Se han cumplido tres años desde que Rajoy ocupó la Moncloa y ya tenemos bastante. No solo ha incumplido sus promesas electorales, sino que con sus políticas ha perjudicado la salud y el bienestar general. Más impuestos, reforma laboral, pago, copago y repago sanitario, congelación de pensiones, recortes en gastos sociales, eliminación de servicios públicos, […]
Se han cumplido tres años desde que Rajoy ocupó la Moncloa y ya tenemos bastante. No solo ha incumplido sus promesas electorales, sino que con sus políticas ha perjudicado la salud y el bienestar general. Más impuestos, reforma laboral, pago, copago y repago sanitario, congelación de pensiones, recortes en gastos sociales, eliminación de servicios públicos, rebaja de salarios a funcionarios, corrupción en los bancos nacionalizados, más paro y menos derechos.
Contra lo que dijeron, la economía española no sólo no ha mejorado, sino que ha ido a peor y las condiciones de vida de la mayoría de los españoles y españolas marcha atrás.
No lo digo ahora, ya lo dije hace dos años (economía de esfuerzos utilizo en estas fechas). Parece que fue ayer, pero todo se está cumpliendo. Se mire por donde se mire, el balance de este tiempo es absolutamente desastroso. «Gobernar es repartir dolor», llego a decir el ex ministro Gallardón, para defender su política. El «tasazo» judicial, llegó para atacar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y lo sigue haciendo con Catalá. El gobierno ha repartido dolor entre la ciudadanía más necesitada y para bienes a la banca, a las grandes corporaciones empresariales, en definitiva al poder económico. Defienden los intereses de las grandes fortunas y desprecian a quienes solo poseen el trabajo para sobrevivir; algunos no pueden ni con trabajo.
Nada se puede esperar de este gobierno, con una ministra de empleo, que se encomienda a la virgen de su pueblo, para que favorezca la creación de empleo. La ministra no ayuda ni a la virgen; en su lugar, una reforma laboral injusta, inútil e ineficaz, que ha conseguido lo contrario de lo que se precisa. Y el ministro de educación, que para defender su retrógrado modelo educativo, al servicio del más rancio y reaccionario catolicismo, se comparó con un toro bravo, que se crece en el castigo. Demasiado noble es el toro para tal comparación. España, con el Partido Popular en el gobierno, entró en una situación de degradación e involución, como nunca antes había ocurrido en los últimos tiempos. Espero que hayamos aprendido en este tiempo; lo tenemos a la vista.
Rajoy ha fracasado estrepitosamente en su política de recuperación económica y de creación de empleo, suponiendo que es eso es lo que pretendía. Ha eliminado derechos sociales y laborales. Después de tres años de gobierno, Los hogares con todos sus miembros en paro se sitúan, en el tercer trimestre del año, en 1.789.400. La tasa de paro se acerca al 24% y la tasa de paro juvenil representa el 52,4%. Malos resultados, peores previsiones y ninguna señal de recuperación para la económica ciudadana.
Desvergüenza es decir poco; el ministro del Guindos llega a manifestar en la Cadena Ser que «Se ha perdido el miedo a perder el puesto de trabajo» y lo dice el que fue directivo en España de PricewaterhouseCoopers International Limited, que negociaba pactos para eludir impuestos en Luxemburgo entre 2008 y 2010, así como la cara, en España y Portugal, de Lehman Brothers cuando, en 2008, la entidad quebró por el escándalo de las hipotecas subprime. Demasiado miedo hay, no solo a perder el empleo, sino a no volver a encontrarlo nunca, sobre todo los mayores de 45 años.
La lacra del paro acarrea otras miserias, que llevan a mucha gente a la exclusión social. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en España sigue aumentando de forma ascendente, hasta el 27,3% de la población y uno de cada cinco españoles (20,4%) está directamente en riesgo de pobreza. Este indicador cuenta la baja intensidad de empleo en los hogares y la «carencia material severa»; como no poder ir de vacaciones, no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder calentar la vivienda, no poder tener coche, lavadora o teléfono, o no disponer de 650 euros para gastos imprevistos. Para arreglarlo, el gobierno, en su último Consejo, ha tenido a bien subir un 0,25% las pensiones y un 0,5% el salario mínimo, hasta dejarlo en 645,3 euros mensuales. El presidente ha admitido que esa alza del 0,5 % en las pensiones es «modesta», pero que no perjudica en la capacidad de compra, al coincidir con «una inflación que es igual o negativa» (IPC -0,4% en noviembre). «¿Cómo va a ser una ‘gran nación’ un país gobernado por una banda de ladrones, imbéciles y fascistas meapilas?», me pregunto con mi amigo, el profesor Ramón Cotarelo.
