De no mediar alguna sorpresa de última hora, el día 27 de diciembre la ciudadanía de Gipuzkoa asumirá -sin comerlo ni beberlo- una nueva deuda pública ilegítima de en torno a los 1.500 millones de euros. Este robo travestido de «gestión de residuos» se produce justo a las pocas fechas de haberse constituido la Red […]
De no mediar alguna sorpresa de última hora, el día 27 de diciembre la ciudadanía de Gipuzkoa asumirá -sin comerlo ni beberlo- una nueva deuda pública ilegítima de en torno a los 1.500 millones de euros. Este robo travestido de «gestión de residuos» se produce justo a las pocas fechas de haberse constituido la Red Municipalista contra la Deuda Ilegítima y los Recortes en Oviedo, en unas jornadas organizadas por Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD). Lamentablemente, los políticos y funcionarios cómplices de los planes de privatización de los servicios públicos no descansan en su afán de secuestrar todos los ingresos públicos, a cambio de dejarnos a la ciudadanía una administración con cada vez más recortes y menos capacidad de inversión y gastos, sean sociales o de todo tipo.
Mucho se ha hablado sobre los desastres que una incineradora acarrea a la salud de la ciudadanía, tanto a la actual a la futura, que sufrirá las consecuencias de esta máquina envenenadora en forma de enfermedades. También se ha intentado recalcar en las consecuencias que acarrea la incineración para el medio ambiente, la pésima gestión que hace de los recursos cada vez más menguantes. Al igual que hemos demostrado que existen alternativas ya en funcionamiento: muchas localidades de Gipuzkoa han pasado en poco tiempo de generar más de 250 kg o hasta 300 kg de basura/rechazo a generar menos de 60 kg, recogiendo de modo selectivo el resto, que se composta o recicla. Son continuas las visitas de gestores municipales de toda Europa a los municipios de Gipuzkoa, organismos como Zero Waste Europe o incluso el comisario de medio ambiente de la Unión Europea han señalado a Gipuzkoa como ejemplo de buenas prácticas en la transición hacia la Economía Circular.
Pero es que, además de los argumentos de salud que tan bien han descrito colectivos de médicos como el GEIS o de idoneidad ambiental, la construcción de la Incineradora de Gipuzkoa tiene un componente sin el cual no se entiende el empecinamiento de PNV y PSE en el tema: el asalto por parte de las grandes corporaciones privadas de gestión de servicios públicos. El proyecto de Incineradora de Gipuzkoa constituye un ejemplo de libro, porque habiéndose demostrado (ya en 2009 en Usurbil, primer municipio vasco con recogida Puerta a Puerta, y luego de modo más territorial durante la legislatura 2011-2015) que se pueden gestionar los residuos de modo mucho más barato y saludable, tanto los políticos de PNV y PSE como las compañías privadas han decidido cortar por lo sano la transición hacia la economía circular y secuestrar todos los residuos presentes y futuros hasta 2051 hipotecando a Gipuzkoa con la Incineradora.
En Gipuzkoa, a cambio de construir la Incineradora de Zubieta, el 27 de Diciembre GHK y Diputación dejarán en manos de los contratistas privados la gestión de todos los residuos de Gipuzkoa hasta 2051.
Durante 35 años, según reconocen las autoridades, la ciudadanía de Gipuzkoa pagará 1.500 millones de euros por incinerar sus residuos. Estos gastos suponen únicamente las obras de la fase 1, luego vendrán más.
Estas son algunas de las cláusulas por las cuales – según consta en documentos e informes como el recientemente conocido de la auditora Deloitte- las empresas incineradoras blindan el cobro de esas deudas, atando a toda la ciudadanía de Gipuzkoa hasta 2051:
– Los ayuntamientos no podrán llevar sus residuos a ninguna otra entidad, ni aunque se les ofrezcan mejores precios.
– El pago de esta deuda tiene prioridad para los ayuntamientos, frente a otros gastos sociales o de todo tipo.
– Si un ayuntamiento no paga su cuota a los incineradores, la Diputación se la descontará de sus aportaciones.
– Los ayuntamientos no pueden aprobar ningún presupuesto sin asegurar el pago prioritario de los gastos por la Incineradora.
– Si, una vez firmado el contrato, algún ayuntamiento deseara salirse de GHK, deberá pagarle – además de los gastos de las «separación»- todos los costes asumidos hasta 2051 más los perjuicios que ello acarree a los demás municipios.
– Las cuotas a pagar por los municipios de Gipuzkoa se calculan «a escote»: 85%por número de habitantes, 15%sobre basura generada: salen perjudicados los municipios que generan menos basura.
Los voluntarios del grupo local Residuo Cero/Zero Waste (Hernanin Zero Zabor) estamos explicando a la ciudadanía de nuestro municipio los graves perjuicios que nos acarreará el Robo de la Incineradora. En 35 años Hernani (19.000 habitantes) deberá pagar al año con la incineradora por el nuevo contrato 780.000 euros al año; en 35 años: Alrededor de 37.000.000 de euros.
Es una auténtica barbaridad. En muchos municipios de Gipuzkoa, entre ellos el nuestro, hemos sido capaces de reducir la generación de basura final a menos de 60 kg por persona y año. Ahora se nos quiere hipotecar, hipotecando los presupuestos de nuestro Ayuntamiento hasta 2051, para construir y gestionar una Incineradora pensada como si todos generáramos 285 kg como Donostia o incluso 300 kg como Irun.
El 27 de diciembre los políticos de PNV y PSE van firmar una adjudicación que constituye un autentico Robo para construir una Incieradora simbólica, ante las narices del municipio de Usurbil (6.000 habitantes), un insulto a los pioneros en Gipuzkoa en la mejor recogida selectiva de residuos, conocidos en toda Europa como ejemplo de buena gestión hacia la Economía Circular. ¿Lo permitiremos?
En estos tiempos de gran ofensiva neoliberal, no resulta tarea fácil oponerse a las grandes corporaciones. Recientemente el semanario Diagonal describía en la valiente crónica de Diego Sanz Paratche «El cambio en Madrid tropieza con la basura» la frustrada re-publificación de la gestión de residuos: «[Manuela] Carmena vuelve a poner los residuos sólidos urbanos en manos de las grandes empresas. Expertos y grupos por la remunicipalización hablan de falta de voluntad política». Al parecer, somos mejores protestando que protegiendo a la ciudadanía, una vez lograda una cuota de poder. Evidentemente resulta más fácil proclamar «Sí, se puede» en los mítines o por Twitter para luego, a la hora de las decisiones valientes, lamentarse de que «… es que no, No se puede…».
Partidos, sindicatos y organizaciones de todo tipo firmaron hace algunos años el Pacto de Usurbil, para oponerse a la incineradora y defender una buena gestión de los residuos. ¿Habrá fuerza y valentía entre todos esos organismos para defender a la ciudadanía de un modo efectivo?
Pello Zubiria Kamino. Voluntario de Hernanin Zero Zabor
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