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22 países de la UE todavía no han adaptado la Directiva de intercambio de emisiones

Fuentes: Aquí Europa

La comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, dio ayer luz verde a los ocho primeros planes de asignación de cuotas de emisión presentados por Dinamarca, Holanda, Suecia, Irlanda, Eslovenia, Alemania, Austria y Gran Bretaña, aunque estos tres últimos condicionados a modificaciones. Sin embargo, no todo son buenas noticias a sólo seis meses de la […]

La comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, dio ayer luz verde a los ocho primeros planes de asignación de cuotas de emisión presentados por Dinamarca, Holanda, Suecia, Irlanda, Eslovenia, Alemania, Austria y Gran Bretaña, aunque estos tres últimos condicionados a modificaciones. Sin embargo, no todo son buenas noticias a sólo seis meses de la entrada en vigor de la directiva europea sobre intercambio de derechos de emisión, fundamental para que la UE pueda lograr sus compromisos de Kioto sobre lucha contra el cambio climático.

España, que hizo llegar el martes a Bruselas su plan de emisiones, y otros 21 países todavía no han adaptado la directiva a su legislación nacional, por lo que la Comisión Europea les ha lanzado un ultimátum antes de presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia europeo.

La directiva 2003/87/CE sobre intercambio de cuotas de emisión, que los Estados miembros aprobaron en 2003 y cuya entrada en vigor está prevista para enero de 2005, obliga a los Estados miembros a fijar limites a las emisiones de las instalaciones de gran consumo energético, asignándoles unos derechos de contaminación. Estas cuotas deben detallarlas en sus respectivos planes nacionales de asignación que, concretamente, indican la cantidad de emisiones de dióxido de carbono (CO2) que los Estados miembros pretenden asignar durante el período 2005-2007 a las instalaciones industriales con alto consumo de energía para que éstas puedan participar en el sistema de intercambio de derechos de emisión que la UE aplicará a partir de enero de 2005.

Una vez en marcha, será el mayor sistema de este tipo que funcione en todo el mundo. Este régimen de intercambio de derechos de emisión en la UE permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores energético e industrial con el menor coste posible para la economía y ayudará a la UE y sus Estados miembros a cumplir sus objetivos de emisiones bajo los términos del Protocolo de Kioto, de 1997. Cuando el próximo año comiencen los intercambios de cuotas, las empresas que no usen todas las que se les haya asignado podrán venderlas a otras compañías que no puedan mantener sus emisiones bajo los límites autorizados. De este modo, las emisiones se reducirán en los sectores o empresas donde pueda hacerse a menor coste.

Expediente a Grecia e Italia

Según la directiva, los gobiernos de los quince antiguos Estados miembros debían presentar a la Comisión sus respectivos planes nacionales de asignación de cuotas antes del 31 de marzo. Todos ellos lo han hecho ya, salvo Grecia e Italia, por lo que el Ejecutivo comunitario decidió ayer enviarles una primera advertencia por escrito instándoles a que envíen sus planes cuanto antes.

Además, a principios de año, el Ejecutivo comunitario había enviado ya un primer aviso a los Quince, pues ninguno había adaptado por completo la directiva a sus respectivas legislaciones nacionales, a pesar de que el plazo expiraba el 31 de diciembre de 2003. Todos ellos, a excepción de Austria, Alemania y Suecia, recibirán un segundo aviso por no haber comunicado todavía a Bruselas sus medidas legislativas al respecto. Sin embargo, la Comisión ha explicado que en muchos de estos países el proceso legislativo está ya en curso.

El plan de España llegó el pasado martes a Bruselas, aunque el Ejecutivo comunitario no ha querido entrar a valorar su contenido porque todavía no lo ha analizado. Sin embargo, sí ha adelantado que el dictamen estará listo probablemente en septiembre. En cualquier caso, el plan español todavía no es el definitivo, ya que le falta el requisito de someterlo a información pública, una fase iniciada esta tarde y que durará hasta el 31 de julio, fecha en que debe presentarse a Bruselas el plan definitivo.

Bruselas ha recibido 18 de los 25 planes nacionales. Además de los de Grecia e Italia, faltan los de Polonia, Hungría, República Checa, Chipre y Malta. Sin embargo, a estos últimos, que ingresaron en la Unión el pasado 1 de mayo, la Comisión no les ha enviado todavía una advertencia formal dado que su plazo de entrega vencía un mes después que el de los antiguos Estados miembros.
v Primeros planes aceptados

La Comisión Europea debe evaluar estos planes a la luz de once criterios de asignación enumerados en un anexo a la directiva sobre intercambio de derechos de emisión. Los criterios más importantes se refieren a la integración de cada plan en la estrategia nacional general de cumplimiento del objetivo del Estado miembro en cuestión en virtud del Protocolo de Kioto. Los demás criterios pretenden asegurar la no discriminación, mantener de la competencia en la UE, regular las ayudas de Estado y los aspectos técnicos. Una vez evaluado un plan, el Ejecutivo comunitario puede aceptarlo en su totalidad o en parte. En el primer caso, el Estado miembro puede adoptar la decisión final de asignación.

