Con el fin de protestar contra la «degradación constante» de las condiciones laborales, los técnicos empleados en las contratas y subcontratas de Telefónica-Movistar, así como los denominados «falsos autónomos», comenzaron una huelga indefinida el 28 de marzo en Madrid (decidida en una asamblea de más de 400 trabajadores), que se extendió una semana después al […]
Con el fin de protestar contra la «degradación constante» de las condiciones laborales, los técnicos empleados en las contratas y subcontratas de Telefónica-Movistar, así como los denominados «falsos autónomos», comenzaron una huelga indefinida el 28 de marzo en Madrid (decidida en una asamblea de más de 400 trabajadores), que se extendió una semana después al conjunto del estado. El objetivo de la protesta es la retirada del nuevo contrato «bucle» 2015-2018 entre Telefónica y las empresas contratistas, ya que se «rebajan sustancialmente», sostienen los técnicos afectados, las puntuaciones de sus trabajos y en consecuencia las remuneraciones.
Telefónica-Movistar viene reduciendo progresivamente en los últimos años las cantidades que abona por los servicios prestados a empresas como Abentel, ITETE, Cobra, Dominion Networks, Cotronic, Liteyca, Teleco, Elecnor, Montelnor o Comfica. Es más, la multinacional sigue una «hoja de ruta» basada en sustituir a su plantilla fija por una cadena de contratas y subcontratas (hasta en cuatro niveles), en la que la precariedad aumenta a medida que se desciende a los escalones más bajos.
Las empresas contratistas terminan por trasladar a los trabajadores las condiciones leoninas que establece Telefónica-Movistar. En el final de la cadena se sitúan los trabajadores autónomos, a quienes las empresas contratan por dos-cuatro horas diarias en muchos casos, pero que se ven forzados a trabajar hasta 12 horas al día, incluidos los fines de semana, para alcanzar los 700-800 euros netos mensuales. Además han de alquilar a las mismas empresas las herramientas, los vehículos de trabajo y el carburante. La plantilla de las empresas contratistas y subcontratistas de Telefónica-Movistar son también víctimas de una creciente precarización.
Además, «Telefónica impone un número mínimo de de actuaciones exitosas, y no considera como horas trabajadas las que dedicamos a realizar instalaciones que, por razones ajenas a nuestra voluntad, nos resulta imposible terminar en el plazo previsto», asegura en un comunicado la Asamblea de Técnicos y «Falsos Autónomos» Subcontratados de Telefónica-Madrid.
Miguel, con diez años de antigüedad en Abentel, es un «autónomo» que trabaja como instalador doce horas diarias y dos fines de semana al mes. Su perfil se ajusta bien al de los técnicos que se movilizan desde hace dos meses. El contrato le marca ocho horas, pero hace un número mucho mayor, asegura. Además ha de pagarse los conectores para la fibra, latiguillos y el resto de materiales. Cobra el sueldo base, mil euros netos. «Tampoco nos pagan las horas extra». Bernat lleva una década como instalador y reparador de fibra óptica en otra contrata de Movistar en Barcelona, Cotronic. Además de las jornadas de trabajo por encima del convenio, destaca la presión sobre los empleados: «Te ponen dos altas de línea en domicilios, por ejemplo, sin que haya tiempo material para la instalación». «La cosa ha empeorado mucho en los últimos cinco años», agrega. «Telefónica no nos considera sus trabajadores, por eso sólo negocia con aquellos que tiene directamente en plantilla».
Fuentes de la Inspección de Trabajo afirman que la fórmula de los «falsos autónomos» es utilizada habitualmente por las empresas en algunos sectores. De hecho, hay una campaña específica de la inspección para perseguir estas irregularidades, que en el teletrabajo, el telemarketing o la construcción resultan frecuentes.
Telefónica logró un beneficio neto de 1.802 millones de euros en el primer trimestre de 2015, un 162% más que en el mismo periodo del año anterior. El presidente de Telefónica, César Alierta, obtuvo una remuneración de 5,75 millones de euros en 2014 (percibirá además en 2015 cuatro millones de euros correspondientes a los bonus del año anterior). En enero la compañía abonó una indemnización 15 millones de euros al exconsejero delegado de Telefónica Digital, Matthew Key, después de abandonar el cargo. José María Álvarez-Pallete, consejero delegado de la compañía, tuvo en 2014 una remuneración de 4,95 millones de euros (un 35% más que en el año anterior). Entre fijos y variables, los ingresos de los consejeros ejecutivos de Telefónica en 2014 sumaron 25,5 millones de euros (un 3,2% más que en 2013).
CGT recuerda que hace dos décadas Telefónica contaba con 77.000 personas en plantilla, en unas condiciones laborales que se lograron tras años de lucha. Actualmente los trabajadores en plantilla rondan los 22.000, mientras que aproximadamente otras 100.000 personas trabajan «indirectamente» para Telefónica. «La división entre el personal de Telefónica y el de contratas es histórica; nos hemos dejado engañar por el discurso tramposo de la empresa, que eufemísticamente llama colaboradoras a las empresas que contrata», sostiene el sindicato.
