2022, cuando la política migratoria perdió todo el pudor en Melilla

Yahia gritó “¡asilo!” en las escolleras. Era el 22 de octubre de 2022 y por fin estaba en Melilla. Tras ser detenido unas horas por agentes de la Guardia Civil, este periodista yemení consiguió quedarse en suelo español. No era la primera vez que gritaba “¡asilo!”, lo hizo nadando en el mar, en sus diversos intentos de atravesar la frontera, lo escribió en formularios, como los que completó en Rabat en la oficina de Acnur, o en múltiples consulados españoles en Marruecos. Era lo que quería dejar claro, cuando intentó, a principios de año, saltar la valla por Ceuta. Que su situación le daba derecho a protección internacional, que solo tenían que escucharle y no habría forma de negarlo. 

La batalla de Yahia contra las fronteras que no le dejaban atravesar para poner su vida a salvo —tras huir de un Yemen al que llegan sin ningún problema las bombas españolas que caen sobre la población— está reflejada en el informe Donde habita el olvido del Servicio Jesuita Migrante, en el que reportan la situación en la frontera sur durante 2022. Fue esta organización la que asesoró jurídicamente a este refugiado, que, una vez en España, después de haber sufrido múltiples violencias por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas, salió hacia el norte en cuanto pudo, a pesar de que el tratado de Dublín le obliga a permanecer en el primer país europeo al que se llega.

¿Tenía otras opciones Yahia que echarse al mar o saltar vallas fuertemente custodiadas? ¿Tienen otras opciones quienes huyen de guerras o temen por su vida para acceder al derecho a refugio? No, es casi imposible solicitar asilo en embajada y consulados en Marruecos para ciudadanos que no sean marroquíes, o enla melillense comisaría de Beni Enzar, a la que solo se puede acceder ya desde suelo español. “En la práctica, solo acceden quienes hayan entrado en Melilla fuera de los pasos habilitados a tal efecto: saltando las vallas, nadando o a bordo de una embarcación; arriesgando la vida o la integridad física; exponiéndose a ser devueltos sumariamente a territorio marroquí”, explican en el informe de SJM.

Javier Giménezes abogado de esta organización y uno de los autores del informe. “Lo que documentamos es que, una y otra vez, se pone la territorialidad de un Estado o la jurisdicción de un territorio por encima de los derechos humanos, el derecho a la vida, a la integridad física”, explica. Es decir, lo fundamental es proteger la frontera ante cualquiera. Y cada una de las dimensiones de la frontera sur se ve fortificada a tal fin: peines invertidos en las vallas que desgarran la piel, atraviesan la carne e imposibilitan el paso, un foso enorme del lado marroquí, y allá donde aún no hay estos elementos disuasorios, se repele a la gente, concentrada en pequeños espacios, con el uso de material antidisturbios.

Si no se puede por la valla, se intenta, como Yahia, por el agua: “Tenemos un montón de testimonios de devoluciones en caliente de personas que intentan llegar a nado, o por la Isla Chafarinas u otras pequeñas plazas de soberanía española”. Son devoluciones que se ejecutan sin proteger ninguno de los perfiles a los que correspondería protección. “Los interceptan en mitad del mar, les dicen que se enganchen a la barca y los llevan a 200, 300 metros de la playa marroquí. Los dejan ahí para que naden a Marruecos otra vez”, explica el abogado, una práctica que, gracias al maltrato por parte de los agentes, al shock y a la violencia, se ha cobrado ya sus víctimas.

Para que te escuchen, como se desgañitaba Yahia, el trato ha de ser individualizado, sin embargo, no hay lugar para individualidades cuando devuelves masivamente a las personas. Y la Guardia Civil, lamenta Giménez, siente que obra bien, por qué no iba a pensarlo, después de todo cumplen con su trabajo, el mayor mandato en políticas migratorias: pase lo que pase, que no entre nadie. Y si ha de morir, mala suerte.

Yahia, el periodista yemení, podría haber muerto muchas veces, pero no sucedió. Sin embargo, la muerte es un elemento central en las políticas migratorias: Según el informe Víctimas de la Necrofrontera 2018-2022 del colectivo Caminando Fronteras, 11.286 personas han muerto en las rutas de acceso a territorio español en los últimos cinco años. Es decir, seis personas muertas cada día. La propuesta de Caminando Fronteras no es solo cuantitativa:  el objetivo es exponer las políticas que han permitido estas muertes, las necropolíticas que ponen la protección de las fronteras por encima del derecho a la vida. 