Hasta el momento, la Comisión ha aceptado ocho planes nacionales de asignación de cuotas de emisión de CO2. Los de Dinamarca, Irlanda, Holanda, Eslovenia y Suecia han sido aceptados sin condiciones, mientras que para los de Austria, Alemania y Reino Unido la Comisión ha solicitado algunos cambios técnicos para antes de finales de septiembre, en cuyo caso la aceptación será automática, sin necesidad de una nueva evaluación.

El problema que plantea el plan de Austria es que pretende redistribuir los permisos de emisión a las plantas que cierren durante el período 2005-2007, mientras que la directiva europea prevé que estas asignacionse se extingan y prohibe los ajustes a posteriori. En el caso alemán, país que absorbe la mitad de las cuotas asignadas en estos ochos países, las modificaciones que precisa el plan son mayores.

Berlín pretende introducir un mecanismo de flexibilidad para redistribuir las cuotas entre empresas durante el período señalado en el supuesto de que una empresa no use todas las cuotas asignadas en principio. Asimismo, el plan alemán prevé ajustar las cuotas para tener en cuenta a las nuevas instalaciones que comiencen a operar durante el período 2005-2007. Aunque los Estados miembros están autorizados a establecer una reserva para nuevos entrantes, deben establecer a priori una metodología y no podrán cambiarla después. En caso contrario, incumplirían uno de los criterios fijados por la directiva europea: la no discriminación.

Finalmente, en lo que al plan británico se refiere, el Reino Unido no ha explicado convenientemente cómo concederá permisos de emisiones a las nuevas empesas. Además, aunque el plan incluye una lista de las instalaciones cubiertas, no menciona a las de Gibraltar, algo que deberá corregir también antes del 30 de septiembre.

Por lo general, la Comisión Europea ha pedido cambios a los planes que fijan un volumen de cuotas para el período de intercambio 2005-2007 que no permiten al Estado miembro en cuestión alcanzar sus objetivos de Kioto en el transcurso del primer período de compromiso, comprendido entre 2008 y 2012. También deben modificarse los planes en los que se prevé ajustes a posteriori en la asignación de permisos de contaminación, es decir, una distribución de las cuotas entre las instalaciones participantes durante el período 2005-2007. La razón radica en que estos ajustes distorsionarían el mercado de intercambio y crearían incertidumbres para las empresas.

La decisión de hoy autoriza la participación de más de 5.000 instalaciones sobre un total estimado de 12.000 en una Unión Europea a veinticinco Estados miembros. Estas instalaciones recibirán más del 40% del total de cuotas cuya puesta en marcha está prevista. ‘Supone una etapa crucial pues abre la vía a casi la mitad de las instalaciones que participarán en el sistema paneuropeo de intercambio de derechos de emisión’, ha comentado en rueda de prensa la comisaria Wallström.

‘Esta decisión muestra nuestro compromiso en la política europea ligada al cambio climático, y atestigua que estamos preparados para lanzar el sistema de intercambio de derechos de emisión el próximo enero, como está previsto’, ha añadido la comisaria, recordando que fueron los propios los Estados miembros quienes el año pasado decidieron por unanimidad usar el intercambio de cuotas de emisión como instrumento esencial para permitir a la UE respetar los compromisos asumidos en el marco del Protocolo de Kioto.

‘Tomaron esta decisión porque el sistema de intercambio de cuotas de emisión es el medio que presenta una mejor relación coste-eficacia para cumplir con estos compromisos’, según Wallström. Sin embargo, aunque ha expresado su satisfacción por que la Comisión haya podido aprobar hoy un primer conjunto de ocho planes nacionales de asignación de cuotas, la comisaria se ha declarado también decepcionada por el hecho de que algunos Estados miembros tarden en tomar las medidas necesarias para poner en marcha sin tropiezos el sistema a partir del próximo año.

Críticas ecologistas

Por su parte, la organización ecologista WWF/Adena ha lamentado que la mayoría de los planes presentados son demasiado permisivos. ‘La razón es que los gobiernos han cedido a las presiones de los sectores industriales y han realizado asignaciones generosas a las empresas ignorando el mandato del Protocolo de Kioto y permitiendo aumentos de emisiones’, critica Mar Asunción, reponsable del área de cambio climático de la ONG. En su opinión, la Comisión ‘debería coordinarse con todos los Estados miembros y desarrollar objetivos europeos para la asignación en el período 2008-2012’. Además, Asunción advierte de que tanto el Ejecutivo comunitario como los Estados miembros deben aprender de los errores de esta fase piloto (2005-2007) y remediarlos para la siguiente.
v Respecto al plan español, WWF/Adena ha valorado positivamente el cambio de tendencia del documento elaborado por el Gobierno socialista respecto al continuado aumento de emisiones que estaban experimentando los sectores incluidos en la directiva. ‘Supone un punto de inflexión y una pequeña reducción respecto a las emisiones de 2002’, señala la organización, aunque advierte que los diferentes sectores deberán realizar un esfuerzo mucho mayor en el período 2008-2012 para cumplir los compromisos del Protocolo de Kioto.