¿Por qué temen a un referéndum de autodeterminación?

Vaya por delante, antes que nada, mi elección por el modelo federalista para el Estado Español, es decir, la elaboración de una nueva Constitución, surgida de un Proceso Constituyente, que defina al Estado Español como una República Federal, Socialista, Laica, Participativa y Solidaria, que creo es la opción mayoritaria dentro de la izquierda transformadora de este país. Pero independientemente de ello, o más bien como consecuencia de ello, manifestar mi solidaridad frente a todos los pueblos del Estado Español (en este caso, Catalunya) que deseen celebrar referémdums de autodeterminación (el mal llamado «derecho a decidir») para que su población decida el tipo de encaje que desea con el resto de los pueblos que forman el Estado Español. Pero como estamos viendo desde un tiempo acá, dicha posibilidad se niega, se impide y se coarta desde las Instituciones del Estado, dejando al pueblo catalán, que se ha manifestado varias veces a favor de celebrar la consulta, sin poder canalizar sus anhelos democráticos. Se argumenta desde los poderes del Estado el necesario respeto a la Ley que hay que profesar, pero se olvida de que por encima de la Ley está la democracia, que es un bien superior. Las leyes son sólo un instrumento, no son un bien en sí mismo, son sólo el conjunto de reglas que nos concedemos para convivir en sociedad de forma más o menos «civilizada», pero las leyes no son un bien en sí mismo. Se pueden cambiar. En cambio la democracia, el gobierno del pueblo, por y para el pueblo, en su verdadera acepción, sí es un bien y una meta en sí misma. La democracia no puede ser anulada, ni siquiera usando (mediante las leyes) medios democráticos para ello (si es que queremos no volver a la barbarie del fascismo y las dictaduras).

Pues bien, el mandato del pueblo catalán, manifestado sucesivas y reiteradas veces, ha sido la celebración de un referémdum, de una consulta popular vinculante, para poder manifestarse sobre este tema. Y ante ello, las respuestas de las Instituciones del Estado (y de las fuerzas políticas que las apoyan) han sido poner palos en las ruedas, negar dicha posibilidad, argumentando variopintas consideraciones: que si el derecho de autodeterminación sólo es reconocido a los pueblos oprimidos bajo una situación colonial, que si la Constitución no lo contempla (y por tanto sería ilegal), que si el referémdum debería celebrarse en todo el Estado (para que el resto de ciudadanos españoles se manifieste sobre el asunto, ya que también les afecta), y algunos más. ¡Basta ya de zarandajas, señor mío! Absolutamente ningún argumento legal puede contradecir la propia democracia (y tenemos ejemplos para poder ilustrarlo, véanse Qebec o Escocia), por lo cual, simplemente, la única conclusión posible es que son los poderes fácticos quienes impiden sistemáticamente ejercitar ese derecho. Aclaremos antes de continuar algunos conceptos iniciales, apoyándonos en este breve «Diccionario de urgencia» publicado por Sabino Cuadra, uno de los diputados del Congreso con más sabiduría y sensatez. En primer lugar, lo que existe en el Estado Español no es un problema «territorial», sino un problema nacional. Los «territorios» no son los protagonistas aquí, sino los derechos de los pueblos. Porque el problema no les afecta a los territorios, sino a sus gentes, a lo que pretenden o aspiran a ser. No hablamos de geografía, sino de política.

En nuestro país nunca nos hemos creído de verdad la plurinacionalidad, nos ha parecido un cuento chino, y de ahí vienen muchos problemas. Como mucho, se ha aceptado (incluso reconocido en las leyes) la «diversidad» (cultural, lingüística, etc.), sin más consecuencias. Con el concepto y los límites del «Estado», ha pasado igual. Por ejemplo, aunque se diga que tanto los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas y la Administración Central son Estado, a la hora de la verdad no hay una relación de igualdad, sino de profunda dependencia (véase como ejemplo de ello la autoritaria injerencia que está haciendo el Ministerio de Montoro sobre algunos Ayuntamientos o Comunidades, simplemente porque no le gusta cómo están administrando sus cuentas públicas). Y en esa línea, como muy bien señala Sabino Cuadra, afirmar que España es una «nación de naciones» tiene su trampa. Un conjunto de casas puede llamarse calle, avenida, barrio, urbanización o pueblo, pero no podrá llamarse casa. Claro, si pensamos que hay naciones de categoría «A» y otras de categoría «B» (dependientes de las «A») entonces ya la cosa se explica mejor. Resulta que las naciones «A» son las que tienen derecho a Constitución, Ejército, tribunales, leyes básicas…, y las naciones «B» no tienen derecho a nada de ello, sólo a gestionar las «competencias» que las naciones «A» quieran transferirles. La conclusión está clara: sólo las naciones «A» tienen soberanía única y exclusiva, lo cual es un poco tramposo. Otro batiburrillo suele ocurrir con la nomenclatura, es decir, la terminología que se usa (interesadamente, claro está) para tildar a los partidos (sobre todo catalanes y vascos) de «independentistas», «nacionalistas», «soberanistas», etc. ¿Es que los partidos de ámbito «español» no son «nacionalistas»? El unionismo ligado al españolismo (es decir, el nacionalismo españolista) no se tiene en cuenta, es como si estuviera bendecido por los cielos, mientras que se sataniza a los partidos «nacionalistas» de otras naciones del Estado.