“Las personas que atraviesan las fronteras del Estado español se encuentran en una situación de vulnerabilidad estructural, que comienza desde la expulsión de los países de origen y tránsito migratorio, lo que acaba provocando que pierdan la vida durante su camino”, apuntan en su informe. En este marco es fundamental la buena colaboración entre el Norte y el Sur: no es una colaboración para la vida, sino para la muerte: España funda su “amistad” con Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal en modelos bilaterales de gestión de fronteras construidos sobre la negación de los derechos de las personas migrantes. 

“Los cuerpos están marcados, en las razones por las que la gente migra, en la extraordinaria precarización de los procesos migratorios de los tránsitos”, explicaba el panafricanista Mba Bee en el documental de El Salto Anatomía de las Fronteras, señalando el sustento colonial en el hecho de que las niñas y niños que nacen en determinados territorios están destinados ya a la migración. Caminando Fronteras también se centra en aquello que el tratamiento institucional sobre las fronteras desdibuja, las causas que empujaron a las personas a abandonar su tierra: las guerras, el extractivismo colonial, el cambio climático, la subida de los precios, el alza del cereal, el desempleo, la falta de seguridad material, de futuro. Figuran también razones que afectan a poblaciones concretas, como las violencias contra las mujeres y contra la comunidad LGTBI+.  Las razones, en definitiva, de cada una de las personas que perdieron su vida en el viaje como consecuencia de políticas migratorias concretas, en estos últimos cinco años, las mismas razones que llevaron a cientos de personas a intentar atravesar la valla el pasado 24 de junio y fueron apedreadas, golpeadas, abandonadas heridas, o incluso asesinadas.

Sobre la necroeficacia

El pasado 24 de junio se usó “material antidisturbios y armas menos letales, como gas lacrimógeno, porras, balas de goma y pelotas de goma, para dispersar de forma violenta a un grupo de hasta 2.000 personas negras, en su mayoría procedentes del África subsahariana, que intentaban cruzar desde Marruecos al enclave español de Melilla”. El recorte es del informe de Amnesty International (AI) presentado a principios de diciembre y titulado con el descriptivo nombre: “Lo golpearon en la cabeza para comprobar si estaba muerto” sobre este hecho que marcó el 2022, no tanto por lo masivo de las muertes —2.154 personas murieron en 2022, la gran mayoría en las rutas marítimas— sino por lo visible de la violencia ejercida. Y es que no es lo mismo no auxiliar a la gente hasta que desaparecen en el silencio el mar, que agredirla y dejarla agonizar a pocos metros. AI cifra en al menos 37 personas las fallecidas mientras decenas más fueron heridas. 77 personas siguen desaparecidas. Sus familiares no saben dónde están. Marruecos no responde por ellas. España tampoco ha contestado. 

Lo que tenía que decir el presidente ya lo dijo poco después de la masacre, cuando dio fe de su satisfacción por el trabajo de las fuerzas de seguridad de ambos países en la frontera. En el paradigma que pone la frontera por encima de la vida, lo satisfactorio es que no pase nadie, y si pasan, que vuelvan rápido a Marruecos, como las 470 personas que se documenta fueron devueltas inmediatamente, una devolución que la Fiscalía General, en su investigación, ha dado por buena. 

Las autoridades se excusan en la figura del rechazo en frontera, condición de excepcionalidad en la frontera terrestre que supondría una “actuación material de carácter coactivo cuya finalidad es restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento de cruzar irregularmente la frontera terrestre de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla” —según recoge el SJM en su informe, una situación que, en todo caso —según las sentencias de TEDH y el Tribunal Constitucional— no debería aplicarse a quienes llegan a nado, por el mar, o a los enclaves de soberanía española. Tampoco el acuerdo de readmisión de 1992, afirman desde la entidad  “puede invocarse para practicar devoluciones sumarias”.

Desde Melilla, Alba Dosta y Raquel Sierra, activistas de Solidary Wheels, y autoras del informe La valla de Melilla, el precio humano de la securitización, toman el pulso de una ciudad en la que no llevan mucho tiempo, y a la que llegaron cuando ya no es lo que era: “A raíz de que se cerraron las fronteras y de que solo se ha abierto uno de los pasos y no se prevé que se vayan a abrir más, el tránsito entre las zonas colindantes y Melilla prácticamente ya no se da. Ahora solo pasan personas que están trabajando, que van a la casa de quien trabajan y se van, no hay todo ese movimiento que caracterizaba a Melilla”. Algo que, creen, perjudica la “esencia de la ciudad”, y la convierte aún más en un perímetro militarizado. 

