El jueves 25 mientras dentro del Congreso de los Diputados se frustraba la investidura de Pedro Sánchez tras dinamitarse los puentes hacia un gobierno de coalición, afuera la policía impedía a cuatro personas manifestarse ante el Parlamento. El pequeño grupo coreaba «¡Nadie sin hogar!», mientras la policía les sacaba de allí en volandas. Reivindicaban así el derecho a un techo, un techo como el que ellos no tienen. Los últimos tres meses, lo único que han tenido sobre su cabeza es el techo de nylon de una tienda Quechua: pernoctan desde el 16 de abril frente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Seguridad Social. Pertenecen al campamento de personas sin hogar que, ante la apertura del ciclo electoral, se plantaron en un lugar visible con la intención de dialogar con los poderes públicos y presionar para que se garanticen sus derechos.
«Rápidamente la policía se nos ha echado encima y nos ha impedido manifestarnos en el lugar, éramos solo cuatro personas, no sé ni si está permitido que nos echen, lo que ha quedado claro es que somos incómodos para los políticos», cuenta Miki, una de las personas que protagonizaron la protesta del jueves. No es la primera vez que Miki conversa con El Salto, ya hace tres meses explicaba a este medio los objetivos de la acampada, una protesta protagonizada por personas sin techo que exigen que se cumplan sus derechos constitucionales y que nadie tenga que dormir en la calle.
En el momento de nuestra primera conversación eran aún pocas las tiendas verdes que se alineaban sobre el bulevar central de El Paseo del Prado, la gente animada charlaba pensando en los pasos a seguir pero sobretodo aliviada por estar en grupo, protegerse mutuamente y poder dormir, por primera vez en meses, en cierta calma.
El 25 de julio pasamos por la acampada algunas horas antes de la acción frente al Parlamento, no todo el mundo está enterado. Aún no son las once de la mañana y las decenas de tiendas que que se esparcen por la zona ajardinada están en calma. Se ven los pies de alguien asomar por la puerta. Una mujer barre, dos mujeres jóvenes apostadas sobre una mesa con información sobre los motivos de la acampada, explican la situación a quienes les quieran escuchar y recolectan pequeñas contribuciones económicas.
Algunas personas, pocas, charlan cerca de las tiendas. «Mira como tengo yo el cuerpo, ya no me puedo sacar ni el pantalón, me esta quemando el sol, y además tenemos 40 grados ahí dentro», Manuel Antonio muestra la piel ulcerada de sus brazos y piernas. No es su único mal, tiene enferma la vesícula y ha estado internado, el próximo martes, de hecho, pasará por quirófano. Después, volverá al Paseo del Prado. Con Manuel Antonio hablamos hace tres meses, en nuestra primera visita a la acampada, en aquella ocasión habló poco mientras su mujer y su hijo, vehementes, narraban su complicada situación y argumentaban la importancia de estar todos juntos. Lo que pide Manuel Antonio es tener una casa, soluciones habitacionales para quienes están ahí durmiendo, en esas condiciones. No tiene claro que esto vaya a suceder. «No nos están tomando en consideración» protesta: «Fíjate, el único que nos mencionó en el debate fue Rufián».
A Manuel Antonio le hubiese gustado que se formara gobierno de una vez. En todo caso espera que si se celebran en noviembre elecciones Podemos pueda crecer y se materialice un gobierno de coalición: «si está Podemos será más fácil dialogar», valora. «Rufián fue el único que nos mencionó explícitamente, quienes tenían posibilidades de gobernar no han hecho ningún gesto», lamenta por su parte Miki.
La mención de Rufián siguió a una reunión informal con ERC, según Miki. Los acampados no han cesado de intentar dialogar con los partidos y la administración: Se reunieron con la diputada Isabel Franco de Podemos, quien, cuenta Miki, se mostró muy sensibilizada, aunque no han visto ningún documento donde se reflejen las demandas de la acampada. También se reunieron con la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, Ana Lima, «intentó quitarse la responsabilidad aludiendo a que se trata de competencias transferidas, pero algo tendrá que decir el gobierno, ¿no?», critica Miki. Recientemente supieron que desde la Secretaría estarían poniendo en marcha un grupo de trabajo para abordar la problemática. «Lo leímos en una entrevista, no nos lo han dicho a nosotros directamente», matiza. Lo que plantean finalmente es que la Comunidad de Madrid cumpla el plan de Sin Hogarismo ya existente, y que el gobierno central fiscalice ese cumplimiento.
