2022: Extremadura ha perdido la inocencia

Publicamos hace tres días, desde El Salto Extremadura, y aprovechando los Santos Inocentes (que evocan tantas cosas y tan cinematográficas en esta tierra) un artículo de cachondeo anunciando que Vara cerraba Almaraz tras una copiosa comida en Mérida. Apenas nadie de este suroeste nos creyó, todo el mundo se echó unas risas y nos queda por ello, como registro, una constatación: Extremadura ha perdido la inocencia.

Ya nadie pone en duda el poder omnímodo de una multinacional como Iberdrola sobre nuestros recursos hídricos y energéticos, capaz de mantener abierta (el ánimo de lucro, qué bonito principio) la más peligrosa y vieja de las centrales nucleares del Estado español, prorrogando su arrastrada vida una y otra vez, violando cada promesa electoral quienes debieran de poner coto al desmán de su existencia. Aquí, quien manda y ordena en la sombra, en estas cosas tan domésticas de la energía, se llaman Iberdrola, Endesa y Naturgy. Y punto. Todo el mundo sabe, todo el mundo reconoce, la connivencia de los poderes empresariales, económicos y mediáticos con una administración autonómica que cambia leyes a gusto y demanda de cualquiera que venga vendiendo una fábula con la que hacerse la fotografía. Y cuanto más grande, mejor, cuanto más increíble, vistosa y risible la propuesta, más completa será la cooperación del ejecutivo. Ahí está la ley LEGIO para demostrarlo, cuestionada incluso por el propio Consejo de Estado.

Que el poder autonómico es fiel colaborador de las compañías mineras es algo que a nadie se le ocurre cuestionar, desde Cañaveral, pasando por Cáceres, hasta Olivenza. Qué pensar de un gobierno autonómico que, por no tener, no tiene ni siquiera consejería de medio ambiente, transferidas sus competencias a la pomposamente llamada Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad; la misma, la mismita que tramita precisamente las licencias mineras. Y lo hace con manga ancha con estas y con cualquiera con pasta en la cartera, haciendo la vista gorda a los macroproyectos intencionadamente fracturados en diferentes unidades de producción energética en MW, de modo que, así, pasan a estar bajo el permisivo manto de la Junta de Extremadura y su laxitud, en vez de, por volumen de producción, estar controladas ―un poco más de verdad― desde fuera. De eso, las fotovoltaicas saben un montón. Saben tanto que ya están en todos lados, como parte de un entorno ambiental sostenido sobre la mentira de una dehesa que, en realidad, tiene inmensos problemas de presión ganadera, que está acosada por la seca; en un territorio con unos recursos hídricos al límite pero sobre los que se siguen diseñando planes de regadíos que, de ser ejecutados, sentencian a muerte unas reservas indispensables para una agricultura de verdad sostenible, para el propio consumo humano. Ni Tajo tenemos ya, que a su paso por esta comunidad autónoma es en realidad un enorme y continuo pantano a merced del mercado eléctrico. Incendios forestales, mire usted, sí que no nos faltan, obedeciendo a intereses, a veces, difíciles de entender pero fáciles de explicar.

Y ya sabemos lo que pasa con la aplicación de la Justicia (se nos ha colado en mayúsculas, vaya) por estos lares. Solo hay que ver lo que cuesta cumplir con sus resoluciones en Valdecañas, donde el propio ejecutivo regional se implica abiertamente en una interpretación sesgada, contraria a la aplicación íntegra de una sentencia que, como siempre, acata pero… De repente, justo este 29 de diciembre (regalito navideño poco inocente), el PSOE extremeño registra una propuesta de ley tratando de legalizar el resort de lujo, declarando como ZEPA 55 zonas no catalogadas y, de camino, “autorizar en estos territorios las construcciones que no hayan dañado el terreno”.

No hay, no existe nada nuevo bajo el sol, por más que nos llenemos la boca con conceptos como “cadena de valor”, “economía verde”, “economía circular”. Es lo de siempre: llegan de fuera, prometen, explotan y se lo llevan. Y les ponemos el suelo gratis y hasta el dinero sobre la mesa. Y eso vale, por poner un ejemplo, para la megafactoría de Navalmoral ―esa que iba a colocar a ¡mil personas!― y que se quedó fuera del PERTE del automóvil eléctrico porque quien tenía que arriesgar adelantando el dinero no llegó ni al mínimo exigido. O sea, que de nuestros bolsillos se pretendía (aún se pretende) pagarle el negocio a otros. Curiosa interpretación de la ley del mercado y de la competencia. No hablaremos, que no deseamos abrumar, de esa ciudad de ocio y casinos, de esa maravilla entre maravillas, nada menos que el Eurovegas extremeño que desde el 2018, fecha arriba, fecha abajo, serpentea sin cuajar.