Sierra explica que hasta hablar libremente resulta complicado por la presencia de policía secreta: “Gran parte de los hombres blancos en la ciudad son militares o policías”. Esta tinerfeña considera que quizás se pueda ignorar lo que pasa en el territorio con las personas migrantes, mirar hacia otro lado, pero lo que es imposible obviar es la presencia de las fuerzas de seguridad por todas partes.  

Este enclave de frontera sur, donde muchas personas permanecen en el territorio durante años sin conseguir empadronarse y por tanto sin acceder a residencia, “es un espacio de excepcionalidad donde hay mucha gente que se queda fuera y que nadie atiende”, apunta Sierra. Y sin embargo, lamenta Dosta, la ciudad permite no darse cuenta de todo lo que está pasando, “justificar tu indiferencia”, lo resume su compañera. Mecanismos de segregación y de justificación que llevan a la normalización de “situaciones que no salen en las noticias”, y que solo se conocen cuando alguien te las cuenta. Las activistas, sin embargo, están familiarizadas con los relatos de las propias personas migrantes que les hablan de la explotación laboral que sufren en los pequeños trabajos que consiguen ahí, pues después de todo necesitan dinero, o les explican la violencia vivida del lado marroquí y relatan la que se sufre del lado español  —espoleada por la impunidad de hechos como el del 24J— una serie de observaciones que las activistas relacionan con Melilla, pero que podría extenderse a todo el territorio. 

Y es que la indiferencia se construye desde el discurso, defienden en el informe Inmigracionalismo 2022, elaborado por la RED Acoge, en el que se observa críticamente el tratamiento mediático de las migraciones. Análisis a partir de los cuales podemos visibilidad articulaciones, entre, por ejemplo, la necesidad de señalar la masividad y violencia de los “saltos” en las vallas, para justificar figuras como el rechazo en frontera, y las narrativas que sustenten estas tesis de defenderse ante una amenaza, narrativas que “ponen el foco únicamente en las llegadas por Frontera Sur de personas procedentes de África Subsahariana. Esto conecta con una cierta representación como bloque o masa, apuntalando estereotipos y prejuicios sobre las personas migrantes”. Una narrativa que, apuntan, está: “ligada primordialmente a los procesos de llegada y no al proceso de acogida e inclusión, es considerada como una de las principales herramientas que refuerza el discurso preventivo”. Un discurso preventivo que también se alimenta de un “lenguaje metafórico hiperbólico, beligerante o alarmista”, un fenómeno que incide en la “deshumanización y distancia que se marca en base a la estructura de polarización “Nosotros” vs “Ellos””.

Sin embargo, los medios también han ejercido como contrapoder en el caso de Melilla, lo hicieron algunos medios con sus coberturas desde el principio, lo hizo la BBC con un trabajo periodístico de gran llegada, y también el consorcio de medios que en torno a la organización Lighthouse, una entidad ya pendiente de la frontera sur en su vigilancia de las fronteras, develó material que demostraba que había habido por lo menos un muerto en territorio español. El integrante de Por Causa José Bautista, que participó en la iniciativa de la mano de Der Spiegel, destaca algo en particular: “Los medios extranjeros se han quedado impresionados con la dinámica política interna en España, la imposibilidad de que se asuma responsabilidad o de que alguien dimita. Aunque aunque haya gente muerta encima de la mesa. Ha llamado la atención la forma de comunicarse de las instituciones públicas españolas, en concreto del Ministerio del Interior”.

Y es que, recuerda este periodista, “en una frontera terrestre no se recordaba un episodio tan sangriento y tan mortífero”, y del que se cuenten con tantas, tantas imágenes y grabaciones, añade, destacando el nerviosismo por parte del Ministerio de Interior. “Habría sido muy sencillo para ellos decir oye, esto que estamos descubriendo es muy grave, vamos a investigar. Sin embargo, han insistido en negar todas las pruebas y mentir”.

