La crisis del Banco Madrid es en sí misma una nimiedad. Un banco relativamente pequeño filial de un, asimismo pequeño, banco de un país diminuto, un país perdido en un valle de los Pirineos, la Banca Privada d’Andorra. Aparentemente se trata de un caso de libro: el banco ha realizado actividades ilegales, ayudando al blanqueo […]
La crisis del Banco Madrid es en sí misma una nimiedad. Un banco relativamente pequeño filial de un, asimismo pequeño, banco de un país diminuto, un país perdido en un valle de los Pirineos, la Banca Privada d’Andorra. Aparentemente se trata de un caso de libro: el banco ha realizado actividades ilegales, ayudando al blanqueo de capitales presuntamente mafiosos. Es descubierto, intervenido y sancionado, lo que provoca la huida masiva de clientes que, a su vez, conduce al banco a la bancarrota. Como se trata de un banco pequeño, en el que la mayoría de clientes son gentes con recursos, el efecto del cierre del banco se presume pequeño; no generará un efecto multiplicador en el resto del sistema bancario. Los depositarios en el banco van a perder sus depósitos por encima de los 100.000 € por titular que garantiza el Fondo de Garantía de Depósitos, pero esto tampoco parece ser un tema socialmente preocupante. Quién tiene depósitos por encima de 100.000 € es que tiene mucho dinero (lo más normal es que sabiendo el marco regulatorio o por simple precaución, quien tiene bastante dinero diversifica su colocación entre diversos activos y/o entidades). Además, sabemos que muchos de los inversores en el banco no eran depositantes, eran inversores en fondos de inversión o propietarios de sicav que el Banco simplemente administraba sin integrar en su balance. Éstos no van a perder nada, simplemente estarán forzados a cambiar de administrador. O sea que la historia simple habla de normalidad, el banco acaba cerrando porque hizo cosas irregulares y los paganos van a ser fundamentalmente sus propietarios y directivos (alguno ya ha sido detenido), sus empleados (que irán al paro por trabajar en una entidad indeseable) y los ricos detentores de depósitos por encima de 100.000 €. Siempre cabe hacer la pregunta de quién correrá con las deudas que al final haya dejado el banco si la retención de depósitos y valor real de los activos del banco las cubren (si como se ha dicho hubo una estampida de depositantes al anunciarse la primera intervención es bastante lógico pensar que quedará poca gente con más de 100.000 € en un depósito).
Pero esto es sólo parte de la historia. Lo que pone en evidencia esta peripecia es una vez más la existencia de un entramado de bancos para ricos, con raíces en paraísos fiscales o espacios fiscales opacos que constituyen el espacio preferido de todas aquellas personas o empresas que tienen dinero, que pretenden evadir impuestos o que operan en áreas económicas de escasa legalidad. De hecho, cuando saltó el caso BPA-Banco Madrid ya llevábamos tiempo hablando de Andorra en relación a la fortuna de la familia Pujol. Y ya habíamos aprendido las resistencias de este país a dar información para esclarecer responsabilidades. Las mismas resistencias que pone Suiza en el caso Bárcenas. O la cobertura masiva que prestó el gobierno luxemburgués del señor Juncker para facilitar la evasión fiscal a gran escala de un populoso elenco de multinacionales. Las reformas que en los últimos años se han emprendido y que han llevado a estos países a salir de la lista del mal de «los paraísos fiscales» parece más un intento de lavado de imagen que no un intento serio de reforma de las reglas fiscales y financieras del mercado mundial. Al fin y al cabo el orden social tan desigual consolidado con las políticas neoliberales sigue necesitando de espacios donde ejercitar sus criminales maniobras fiscales. Y estos «pequeños países» constituyen en sí mismos marcos mucho más manejables que las grandes naciones. En este sentido resulta evidente que el fraccionamiento territorial (que implica un fraccionamiento del poder político y el marco regulatorio) constituye un elemento esencial para el buen funcionamiento del orden capitalista global de las multinacionales y los ricos.
Es en este caso significativo que los problemas del BPA y el Banco de Madrid no se iniciaran en sus propios reguladores, sino que fueran producto de una intervención desde los EE UU. Del mismo modo que parece significativo que la radicalidad de esta intervención tuviera más que ver con motivaciones políticas (los responsables del blanqueo coinciden, curiosamente, con alguno de los principales «enemigos» políticos de EE UU: Venezuela y Rusia) que con el simple hecho generalizado del blanqueo. Así como resulta notorio que aquí se aplica una regla diferente al pequeño que al grande al que simplemente se le multa, como ha ocurrido recientemente con los «sistémicos» bancos HSBC (el indiscutible rey de las operaciones sucias) y el Deutsche Bank, a los que simplemente se ha multado por actividades que exceden con creces a las del banco andorrano. Y es que ya se sabe que en el capitalismo de casino el tamaño importa mucho. Quizás por esto el Banc de Sabadell ha corrido a anunciar la compra del británico TSB como parte de una sostenida carrera del banco catalán por alcanzar el tamaño de banco sistémico que es la mejor protección frente a intervenciones y quiebras.
