Este febrero pasará a la historia por haber albergado la semana negra de la libertad de expresión en España; sin embargo, el ministro del Interior -en toda su anchura- se atreve a afirmar que esa libertad está garantizada en nuestro territorio. Es que no se entera. La penúltima semana de febrero puede pasar a la […]
Este febrero pasará a la historia por haber albergado la semana negra de la libertad de expresión en España; sin embargo, el ministro del Interior -en toda su anchura- se atreve a afirmar que esa libertad está garantizada en nuestro territorio. Es que no se entera.
La penúltima semana de febrero puede pasar a la historia de las represiones como la semana negra para la libertad de expresión de la ciudadanía española. Una semana en la cual la casta ultramontana se ha mostrado en toda su incapacidad para comprender las libertades de las personas y lo ha hecho tanto desde la prepotencia de un mero gestor de un recinto ferial hasta la interpretación más retrógrada de las leyes.
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), no ha podido menos que señalar «su gran preocupación y rechazo ante la cadena de hechos consecutivos contra la libertad de expresión que se ha producido en las últimas horas en España: la confirmación de la sentencia condenando a tres años y medio de cárcel al rapero Valtonyc, el secuestro cautelar del libro ‘Fariña’, de Nacho Carretero y editado por Libros del KO, y la retirada de la obra del artista Santiago Serra de la feria Arco».
Como si no fuera suficiente el imperio de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) -que la supuesta oposición parlamentaria no se aplica a derogar-, el sector hooligan de la judicatura conservadora se dedica a exprimir el Código Penal para extraer los jugos ambiguos de aquellas normas (dudosamente legales) que se dictaron en los momentos del terror etarra para, ahora, perseguir titiriteros o cantautores que no les agradan.
No se entienden los supuestos delitos de enaltecimiento del terrorismo cuando no hay a la vista, en el panorama español, hechos de terror que enaltecer. Más bien, se puede sospechar un uso arbitrario de las normas legales para perseguir al disidente ideológico o cultural.
Tan grave como sus consecuencias inmediatas para los afectados, estas acometidas judiciales tienen la secuela de dar alas a los aprendices de censores. Así es como un emprendedor metalúrgico ha entendido que su acomodo en el recinto ferial madrileño le otorgaba capacidad para aplicar la más torpe censura sobre temas que están muy alejados de los quehaceres para los que está capacitado. Muy mal ejemplo…
Es cierto que no todo vale, pero…
Uno de los argumentos con los cuales el Gobierno y sus corifeos quieren justificar estos retornos a la represión es que en democracia no todo vale y que la libertad de expresión no lo ampara todo.
Y tienen razón, aunque quizá desconozcan que esta limitación proviene de la declaración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, conocida como «Pacto de San José de Costa Rica», que en su Artículo 13 señala que:
«Libertad de pensamiento y de expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a) El respeto a los derechos o la reputación de los demás.
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.»
Por lo tanto, sí es cierto que los Estados pueden acotar mediante legislación clara y necesaria el ejercicio de esa libertad, pero solo en las situaciones que se fijan. En los casos que están causando tanta desazón a los españolitos preocupados por sus libertades no se dan ninguno de los supuestos que están previstos en ese artículo del «Pacto de San José de Costa Rica».
Además, los tribunales internacionales de Derechos Humanos ya han fijado que estas leyes que acotan el espacio de la libertad de expresión deben estar redactadas de forma clara y precisa. No es el caso de las leyes españolas al respecto, que son de marcada ambigüedad y que dejan la presunción del delito a total arbitrio de un juez que puede estar enfermo de prejuicios nacionalistas o religiosos que inhabilitan su criterio.
Los límites más duros a la libertad de expresión
En el actual espacio ciudadano y al amparo del liberalismo más simple y contradictorio han proliferado los que sostienen que estamos en una sociedad libérrima y que, quizá, nos estamos pasando de frenada con «tanto derecho humano».
Uno de los que parece creérselo es el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien en medio de esta tormenta perfecta de vulneración de derechos sostenía ante los micrófonos de la SER que «la libertad de expresión está garantizada en España». Siento decirle que no es verdad; aunque no creo que su intención haya sido mentir. Simplemente, usted no está informado al respecto.
