Más de un millón y medio de personas podrán reclamar a las comunidades autónomas y 13,4 millones podrán reclamar directamente a la banca, según la antigüedad de la hipoteca.
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, estiman que 1,5 millones de contribuyentes podrían reclamar la devolución del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) a las comunidades autónomas solo por las hipotecas constituidas en los últimos cuatro años (los que no han prescrito desde el punto de vista fiscal), si finalmente el Tribunal Supremo confirma que son los bancos, y no los hipotecados, quienes deben soportar el gravamen. Hoy, el Supremo ha anunciado que esperará al día 5 de noviembre para volverse a pronunciar sobre dicha medida. La cifra que calculan los inspectores de Hacienda que podrían recibir es millón y medio de personas asciende a 3.631 millones de euros, más los intereses de demora.
Pero las demandas no solo afectarían a los contratos de los últimos cuatro años. Otros 13,4 millones de personas que han firmado hipotecas antes de septiembre de 2014 podrían pleitearse con sus entidades bancarias para reclamar, según los cálculos de Gestha, 25.657 millones, más intereses.
Si observamos los datos por comunidades autónomas, Andalucía sería la región con un mayor número de afectados, con 292.000 hipotecas firmadas en estos cuatro últimos años que han pagado 743 millones de euros en el impuesto AJD. Aunque no sería la comunidad que tendría que devolver una mayor cantidad, ya que Cataluña, con 235.000 hipotecas, debería devolver 832 millones de euros. 266.000 personas de la Comunidad de Madrid podrían ver 604 millones de euros y la Comunidad Valenciana, en cuarto lugar con 163.000 personas, podría tener que devolver 361 millones de euros.
A la Comunidad Autónoma o al banco según la antigüedad de la hipoteca
Los técnicos indican que deben dirigirse las reclamaciones del AJD pagado en los últimos cuatro años hacia las haciendas autónomicas -que son las que tienen cedido el impuesto- en caso de que el alto Tribunal no cambie su decisión sobre este impuesto este próximo 5 de noviembre, después de que el pasado viernes comunicara que revisaría la sentencia dada su repercusión económica y social.
En cuanto a la mecánica, explican que las comunidades autónomas, a medida que vayan recibiendo las solicitudes de devolución, deberán iniciar un procedimiento de comprobación tributaria y notificar una liquidación «espejo» a la entidad financiera, exigiendo el mismo importe y los intereses de demora.
Los técnicos avisan de que el proceso de las reclamaciones por los hipotecados a las entidades bancarias de las cantidades pagadas por el AJD hace más de cuatro años «sería más farragoso, largo y costoso». No obstante, ya han solicitado a los bancos que devuelvan las cantidades de manera voluntaria y no obliguen a los ciudadanos a pleitear.