Los indicadores básicos de la economía han empeorado y la economía real retrocede. El ministro Montoro, el que decía: «que caiga, que ya lo levantaremos nosotros», tampoco da más de sí. Su política de contención del déficit público tampoco ha dado resultados. Los presupuestos aprobados este año, no son precisamente «los presupuestos más sociales de la democracia», sino que vienen a consolidar la miseria, a la que nos han traído los populares. El déficit público se sitúa en el 4,05% hasta septiembre y la deuda pública en España ha crecido en el tercer trimestre de 2014 en 7.630 millones de euros y se sitúa en 1.020,236 billones de euros, el 96,80% del PIB en España. No han levantando nada, lo han hundido todo, sabiendo lo que hacían, para entregar la riqueza a quienes ostentan el poder económico.
La corrupción ocupa todo el espacio público: Casa del Rey, gobiernos de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos y entidades financieras rescatadas. Casos como Nóos, Gürtel, «Sobresueldos PP», Púnica, Pujol, Bankia, Brugal, Campeón, Pretoria, Pokemón en Galicia o EREs en Andalucía, que parecen nombres de dibujos animados, pero son negocios escandalosos, tarjetas black, despilfarro, lujo que viene a humillar a la clase trabajadora sacrificada por estos indeseables. Unos en prisión: Jaume Matas, Carlos Fabra, José María Fraile, Luis Bárcenas, Díaz Ferrán, Núñez, Julián Muñoz o Isabel Pantoja, otros a punto de ingresar, ser imputados o han tenido que dimitir, como Rodrigo Rato, Miguel Blesa, Hernández Moltó, Narcís Serra, Magdalena Álvarez, Villar Mir, Ana Mato, Sonia Castedo y los últimos Ricardo Costa y Yolanda García. Y el PSOE pidiendo que Cristina de Borbón renuncie a sus derechos dinásticos, cuando lo que tienen que pedir, por autenticidad democrática, es la abdicación real de la familia entera, que conocemos de su afán de riqueza y capacidad de negocios.
Delante de nosotros, están desvalijando las arcas del Estado y lo peor es que, como a los malos «magos», se les ve el truco, pero siguen actuando. Unos a las claras, mediante políticas privatizadoras, antisociales e injustas y otros a las bravas, negociando con las Administraciones Públicas de forma criminal y todos cómplices. Muchos cometiendo delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, blanqueo de capitales, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil y diversos delitos fiscales o atraco descarado. No es raro que a un 63,8% de los españoles les inquiete la corrupción, como segunda preocupación tras el paro. Jamás antes, en la reciente historia democrática, se había alcanzado una cota tan alta de basura. La percepción, tiene sus datos objetivos: el año ha comenzado con más de 2.000 imputados por corrupción en 150 casos abiertos.
Poco hemos podido disfrutar del incipiente Estado de Bienestar, que los países europeos de nuestro entorno, modelaron al finalizar la Segunda Guerra Mundial, mientras por aquí gobernaba el fascismo nacional católico, caciquil y reaccionario. Hoy lo estamos por sus herederos directos. Aquel pacto social, que llegó tardíamente a España, se ha roto. El gobierno ejerce el poder de manera fundamentalista, despótica y agresiva, a la vez que autoritaria y represora.
Hay más de un millón de parados de larga duración más desde que gobierna el PP, más de dos millones de hogares no tienen recursos, más pobreza, más menores en riesgo de pobreza, los jubilados con menos pensión, los enfermos con escasos recursos asistenciales, las personas dependientes sin ayudas o inferiores a las de 2011. Los jóvenes abandonan España, haciendo «movilidad exterior», como lo llaman los indeseables del gobierno y cada vez más desahucios. Los salarios se han dejado más del 20% de media; la ciencia y la investigación españolas ni están ni se las espera; no creamos riqueza y la que había, la que no se ha perdido, la han robado estos cuatreros. Hay más déficit público, más endeudamiento, menos dinero en el Fondo de Reserva para pagar las pensiones y los precios cayendo, con riesgo real de deflación. Del ejército al que el Teniente Segura acusa de corrupto, hablaremos otro día.
Los Presupuestos Generales, para este año consolidan la miseria, provocan más incertidumbre, peores expectativas de futuro y más desigualdad para la mayoría con menos derechos laborales y sociales y más desprotegidos en las libertades públicas y en derechos fundamentales. El gobierno da por superada la crisis y anuncia cifras de empleo, producción o rentas que, «salvo que mantenga el ritmo de manoseo de las estadísticas oficiales», solo es propaganda electoral. Para el economista Alejandro Inurrieta «La realidad económica, pero sobre todo financiera, es otra bien distinta».
Dijeron que iban a crear tres millones de empleos, que no iban a subir el IVA ni recortarían en sanidad o educación. Ahora dicen que hemos salido de la crisis y nos mienten nuevamente. Este es el balance de tres años; estamos más cerca de una nueva depresión económica que de una recuperación. Pensábamos que habíamos salido, para siempre de las catacumbas de esa España triste, inculta, de estraperlistas corruptos y curas innobles y transcurrido este tiempo, el gobierno nos ha transportado a ella otra vez. Cierro con el resumen que hace un personaje de Forges ¡La madre que los parió!
@caval100
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