Antes de llegar a la acampada en Mayo, Itziar dormía en la Iglesia de San Antón. «Me vine porque tenía problemas de salud, aquí me dijeron que podría dormir en horizontal, y eso, aunque no lo parezca es importante», comenta Itziar tras lamentar las muchas horas que tuvo que descansar sentada en una butaca. Itziar tiene 28 años y estudios pero no conseguía trabajo y al final se ha visto en la calle. Cuando le preguntan que porqué ha terminado en esta situación, la respuesta es sencilla, no puede pagar un alquiler. «Y una vez estás fuera, es imposible encontrar trabajo, no puedes ducharte, no puedes vestirte en condiciones, y cuando te piden tu domicilio, pues no tienes».
Para Itziar la solución también pasa por el alquiler social: «mi pareja cobra 400 euros, con eso es imposible que paguemos una habitación». Ella lo que quiere es pagar un alquiler, pero a un precio asumible. Está embarazada de dos meses, y los golpes de calor la tienen agotada. Como Miki y Antonio Manuel se siente desoída, piensa que las pocas veces que los servicios sociales han acudido a ver cómo estaban era «puro postureo», que allí deberían ir médicos a preocuparse por la salud de la gente. Pero sobre todo invita a los políticos y a quienes «nos insultan diciéndonos que nos pongamos a trabajar» a que «vengan solo siete días a dormir aquí, nosotros les ponemos la tienda. Que se estén siete días lavándose la ropa a mano, sin tener donde ducharse, pidiendo limosna para comer. Que vengan siete y días y que luego se vayan a reflexionar a su casa, a ver si así reaccionan».
Reacción era lo que pedían muchas de las personas acampadas, adscritas al movimiento Nadie Sin Hogar, en un
comunicado publicado durante la semana, en el que demandaban «un pacto para garantizar el derecho a la vivienda». En el documento se emplazaba a PSOE y UP a pactar e incorporar sus demandas a las políticas sociales, que incluía la inclusión del enfoque Housing First, una aproximación al problema de la exclusión social que apuesta por cubrir las necesidades habitacionales de las personas como primer paso para luchar contra su exclusión.Miki, Manuel Antonio e Itziar expresan su decepción frente a la no formación de gobierno, pues quedan en suspenso decisiones que les afectan. «Nos toca esperar, encima ahora en agosto los comedores sociales de la CAM cierran, este tipo de cosas que parecen nimiedades para nosotros son fundamentales, se trata de nuestra comida», dice Miki, quien apuesta por seguir ahí. «No somos un colectivo, una etnia, nada, somos solo gente que no tiene hogar, pero que lo tuvimos, no nacimos en la calle. Para estar en un cajero, pues mejor estamos juntos, porque así, sobretodo, podemos cambiar las cosas».
Según estimaciones de Cáritas 40000 personas no tienen hogar en el Estado español. Lo cierto es que resulta muy difícil contar con estadísticas claras al respecto, el INE, por ejemplo, solo censa a las personas usuarias de centros. Según la
Estrategia nacional integral para las personas sin hogar, desde la crisis, el número de personas en situación de calle aumentó, así como la cronificación de esta situación. Los recursos disponibles para estas personas se revelan insuficientes. «Yo creo que en agosto pasará algo, o nos desalojan o nos atienden», apunta Manuel Antonio, que está más cercano a la tesis del desalojo. Si no les desalojan, va a ser difícil que se vayan de ahí para volver a estar invisibles y dispersos. Pues, como sentencia Miki: «La singularidad de esta protesta es que no podemos rendirnos e irnos a nuestra casa. No tenemos casa a la que ir».