Pero la culpa del atraso extremeño es de los ecologistas, quejicas, que piden que se cumpla la legislación vigente. Son los malos de la película, responsables incluso del alumbramiento de la propia ley (¿pero no se aprobaban en los parlamentos?), de la Red Natura 2000 europea o de cualquier Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), figuras conservacionistas solicitadas por muchos ayuntamientos para prestigiarse y que, en algunos casos, abominan ahora de ellas porque les estropea algún chanchullo extractivo o inmobiliario sobrevenido. Aunque ya se le buscará remedio, que para eso se pueden cambiar las reglas de la partida, de golpe, con esa Ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía, que en uno de sus múltiples pliegues modifica sutilmente, hasta convertirlas en irrelevantes, las declaraciones de impacto ambiental y patrimonial para los proyectos con afecciones sobre el territorio. Pero eso no se cuenta.

Y en estas, no olvidemos, que llegaron los molinos de viento, con ellos la pasta para tapar agujeros de algunos munícipes y municipios, y todo cambia, amigas y amigos. Da igual arrasar en Villuercas, que en Montánchez, que donde sea. La cosa es “descarbonizar”, aunque carbonices literalmente el turismo y la explotación tradicional de poblaciones enteras con un ramillete de torres del tamaño de la Eiffel de París. Cambia el cielo y hasta el subsuelo y debió ser por eso que, de repente, brotó de sus entrañas el Decreto-ley 5/2022, de 31 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura. Un guiño absoluto a las compañías mineras, a las que se dice, casi explícitamente: “adelante, compañeros, estamos para lo que haga falta”.

Preguntemos por la confianza de la ciudadanía también en Cáceres capital, donde primero se iba a hacer una mina, a cielo abierto, a dos kilómetros del centro de la población. A dos kilómetros, insistimos, de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. No sabemos en qué cabeza cabe eso, pero cabe, y está bien arriba, tanto que gobierna. Luego, ha pasado a ser mina subterránea y el PSOE local (en realidad, llevamos un montón de líneas hablando del PSOE) ya flaquea en su determinación, ya hasta habla de que podría modificarse el Plan General de Ordenación Urbana, auténtico escollo para Infinity Lithium en su plan de extracción del preciado mineral. Más al norte de la provincia, en Cañaveral, se ocupa del destrozo Lithium Iberia, con manga ancha directa para todo, libre de presiones municipales, medalla en el pecho de una Junta de Extremadura que no ve más allá de lo inmediato y que, ante los destrozos, hace como que no se entera.

¡Ay, el litio extremeño! Ese que compra voluntades, ese que nos cuentan (y es mentira) que solo nosotros tenemos, imprescindible para nuestra modernización pero, en realidad, indispensable única y exclusivamente para una industria del automóvil en algo más que apuros, que vende una moto que en realidad es un coche, un coche eléctrico. Un coche con su batería, y una batería que ha atraído a todos los vendedores de humo peninsulares, como Phi4tech, cuyos directivos, además de dejar su rastro judicial en otros lares, han conseguido incluso que un máster de la Universidad de Extremadura lleve el nombre de su empresa: Máster Phi4tech en Diseño y Fabricación de Baterías. Todo es posible por aquí, se ha perdido el sentido de la vergüenza hasta en algunas instituciones académicas. Lo público al servicio de lo privado, la colusión de intereses, el rodillo parlamentario, la política de gestos, todo junto y revuelto en nombre de un progreso que no es tal. Que nos quiere traer en realidad basura (menos mal que el pueblo, en masa, paró la barrabasada del vertedero de Salvatierra de los Barros), que nos quiere convertir, que nos ha convertido, en zona de sacrificio.

Volvemos a donde empezamos. Repetimos: nadie creyó nuestra inocentada. Nadie duda de quién y cómo, todavía, saquea esta tierra, este paisaje, este paisanaje también lleno de gente que quiere pelearse vivir donde ha nacido, que lo consigue frente a todo y todos, cuya voluntad de resistencia está latente, cargada de esperanza, de fuerza dormida, esperando, siempre esperando un tren que ni sale, ni llega.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/politica/extremadura-ha-perdido-inocencia