Conviene aprender de lo que sucedió en los 80, cuando la obsesión por «estar en las instituciones» desembocó en el desmantelamiento de muchos movimientos sociales
Estamos en vísperas de elecciones municipales recién cumplidos cuarenta años de las primeras democráticas, en 1979. Entonces, la gran mayoría de los ayuntamientos andaluces tuvieron gobiernos de izquierda (o eso se creía o percibía) al cumplirse el pacto previo y público entre PSOE, PCE, PSA y PTA por el que habría gobiernos de coalición encabezados, como alcalde, por el cabeza de la lista más votada de ellos. Lo que se cumplió fielmente, con la excepción del cambalache entre PSA y PSOE intercambiando las alcaldías de Granada y Huelva por la de Sevilla, a instancias del primero, que quiso, a todo trance, conseguir esta ciudad regalando las otras dos al partido de Felipe González (e iniciando así su larga y lamentable marcha, de componenda en componenda, hacia la irrelevancia y final desaparición).
Fueron aquellos primeros ayuntamientos democráticos, muy poco después de constituirse, los que iniciaron el proceso de iniciativa autonómica a través del artículo 151 de la Constitución que culminó en el referéndum del 28 de Febrero del siguiente año. Tras el pronunciamiento de los de Puerto Real y Los Corrales (con alcaldías del PTA y de la CUT), la inmensa mayoría de los ayuntamientos andaluces dieron también el paso adelante obligando a los propios partidos políticos y a la Junta preautonómica, que vacilaban con la eterna justificación de que «aún no había suficientes condiciones objetivas», a seguir el mismo camino ante el hecho consumado de que, en unos pocos meses, o se conseguía sumar a la gran mayoría de los municipios o habría que esperar cinco años para poder plantear de nuevo la autonomía. Una autonomía que entonces se pensaba «plena» e instrumento eficaz para la transformación de Andalucía (el que luego no fuera ni lo uno ni lo otro sería la base del rápido desencanto político cuyas consecuencias continúan hoy, pero este sería otro tema).
La cultura política andaluza progresista y de izquierda, desde la segunda mitad del siglo XIX, siempre había tenido como un componente central el nivel municipal. La propia construcción de Andalucía como sujeto político se planteaba confederalmente, de abajo arriba, y no de forma burocrática y siguiendo un modelo centralista, como se ha hecho. Así, el proyecto de la llamada Constitución andaluza de Antequera, de 1883, contenía, en realidad, tres constituciones: una para los municipios, otra para los cantones (hoy diríamos las comarcas y áreas metropolitanas) y la tercera para Andalucía. Esta debería ser, en palabras de Blas Infante años después, un anfictionado (confederación) de pueblos (municipios y comarcas).
Hoy, algunos tenemos la convicción de que es en este planteamiento municipalista y de construcción «de abajo arriba», y no a la inversa, donde está la única base posible para avanzar hacia una Andalucía libre de la dependencia económica, superadora de la subordinación política y con una reactivada y creativa identidad cultural. De una Andalucía construida por sí, desde los municipios y de acuerdo con las necesidades y aspiraciones de la gran mayoría de los andaluces/zas. Y en fraterna solidaridad con los pueblos de Iberia y del mundo. Ello podría ser posible a condición de que no creamos que la acción municipalista se manifiesta solamente en la actuación en (y respecto a) los ayuntamientos. La presencia y acción dentro de estos no debería ser sino una de las vertientes del municipalismo y, para estar justificada, ser consecuencia de la acumulación de esfuerzos, voluntades y trabajo cotidiano en los movimientos sociales y las asociaciones y colectivos de la sociedad civil sobre los problemas y aspiraciones de los habitantes de cada pueblo y ciudad (y de cada barrio de las ciudades y pueblos). Si no fuera así, la labor en los ayuntamientos, como en otras instituciones políticas, podría ser incluso contraproducente porque esterilizaría la participación directa ciudadana y haría gastar unas energías que deberían aplicarse, sobre todo, a la creación de estructuras y experiencias transformadoras en lo político, lo social, lo económico y lo cultural. Conviene aprender de lo que sucedió en los años 80, cuando la obsesión por «estar en las instituciones» desembocó en el práctico desmantelamiento del movimiento vecinal y de otros movimientos sociales sin apenas resultados positivos apreciables.
Creo imprescindible que reflexionemos sobre estas cuestiones en vísperas de las elecciones del día 26, cuando raro es el partido o «confluencia» que no se declara municipalista. Sólo deberíamos tomar la afirmación en serio si durante años se ha practicado realmente el municipalismo. Si no fuera así, se trataría de la utilización de una palabra vaciada de contenido.
Isidoro Moreno. Catedrático Emérito de Antropología
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