Las recientes reformas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana parecen estar inspiradas en buena medida sobre la misma premisa: se deben endurecer las leyes españolas para dar respuesta a las numerosas actividades que, impunemente, alteran el orden público y amenazan la seguridad de los ciudadanos españoles. Esta idea se reafirma diariamente en […]
Las recientes reformas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana parecen estar inspiradas en buena medida sobre la misma premisa: se deben endurecer las leyes españolas para dar respuesta a las numerosas actividades que, impunemente, alteran el orden público y amenazan la seguridad de los ciudadanos españoles. Esta idea se reafirma diariamente en el imaginario colectivo debido al trato sensacionalista de muchas noticias en los medios de comunicación y al modo de legislar y comunicar por parte de nuestros gobernantes.
Resulta curioso comprobar cómo ha calado este mensaje, hasta el punto de que muchas personas tienen realmente la sensación de que la seguridad es un problema en España. Sin embargo, numerosos datos de instituciones nacionales e internacionales proponen un panorama muy distinto (un estudio reciente concluía que la ciudadanía percibía unos niveles de delincuencia claramente superiores a los niveles reales de la misma).
Por un lado, el balance de criminalidad de 2013, proporcionado por el propio Ministerio del Interior , concluía que España sufre menos delincuencia que Suecia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Holanda, Austria, Reino Unido, Francia e Italia. En concreto, las infracciones penales (delitos y faltas) registradas en toda España en 2013 supusieron un descenso del 4.3% respecto al año anterior y dejó la tasa de criminalidad en 46.1 infracciones por cada 1000 habitantes, el índice más bajo de toda la serie histórica desde el año 2003 . De hecho, todas las modalidades delictivas (atracos, robos en domicilios, comercios y bancos, sustracción de vehículos, narcotráfico, daños, hurtos) descendieron con relación al mismo periodo del año anterior según dicho informe. En 2014 se recortó todavía un poco más esta estadística : los 2.17 millones de faltas y delitos registrados en 2013 se redujeron hasta 2.09 millones, dejando la tasa de criminalidad en 44.8 delitos y faltas por cada 1000 habitantes, una de las ratios más bajas de la Unión Europea. Por otro lado, de acuerdo a la información que proporciona el Banco Mundial : en España se cometen 0.8 homicidios voluntarios por cada 100000 habitantes. En torno a un 60% menor que la media Europea (1.3) y menos de una quinta parte de la estadounidense (4.7). Por lo tanto, se puede afirmar que España es uno de los países más seguros del mundo.
Sin embargo, a pesar de poseer una de las tasas de criminalidad más bajas, España es uno de los países de la UE con tasas de población penitenciaria más altas : es el país de Europa occidental con más porcentaje de su población entre rejas ( 159 presos por cada 100000 habitantes, en 2013, mientras la media europea era de 96 ) . El informe elaborado por el Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior concluye que «nuestro país tiene una tasa de criminalidad de las más bajas de Europa, sin embargo cuenta con una densidad policial por habitante muy elevada (junto al resto de países mediterráneos, Italia, Grecia y Portugal) y se sitúa inmediatamente por detrás de Inglaterra, en cuanto a volumen de la población reclusa». En relación a la densidad policial por habitante, según Eurostat , en 2009, en la EU-27 había una media de 338 agentes de policía por cada 100000 habitantes, mientras que esta proporción era casi dos veces más elevada en Chipre, donde se registró una media de 672 agentes de policía por 100000 habitantes, seguida de España, con 506.
Numerosos artículos periodísticos , artículos científicos , e informes remarcan la dureza de las penas para los delitos habituales (robo y tráfico de drogas), el continuo endurecimiento del Código Penal, la incorporación de nuevos delitos, y las dificultades existentes para conseguir la libertad condicional. Como constata José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, director del Instituto Andaluz de Criminología y uno de los expertos en derecho penal con mayor h-index: «Hace ya muchos años que se constata que la tasa de encarcelamiento no guarda relación con la criminalidad, sino con la política penal. Lo que ocurre en España no es que los jueces metan a más gente en la cárcel, sino que pasan mucho tiempo». El mismo catedrático, en uno de sus artículos , concluye de modo bastante categórico que «es indudable que nuestro país abusa de la pena de prisión. Poseemos una de las tasas de encarcelamiento más altas entre los grandes países de la Unión Europea, y nuestra población penitenciaria registra un fuerte crecimiento desde 1996, acrecentado a partir de 2001. Ese crecimiento no guarda relación con la evolución de la delincuencia mediada a partir de los hechos delictivos conocidos y del número de detenciones por comisión de delitos producidos».
Los resultados, por lo tanto, muestran que las prisiones españolas están sobrepobladas en comparación con las de otros países europeos, y más teniendo en cuenta la baja tasa de criminalidad existente. En palabras del periodista Ignacio Escolar : «Con las sucesivas vueltas de tuerca en el Código Penal, a golpe de populismo y titular, España ha logrado el sistema penal más represivo de toda Europa occidental. A mismos delitos, un delincuente en España suele recibir una pena mayor. ¿Afecta esta dureza a la baja criminalidad? No hay constancia: la criminalidad ya era baja antes de estas reformas, que sólo han servido para llenar las saturadas cárceles españolas. El tiempo medio de estancia en prisión se ha multiplicado por dos en las últimas dos décadas.» El catedrático Francisco Muñoz Conde, con 40 años de experiencia penalista, también considera que «en apenas 20 años, el código penal ha sido objeto de unas 30 reformas de gran calado», a pesar de que «los males de nuestra sociedad no se resuelven a golpe de reforma de código penal». También, un artículo relacionado con el estudio de la población presa en Europa publicado en 2012 concluía dramáticamente que «el análisis de los datos oficiales […], lejos de mostrar un aumento de la delincuencia en España, apunta a un fracaso de la política criminal española, embarcada en derroteros punitivos muy populistas, pero ineficientes e innecesarios desde el punto de vista económico, funcional y humano».
A pesar de toda esta abrumadora evidencia empírica, y de las críticas y reflexiones vertidas por innumerables expertos de Derecho Penal , la impresión que transmiten continuamente el Gobierno y algunos medios de comunicación es que en España se vive una situación caótica y violenta, en donde delinquir sale muy barato, y en donde los presos entran por una puerta de la cárcel, si es que llegan a entrar, para salir al poco tiempo después por la otra.
Pablo Mesejo. Doctor en Tecnologías de la Información e Investigador postdoctoral en el Instituto Nacional de Investigación en Informática y Automática (INRIA). Francia.
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