Artus Mas (CIU) anunció que posponía la aplicación del tijeretazo a la educación pública y la sanidad pública en Cataluña hasta después del 22 de mayo. Además, la patronal de hospitales catalana anunció que habrá unos 2.300 despidos. En Madrid se reducirán 10.000 personas de las 63.000 que trabajan en la sanidad pública. En Murcia […]
Artus Mas (CIU) anunció que posponía la aplicación del tijeretazo a la educación pública y la sanidad pública en Cataluña hasta después del 22 de mayo. Además, la patronal de hospitales catalana anunció que habrá unos 2.300 despidos. En Madrid se reducirán 10.000 personas de las 63.000 que trabajan en la sanidad pública. En Murcia (PP) anuncian despidos o aumentos de jornada en la administración pública. Tras el 22-M se avecina la tormenta perfecta del desmantelamiento de lo poco que queda de Estado de Bienestar y ya el gobierno (PSOE) plantea realizar en los próximos seis meses una batería de leyes que pasan por la trituradora los servicios públicos y las prestaciones sociales para «calmar a los mercados», estos dioses del nuevo fanatismo religioso neoliberal que gobiernan con mano de hierro nuestras cautivas democracias.
Porque vivimos en una democracia secuestrada por los mercados. En la que los políticos utilizan el mantra de «calmar a los mercados» como excusa para hacer que la crisis la paguemos quienes no la hemos provocado. Mientras salvan con nuestros impuestos a los culpables de la misma. Por eso ha surgido un movimiento ciudadano que grita: no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, democracia real ya.
En las acampadas que inundan las ciudades de media España lo que se pide y exige es un poco de sentido común. Desde que en los años ochenta comenzó la revolución de los ricos contra los pobres, este capitalismo del desastre, esta «democracia» gobernada por la plutocracia financiera, parece haberse impuesto como un destino inevitable ante el cual no es posible la rebelión.
Pero en esta rebelión ciudadana, las propuestas son de tan radical sentido común que por eso atraen cada vez a más gente que empieza a tomar la calle y exigir que la política esté al servicio de las personas y no del mercado: modificar la ley electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional en el que cualquier voto de cualquier ciudadano o ciudadana valga igual, establecer mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos, referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de la ciudadanía, especialmente todas las medidas dictadas desde la Unión Europea. Son propuestas que exigen más democracia, una democracia real ya, es decir, que se haga real ya lo que se proclama como democracia sin más: que la soberanía resida en el pueblo, no en los mercados ni en los banqueros.
Son cosas sensatas y mucho más concretas que buena parte de los programas electorales: que se reparta el trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural; que nadie pueda jubilarse más allá de los 65 mientras siga habiendo desempleo juvenil; que se bonifique a las empresas con menos de un 10% de contratación temporal; imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos; que el Estado expropie el stock de viviendas construidas y las coloque en alquiler protegido; que se permita entregar la vivienda en pago de la hipoteca, es decir, que en pago de una hipoteca la entidad financiera sólo pueda quedarse con la casa, no con la vida del afectado, de su familia y de sus descendientes; o que se restablezca el subsidio de 426 euros a todos los parados de larga duración y se aplique realmente la ley de Dependencia.
Pero son propuestas no al servicio de los mercados, pues con ellas los perjudicados serían bancos, millonarios y esas grandes empresas que protagonizan despidos en masa mientras presumen de beneficios. Que se aumente los impuestos de las grandes fortunas y entidades bancarias, que se eliminen las SICAV (esa forma de evasión fiscal legal de esas grandes fortunas), que se recupere el impuesto al patrimonio, que se combata la fuga de capitales a paraísos fiscales, que se prohíban los rescates de bancos, se les deje quebrar o se les nacionalice para constituir una banca pública, y que se regule y sancione sus movimientos especulativos (a través de la tasa Tobin).
No se está en contra de todos los políticos. Lo que se piden son políticos responsables que no estén en contra de la sociedad y que no utilicen las instituciones de todos para su interés personal. Por eso se exige la eliminación de los privilegios de la «casta» política estableciendo un estricto control del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos; sanciones específicas por dejación de funciones; supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones; equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español; eliminación de la inmunidad asociada al cargo; imprescriptibilidad de los delitos de corrupción; publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos y reducción de los cargos de libre designación.
Es todo un programa político, no partidista, en el que se exige incluso, algo de tan claro sentido común, como son unos servicios públicos de calidad, en el que se propone contratar médicos y médicas para acabar con las listas de espera y profesorado para garantizar una educación de calidad; en el que se quiere reducir el coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los grados y se plantea que haya una financiación pública suficiente de la investigación para garantizar su independencia; en el que se propone un transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible, restableciendo los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios, el abaratamiento de los abonos de transporte, la restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades y la construcción de carriles bici; en el que se exige la reducción del gasto militar.
Los ciudadanos y ciudadanas que hemos tomado las plazas estos días no somos antisistema. Antisistema es la corrupción, la injusticia o la impunidad. Todo lo que se pide tiene que ver con la justicia, con la honradez, con la democracia y la solidaridad. Y en esta lucha no sólo están los jóvenes, estamos ciudadanos y ciudadanas de todas las edades, indignados, que queremos ir más allá del 22-M y seguiremos luchando el 23-M, el 24-M y todos los días después, para conseguir que la democracia real sea posible ya. Porque el lunes, cuando estas elecciones hayan acabado, el Mayo del 11 continuará.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León
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