estaba siendo uno de los principales interlocutores políticos para la búsqueda de una salida razonable a décadas de enfrentamiento armado, supone una quiebra absoluta en la cadena de confianzas y complicidades que debe acompañar a cualquier proceso de paz. En otras circunstancias hubiera sido posible pensar en que sectores reaccionarios, anclados en la doctrina de Rajoy, Mayor Oreja y Aznar, habían maniobrado dentro de un aparato del Estado tan sensible como el tribunal especial para torpedear un movimiento estratégico que no era de su agrado. Pero la intervención de la Fiscalía, jerárquicamente dependiente del fiscal general, Conde-Pumpido, nombrado directamente por Rodríguez Zapatero, lleva a señalar directamente a La Moncloa como responsable de tan peligrosa decisión.
Se produce el agravante de que otros compañeros de Otegi, encausados en el mismo proceso, han sido procesados y puestos en libertad. Parece existir un sentimiento de venganza hacia quien en Anoeta extendió la rama de olivo al Gobierno español. Este no es un movimiento de ficha más en el tablero de ajedrez. Esto se asemeja demasiado a romper el tablero y lanzarlo por la ventana.