Si este «pequeño tropiezo» es de por sí un recordatorio del papel que juegan este tipo de bancos, de las estructuras internacionales que intervienen en un verdadero proceso de saqueo global, hay otra cuestión que resulta altamente significativa: el de la imbricación de sus gestores con las instituciones reguladoras del mercado. Aunque el Banco de Madrid era propiedad de la familia andorrana Cierco (una saga tradicional andorrana: su negocio tradicional ha sido el tabaco -lo que explica algunos problemas por cuestiones de contrabando- con intereses inmobiliarios y hoteleros; uno de los hermanos forma parte de la junta del FC Barcelona) su filial española (adquirida en 2011) estaba presidida por José Pérez, antiguo jefe de supervisión del Banco de España, y en su consejo de administración participaba Soledad Núñez, ex directora general del Tesoro en la época de Zapatero y ex consejera del Banco de España. Sorprende, por decirlo irónicamente, que alguien que ha ocupado cargos en las instituciones encargadas de regular el sistema financiero esté al mando de un banco acusado de blanqueo de dinero y, posiblemente, de encubrir a bastantes evasores fiscales (BPA es también el banco andorrano de los Pujol). O, al contrario, más bien parece que si los Cierco fichan a un alto cargo del Banco de España para dirigir su entidad es porque sus contactos y sus conocimientos resultarán útiles para sortear los problemas a los que siempre se enfrentan las grandes fortunas en materia fiscal. Cuando menos servirá para dar seguridad a los clientes de que su dinero y sus intereses están respaldados por alguien que les servirá de escudo protector (hace un par de años un alumno que residía en Luxemburgo me comentó que tenía relación personal con un directivo de otro banco privado -o sea dedicado a gestionar patrimonio de gente opulenta- español con sucursal en este país y que le había comentado que un elemento clave para atraer clientes es que al tener la sede en el Gran Ducado les daba confianza porque al ser un país comunitario era menos probable que les investigaran irregularidades fiscales, una especie de paraíso protegido).
A menudo cuando se habla de puertas giratorias se piensa en políticos que se pasan a, o provienen de, las grandes empresas privadas. Y es una presunción cierta. Hay casi treinta ex ministros colocados en diferentes consejos de administración de grandes empresas financieras, eléctricas, constructoras, gestoras de servicios públicos. Pero donde las puertas giratorias son más palpables y directas (en la relación que existe entre la actividad pública y la privada) es en el nivel inferior de Secretarios de Estado y altos cargos. Por no citar los entes públicos colonizados por los intereses privados del sector que teóricamente debe controlar (como es el bien conocido caso del Consejo de Seguridad Nuclear). O el frecuente trasiego de altos cargos de la inspección tributaria hacia bufetes de abogados o compañías de asesoramiento fiscal. Y es que las fauces de los grandes intereses privados tienen uno y mil mecanismos para influir sobre el sector público. El caso de José Pérez es en este sentido emblemático, pues un antiguo regulador ha acabado dirigiendo un banco acusado de blanqueo.
Banco Madrid es pequeño. Posiblemente su cierre es sólo un pequeño accidente en comparación con el enorme fiasco financiero. Pero su caso reúne características muy significativas del modelo de capitalismo dominante. Un modelo en el que el papel del Estado, su permisividad, sus normas y los mecanismos para eludir, su confusión entre gestores públicos y privados, están a la entera disposición del enriquecimiento privado de una minoría. Su cierre no es más que una anécdota, que permite mantener la ficción de que hay una supervisión atenta, cuando todos sabemos que hay muchos y más grandes Bancos Madrid en todo el orbe y que las puertas giratorias siguen permitiendo una relación fluida entre regulados y reguladores. Si en lugar de negociar con algún ruso, la clientela fuera de otra procedencia quizás ni se hubiera conocido el desastre.
Es evidente que lo que se requiere es otra regulación a escala nacional e internacional que ponga coto, a la vez, a estas dos pestes que forman parte del diseño institucional que promueve la desigualdad en todas partes. Hagamos que el ejemplo de un pequeño banco se convierta en lo que verdaderamente es un gran problema político, económico y social.