Existe la creencia interesada y generalizada en los organismos del sistema, desde los oficiales a los medios de comunicación, de que la letra escrita es suficiente amparo contra las amenazas al ejercicio de la libertad, que para los liberales provienen siempre del Estado.
Así, se da un «sobre dimensionamiento de las obligaciones de Respetar, descuidando las obligaciones de Proteger y, sobre todo, las obligaciones de Cumplir, señaladas por la doctrina del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité de DESC) como comunes a todos los derechos humanos».
La libertad de expresión está limitada para su ejercicio en España y en casi todo el planeta, porque para hacerlo en toda su plenitud no basta con que cada persona que quiera hacerlo pueda expresarse; tan importante como la emisión de los juicios sin censura es que todos los restantes tengamos la capacidad y las facilidades suficientes para acceder a ese mensaje.
¿Verdad que no lo sabía señor Zoido? Pues, hay más…
La falta de comprensión de esta doble vía del derecho de expresión hace que muchos no reparen en que existe una desprotección como marca la DESC que se traduce en la imposibilidad de muchas personas para gozar de las condiciones y capacidades necesarias para su ejercicio. Algo de lo cual disfrutan otros que, además, pueden hacerlo a gran escala porque disponen de todos los canales para la distribución de sus juicios o ideas.
Esta discriminación de facto, se ceba en las mayorías pobres y excluidas que no pueden expresarse masivamente, pero también afecta a un número aún mayor de la ciudadanía; simplemente, porque los medios masivos de difusión están en manos de las administraciones o de los grandes grupos comerciales de comunicación.
Nos robaron el ágora, pero…
El ágora de la democracia griega fue relevado en el tiempo por la plaza pública del medievo; en ese espacio de las ciudades/pueblo/estado transcurría la vida social de la ciudadanía. Lo que allí se decía llegaba a todos, por eso los tiranos implantaron la censura; bastaba con silenciar la voz del emisor para que todos ignoraran su pensamiento.
Este derecho a la libertad de expresión, formalmente instaurado en todas las democracias, se ha visto mermado en su eficacia a la mínima expresión individual con el devenir y crecimiento de la industria de la comunicación y el auge de los traficantes de información. Un comercio al uso en el cual el mayor enemigo para la libertad es la concentración, según coinciden todas las organizaciones internacionales de Derechos Humanos.
Una concentración a la cual su partido, señor Zoido, ha dado carta de legalidad y defiende en España. Le explico que no importa cuántos medios de comunicación haya en un país o en una región si todos ellos responden a los intereses de las mismas personas y todas ellas responden a las doctrinas del sistema.
Expresarse solo tiene valor social si, por lo menos, una parte importante de la sociedad nos puede oír o recibir lo que expresamos; aquella «ágora» ha sido reemplazada por los medios masivos de comunicación y este espacio ya no es público sino de los propietarios de esos medios, sean públicos o privados. Por consecuencia, no hay forma de ejercer la libertad de expresión plena si no tenemos acceso a los medios que controlan la difusión de las ideas.
Pero… Algo está cambiando; las nuevas tecnologías están haciendo verdad la mentira histórica de la libertad de prensa. Cada día nacen nuevos medios que quieren ser independientes para informar sobre las inmundicias del sistema y que para tener el pensamiento libre han despreciado las subvenciones con las que el bipartidismo hispánico compra las voluntades de los medios.
Sin embargo, aún faltas espacios que ganar para hacer verdad la libertad de expresión; uno de ellos es liberar a los medios comunitarios que su partido, señor Zoido, mantiene amordazados. Aunque para conseguirlo lleven años vulnerando uno de los mandatos de la Ley de Medios Audiovisuales.
Como puede ver, aquello de que «la libertad de expresión está garantizada en España» está muy lejos de ser verdad, aunque usted no lo sepa.
Fuente: http://www.revistaelobservador.com/opinion/35-me-quieren-oir/13363-zoido-toca-de-oido-y-parece-sordo
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