La plantilla «directa» de Telefónica-Movistar se ha sumado a las reivindicaciones de los técnicos de contratas y subcontratas. A partir del 2 de junio han convocado paros de dos horas todos los martes y jueves, con las siguientes reivindicaciones: terminar con la «externalización» de actividades en áreas como «Operaciones» y «Comercial»; acabar con la precarización de las plantillas; la consideración de «a igual trabajo, igual salario» y la recuperación de las actividades «externalizadas» con la plantilla necesaria. Otro motivo de los paros es la asignación de tareas a trabajadores de Movistar para sustituir a los huelguistas de las contratas.
Con 15 años de experiencia laboral en Telefónica-Movistar de Valencia, Rut Moyano tiene claro que la tipología de contratación establecida es un «experimento» que llegará a otras empresas. A modo de «laboratorio», «Telefónica es siempre pionera en estas estrategias de fragmentación y precarización de la fuerza de trabajo; los trabajadores de plantilla les sobramos; con un sueldo de los empleados directos, pagan a cuatro técnicos de las contratas», explica esta asesora comercial a empresas y delegada sindical de CGT. Recuerda Moyano que ocurre algo muy parecido en el sector del telemarketing, con contratas como Atento, empresa en la que los trabajadores pueden cobrar un tercio de lo que se gana en Movistar («y eso que se acogen al convenio del telemarketing», matiza). «Cuestión diferente es si hablamos de las llamadas que se atienden desde Marruecos o Colombia».
En las posiciones más combativas se sitúan organizaciones como la Alternativa Sindical de Trabajadores (AST), principal impulsora del paro indefinido, CGT, la Confederación Intersindical Galega (CIG), COBAS, En Construcció, ESK (Convergencia de la Izquierda sindical) y LAB, que representan a casi un tercio de la plantilla de Telefónica. Estos sindicatos han manifestado su apoyo a los trabajadores precarios de las contratas y rechazado «la externalización de tareas a empresas que, en situaciones casi infrahumanas, esclavizan a las personas en beneficio de propietarios y directivos». Además critican el acuerdo suscrito el 5 de mayo por CCOO y UGT (señalados como «mayoría oficialista») con diez contratas de Telefónica-Movistar, que pese a contener «algún elemento positivo (incremento de los puntos del baremo o reducción de penalizaciones), resulta claramente insuficiente».
Afiliados y delegados sindicales de Comisiones Obreras de subcontratas como Elecnor, Abentel o Cobra han remitido una carta al secretario general de Industria de este sindicato, en la que califican como «auténtico escándalo» la firma del acuerdo del 5 de mayo, «que nosotros jamás habríamos suscrito». Critican que el sindicato les dijera «que nada se podía conseguir o que esta lucha era muy difícil, al tiempo que negociaba con las empresas y con Telefónica a nuestras espaldas; y se dejaban al margen nuestras reivindicaciones». Denuncian asimismo una campaña de hostigamiento contra los delegados y afiliados que han pedido explicaciones.
El testimonio de Sergio, técnico de provisión de líneas que desde hace trece meses trabaja para Teleco, resume la situación de los «falsos autónomos». Se obliga a trabajar entre 12 y 14 horas diarias y en fines de semana alternos, para reunir -cuando el trabajo marcha bien- 800 euros «limpios» al mes. Sin vacaciones, sin bajas por enfermedad pagadas y teniendo que abonarle a la empresa por el vehículo, la gasolina y los materiales. Un trabajador indefinido de Telefónica-Movistar cobra por realizar las mismas tareas que Sergio en torno a 2.000 euros mensuales. Todo esto «es la consecuencia de las condiciones brutales que Telefónica aplica a las contratas», afirma. Centra la atención en el régimen disciplinario del contrato «bucle»: sanciones de 1.200 euros por no ponerse el casco mientras, sobre una escalera, se instala una línea; si algún cliente tiene alguna «incidencia» y el técnico se traslada al domicilio para repararla, la empresa es la que cobra por el desplazamiento (hasta 75 euros).
El conflicto oscila entre polos opuestos. Trabajadores de Movistar mantuvieron un «encierro» en la sede del Mobile World Centre de Barcelona hasta el 30 de mayo. Abandonaron la protesta después que se acordara el inicio de una mesa de negociación, en la que Telefónica-Movistar se ofreció como mediador. El juez había ordenado el desalojo «urgente» del local (ante los requerimientos del abogado de Telefónica), que finalmente no se ejecutó. En el otro extremo del péndulo, una multinacional, Telefónica, que invirtió en publicidad 45,3 millones de euros en medios convencionales, el noveno anunciante del estado español (datos de 2014 de InfoAdex). Y que incluye en la nómina de beneficiados por las «puertas giratorias» a Rodrigo Rato, Iñaki Urdangarin, Eduardo Zaplana, Narcís Serra, José Iván Rosa Vallejo (marido de Soraya Sáenz de Santamaría), José Fernando Almansa (exjefe de la Casa Real), Javier de Paz o Alfredo Timmerman (exjefe de Gabinete de Aznar).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.