Señalar el racismo

La masacre del 24J mostró en las portadas el resultado de un proceso eficaz de deshumanización. Denunciaba AI en su compilación particular de hechos cómo las personas heridas se quedaron hasta ocho horas abandonadas al sol, sin atención médica ninguna. Mientras los médicos marroquíes tardaban aún más tiempo en actuar, las autoridades españolas no dejaron pasar a la Cruz Roja ni hubo ningún tipo de dispositivo para atender a las personas: “Los agentes de seguridad españoles obligaron a personas heridas a cruzar de nuevo la frontera a Marruecos aunque estaban sangrando o con heridas abiertas”.

Los cuerpos contra los que se ejerció tanto la violencia como la denegación de auxilio eran cuerpos negros: AI insiste varias veces en un elemento que considera fundamental y, sin embargo, ausente de las diligencias en España y Marruecos, poner el foco en el racismo que pudo motivar un determinado trato contra estas personas. Un racismo ya presente en los progromos que se intensificaron por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes contra los campamentos de personas migrantes en los alrededores de Nador en los días previos al salto: auténticos raids donde arrasaron con las pertenencias de las personas, les dejaron sin alimento y con mucho miedo. Un miedo subrayado en el intento de cruzar la frontera: “Con un uso generalizado de fuerza ilegítima por las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas. Los agentes utilizaron armas menos letales de maneras contrarias a las normas internacionales que rigen su uso, y siguieron usándolas incluso después de que las personas estuvieran bajo control policial y no representaran amenaza alguna para los propios agentes ni para terceros”, apunta AI.

Ante la muerte y la violencia en la frontera, Caminando Fronteras más que respuestas introduce en su informe preguntas fundamentales: “¿Estamos asistiendo a la aniquilación de poblaciones con unas características determinadas? ¿Son los sistemas de control migratorios regímenes que implementan estructuras de tortura transnacionales?”. Frente a estas cuestiones de calado que hablan de la necropolítica, desde el Ministerio de Interior se mantiene el discurso en el ámbito de la gestión migratoria, sin que las mentiras parezcan hacer mella en el gobierno. Al fin y al cabo, como afirmaba la diputada María Dantas —que ha viajado varias veces a terreno para hablar con fuerzas de seguridad y testigos— en esta entrevista en El Salto, las migraciones no están entre los temas que más preocupan en el congreso, no son un tema prioritario.  

Ferrocarriles clandestinos

Frente a la idea de masas sin un origen preciso que vienen a violentar la frontera sur, o son transportados por mafias, los desplazamientos de las personas migrantes son fruto de decisiones conscientes y planificadas, y dependen de la solidaridad y la ayuda entre estas mismas personas: “Los viajes se construyen a partir de la capacidad de los sujetos de autoorganizarse. No se viaja solo, se viaja en grupo y eso ya es una solidaridad mínima, grupal”. Una vez en territorio europeo llegan las fronteras internas, que se atraviesan “gracias a coaliciones heterogéneas”. A las redes de solidaridad de personas migrantes, segundas generaciones o activistas hacía alusión el antropólogoLuca Queirolo Palmas en esta entrevista en El Salto.

Mientras que las necropolíticas se ponen de manifiesto cada vez con menos pudor, y el sistema de acogida “piensa en el migrante como un objeto, una cosa que tiene que ser desplazada de un lugar a otro”, las personas migrantes, en alianza con otros sujetos solidarios, impugnan estas lógicas. En el 2022 también vimos cómo las personas migrantes organizadas en torno a Regularización Ya, en alianza con otras entidades, lograban hasta 700.000 firmas para llevar su ILP por la Regularización al Congreso.

Los mismos colectivos migrantes junto a entidades de todo el territorio lanzaron prontamente una convocatoria unitaria en el estado para denunciar lo sucedido en Melilla, y son también articulaciones de las propias personas migrantes, y de la sociedad civil, quienes han seguido denunciando la barbarie en la frontera, impidiendo que el gobierno pase página, como ha pretendido hacer la Fiscalía eximiendo al Ministerio de Interior de responsabilidad. “Seis meses después de la tragedia y en estas fechas tan marcadas, estamos siendo testigos de una impunidad que daña profundamente nuestro sistema democrático y pone en evidencia el racismo de las instituciones del Estado”, contestaban 150 colectivos en un comunicado, el pasado 24 de diciembre.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/fronteras/2022-cuando-politica-migratoria-perdio-todo-pudor-melilla