18 de Julio

El gobierno de Zapatero y su ley de la Memoria Histórica, por timorata y ausente de decisiones reparadoras fundamentales, ha suscitado el rechazo general de la izquierda -incluso entre sus propias bases- y de absolutamente todas las asociaciones memorísticas y de víctimas del franquismo de España, por considerarla una «ley de punto final «al franquismo, justo cuando en Argentina se levanta la impunidad a las juntas militares, acusándoles de crímenes contra la humanidad que no prescriben. La ley socialista, al no ilegalizar jurídicamente al franquismo, mantiene la legalidad de las sentencias de los consejos de guerra fascistas, aunque pretenda disfrazar su invalidación con recursos semánticos, sin valor ni efectos jurídicos; ignora la legislación internacional para el tratamiento de las setecientas fosas comunes de republicanos asesinados, catalogadass hasta este momento; abandona a las familias que buscan a sus desaparecidos al albur de otras administraciones y al margen de los juzgados, considerando las fosas como parques arqueológicos, en lugar de cementerios clandestinos, marco de un crimen masivo. Una ley que ignora la epopeya de los guerrilleros antifranquistas, menos de una cincuentena en la actualidad, mientras en Francia nuestros «maquis» son condecorados y presiden el desfile del 14 de Julio. Una ley que deja los archivos de la represión en manos de instituciones de probado obstruccionismo a los investigadores, en lugar de transferirlos a la Red de Archivos Nacionales; una ley en definitiva, que permite la continuidad de organizaciones, fundaciones, partidos y editoriales que justifican y ejemplarizan al régimen de Franco y que en el resto de Europa serían materia del código penal.

Esta falta de resolución y valentía del gobierno, al propio tiempo que ha desalentado y puesto en su contra a un amplio y cualificado sector social, sensible a la recuperación pedagógica de los principios democráticos, ha conseguido envalentonar a una derecha montaraz, instalada en la herencia ideológica del franquismo, cuyos símbolos y aura sociológica ampara y justifica, promoviendo sonoras oposiciones a las leyes y avances sociales y despreciando a las víctimas del franquismo con su negativa a que los demócratas españoles puedan recuperar la Memoria Histórica democrática y antifascista, exigiendo su derecho a saber, a la justicia y a la reparación, tal como establecen la legislación de la ONU sobre los derechos humanos vigentes en España, y con cuyo incumplimiento el gobierno español y la judicatura, se encuentran en un permanente ejercicio de prevaricación por omisión de deberes, por el imperativo legal de actuación de oficio o, en su defecto, a instancia del clamor que se eleva desde la izquierda y desde las asociaciones de víctimas del franquismo.