Hay que sumar voluntades, esfuerzos, personas e interés comunes en la lucha contra las violencias y las políticas y modos de hostigamiento, amenaza y muerte, para avanzar al tiempo en la prevención inmediata de formas de violencia contra las mujeres.
1960, 1981, 1993 y 1994 señalan fechas relevantes en la búsqueda de conciencia colectiva orientada a la erradicación de toda forma de violencia y conmina sin excepción a todo ser humano a reconocer, más allá de culturas, prejuicios, prevenciones y explicaciones, que las mujeres del mundo deben recibir trato, reconocimiento y respeto en todas sus actuaciones y conductas en igualdad, libres de discriminaciones y exclusiones, y tener acceso a garantías completas para realizar todos los derechos humanos consagrados en declaraciones y constituciones.
La Asamblea de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer mediante resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993, recordando la urgencia de que los estados y sociedades tienen la obligación de promover estrategias y dedicar esfuerzos y recursos, para la erradicar la violencia contra la mujer y adoptar la resolución 52/86, de 12 de diciembre de 1997 titulada “Medidas de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la violencia contra la mujer”, que acoge en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la Organización de los Estados Americanos del 6 al 10 de junio de 1994.
El mundo sin embrago a pesar de declaraciones y formas de atención ha perdido la signatura. Los informes de comisiones, grupos de trabajo y organizaciones de derechos humanos dan cuenta de la reducida efectividad de las estrategias y sobre todo la baja capacidad y compromiso de las instituciones, para prevenir el delito asociado a la violencia contra la mujer por múltiples desviaciones, prejuicios, formulas machistas y modos de la cultura que naturalizan, invisibilizan y contribuyen a mantener relaciones de dominio y poder, que alientan violencias y sometimientos.
Las universidades han venido acercándose a las temáticas de géneros y derechos humanos, y los grupos y colectivas de trabajo, han logrado a través de movilizaciones, que las agendas de gobierno universitarias y las agendas públicas de estado y entes territoriales, incorporen en los planes de desarrollo el tema de géneros y derechos. Llevar el tema a la condición de problema público, implica atención y compromisos reales, auditados por la comunidad.
Hay que sumar voluntades, esfuerzos, personas e interés comunes en la lucha contra las violencias y las políticas y modos de hostigamiento, amenaza y muerte, para avanzar al tiempo en la prevención inmediata de formas de violencia y atención donde se requiera en presente, pero a la vez fortalecer los cursos, dinámicas y circulación de saberes y experiencias de convivencia que mejoren la comprensión y educación colectiva. Instalar en la cultura los avances mediante el compromiso ético, humano y de conductas de respeto a la dignidad humana es entre tanto una tarea individual que sume e integre fortalezas colectivas.
Las universidades en sus dinámicas de construcción de paz han dado pasos todavía precarios pero valiosos en rutas de formación humana, en contexto y territorio, hacia la prevención con instrumentos y mecanismos para superar violencias inmediatas y diseñar estrategias y políticas que exigen amplia participación de colectivos, grupos, instancias y estamentos. El día 25 de noviembre es una fecha para reconocer, resaltar e interiorizar que toda forma de violencia contra la mujer debe ser rechazada e invita a comprender que la construcción de paz, exige compromisos y afirmaciones de respeto a la dignidad humana, y cuanto menos verdades absolutas y modos de policía moral, existan más fácil será entender que los derechos no tienen caducidad y que la seguridad humana avanzará mejor con garantías para ser, estar, habitar y vivir con dignidad.
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