La central nuclear de de Santa María de Garoña (Burgos) empezó a funcionar en marzo de 1971, hace ahora 45 años. Esta central nuclear de 460 mw es la más antigua del parque nuclear español y fue inaugurada por Franco. En la actualidad es propiedad de Nuclenor, empresa que a su vez es propiedad de […]
La central nuclear de de Santa María de Garoña (Burgos) empezó a funcionar en marzo de 1971, hace ahora 45 años. Esta central nuclear de 460 mw es la más antigua del parque nuclear español y fue inaugurada por Franco. En la actualidad es propiedad de Nuclenor, empresa que a su vez es propiedad de Endesa e Iberdrola al 50%, dos de los buques insignia de Unesa.
El proyecto de Garoña, al igual que el de Zorita (Guadalajara), es uno de los subproductos de los acuerdos entre España y Estados Unidos firmados por Franco e Eisenhower en 1953.
Al calor de estos acuerdos, se construyen las bases americanas y se dota a España de tecnología nuclear, que sirvió para que Franco lanzara el proyecto Islero, dedicado a construir la bomba atómica española.
Un riesgo inaceptable
Estos acuerdos sirvieron para que Franco consiguiera romper el aislamiento al que estaba sometido su régimen y, posteriormente, la entrada de España en la ONU. Garoña es, por tanto, un residuo de la Guerra Fría y del franquismo. Un elemento anacrónico que sigue suponiendo un riesgo inaceptable.
Esta central tiene un destino complicado desde diciembre de 2012. En ese momento, la empresa propietaria Nuclenor decidió de forma unilateral paralizar la central y extraer el uranio del reactor. Con esta medida, Endesa e Iberdrola, dos gigantes de la industria nuclear, presionaban sobre el Gobierno del PP durante la reforma del sistema eléctrico.
Dos eran los objetivos de Nuclenor: la retirada del impuesto sobre el combustible nuclear gastado, cosa que al final consiguió, y la prolongación de la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años. De esta forma, Garoña pasa a ser el centro del combate por la prolongación de la vida del parque nuclear.
En realidad, el PP está más interesado en la reapertura de Garoña que el propio Nuclenor. Por eso usa Garoña para conseguir aún más ventajas para el parque nuclear.
Puesto que Garoña es muy importante, el Gobierno del PP ha hecho todo lo necesario para garantizar su continuidad. La Orden Ministerial (OM) de julio de 2009, emitida por el Gobierno de Zapatero, decreta el cese de explotación para julio de 2013, lo cual fue un error de bulto, puesto que permitió la situación actual, ya que el cierre no se acometía en aquella legislatura, sino en la actual.
En efecto, el Gobierno de Rajoy modifica la anterior OM y le da a Nuclenor una prórroga para solicitar la continuidad hasta septiembre de 2012. Para sorpresa de todo el mundo, Nuclenor deja expirar este plazo. Queda claro que la industria nuclear no está interesada en Garoña, sino que quiere más. En diciembre, ante la amenaza de un nuevo impuesto, Nuclenor paraliza Garoña y vacía el reactor.
Informes a medida
Tras estos hechos, el Gobierno decide modificar el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) de forma exprés, sin el debido debate público y con un sorprendente informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
El RINR es la piedra angular de la seguridad nuclear en España y, por si fuera poco, esta modificación se hace en el marco de la transposición de una directiva sobre la gestión de residuos y permite que los propietarios de las centrales puedan pedir su reapertura hasta un año después del cese de explotación.
Se especifica que esto se podrá hacer siempre que el cierre no se haya producido por motivos de seguridad, sino, por ejemplo, por motivos económicos. En realidad, los motivos económicos no se pueden distinguir de los de seguridad puesto que a más gasto más seguridad.
El 6 de junio de 2014, al límite del plazo legal establecido por el nuevo RINR, Nuclenor pide la reapertura de Garoña, lo que indica que las negociaciones entre UNESA y el Gobierno han llegado a buen puerto. Pero en la petición hay una novedad: se solicita permiso por 17 años, los necesarios para que Garoña alcance los 60 años de vida y sea un precedente para todo el parque nuclear español.
Un Gobierno en funciones
En la actualidad, el CSN está aprobando a toda velocidad los requisitos para darle a Garoña una autorización de funcionamiento condicionada. Y hace eso sabiendo que el Gobierno está en funciones, o por eso mismo, y que es posible que tengamos un nuevo Gobierno que se oponga a darle la autorización. Con esta aprobación se hace presión sobre grupos parlamentarios que son tibios o que no se definen y sobre el programa nuclear y también sobre el Gobierno entrante.
A la vez que se dan bazas a Nuclenor para acudir a los tribunales, en caso de que el Gobierno entrante decida no reabrir Garoña. Todo el arco parlamentario actual, a excepción del PP, pidió al Pleno del CSN, mediante carta, que dejara de aprobar medidas parciales con vistas a reabrir la central y que realizara la evaluación final, en todo caso, cuando el nuevo Gobierno se lo pidiera. No sólo la seguridad nuclear, también la independencia del CSN y su reputación han sido dañadas en este proceso.
Francisco Castejón, miembro de Ecologistas en Acción y de Acción en Red.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/29502-intento-mantener-garona-funcionamiento.html