Por otra parte, existen fuerzas políticas que defienden la «vía legal y pactada» con el Estado para la solución de los problemas nacionales vasco o catalán (hago aquí un inciso para negar que ellos sean las únicas naciones dentro del Estado, también están al menos Andalucía y Galicia), lo cual queda como muy civilizado, pero que no tiene absolutamente ningún recorrido. Es como querer reformar las Instituciones de la Unión Europea. Tarea absolutamente imposible, propia de los más ingenuos, o de los que quieren disfrazar la realidad para no enfrentarse a ella. El establishment español jamás permitirá una «vía pactada y legal» para conceder el derecho de autodeterminación, y precisamente los motivos de este comportamiento son los que pretendemos descubrir en este artículo. Y mientras no se llega a esa «solución pactada», ¿cuál será la legalidad a aplicar al proceso? Y si tras la celebración de todas las civilizadas negociaciones no hay acuerdo final, ¿qué árbitros y jueces dictarán el camino a seguir? ¿En qué leyes se basará ese nuevo camino? ¿Qué gobierno y qué policía las harán cumplir? Esta vía, por tanto, es una absoluta falacia. Y otra falacia no menor proclama que lo prioritario es lo social, no lo identitario. Pero ahí están las diversas leyes aprobadas recientemente por el Parlament de Catalunya (y no me refiero ahora a las que tienen que ver con la «desconexión» con el Estado, sino a leyes que impiden desahucios, que atacan la pobreza energética, que prohíben el fracking, que conceden atención sanitaria a los inmigrantes, que auditan la deuda municipal, y otras tantas) recurridas y paralizadas por el Tribunal Constitucional, amparadas sobre todo en que «invaden competencias» del Estado. Por tanto, lo político y lo social siempre van de la mano.

Aún mayor nivel de demagogia se da en muchos partidarios de negar el referéndum, cuando arguyen motivos como que «en tiempos de la globalización hay gente que quiere levantar muros«, «nadie tiene que decidir si mi familia en el resto de España pasa a ser extranjera«, «los extremeños (o murcianos, o leoneses) también tenemos derecho a decidir sobre un territorio que nos pertenece«, y mil falacias por el estilo. Demagogias baratas para desviar la atención, y colocar a la gente en contra. Nadie quiere levantar fronteras, muros ni vallas. Lógicamente, vivimos en un mundo interdependiente y globalizado (mal globalizado, diríamos, pues la globalización debería afectar a los derechos humanos en vez de al capital), y es preciso compartir muchas relaciones con otros pueblos, cercanos y lejanos, pero una cosa es esa, y otra cosa es que, pretextando eso, no se reconozca a los pueblos su mayoría de edad para que sean ellos los que definan, en base a sus propios criterios y decisiones, los lazos y solidaridades a tejer, ya que si los pueblos no disponen de soberanía y derecho a decidir, las puertas seguirán estando abiertas a todo tipo de imposiciones. Aquí, justo en este punto, es donde algunos argumentan que no tiene sentido la supuesta «soberanía» alcanzada frente a España, si seguimos siendo parte de la Unión Europea. ¡Y tienen mucha razón! Pero en cualquier caso, son ellos (los pueblos) los que tienen que decidirlo, y no ser algo (de nuevo) impuesto por otros. Personalmente, entiendo que el mayor dogal que poseemos para poner en marcha políticas que reviertan los recortes y medidas antisociales que venimos sufriendo no es el Estado Español, sino precisamente, la Unión Europea, última responsable de «vigilar» que dichas políticas se ponen en práctica, y que no nos desviamos de ellas.

Pero no acaban aquí las falacias sobre este asunto. Otra parte de los líderes contrarios al referéndum arguyen que el modelo actual es el que garantiza «la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan», como si lo más unitario fuese por sistema lo más solidario. Dejemos claro de una vez que defender el federalismo (o el confederalismo, o incluso la independencia) no es menos fraternal ni menos solidario que la opción centralista de PP, C’s, o incluso el PSOE (aunque ellos también se han vuelto, de un tiempo acá, muy federalistas, pero el PSOE es ya un partido muy poco creíble por sus continuas contradicciones). En este sentido, y volviendo a tomar el ejemplo de la Unión Europea, podemos asegurar que ha dado pasos importantes en el terreno de la unidad, pero de ahí no se ha derivado ningún incremento en cuanto a su solidaridad, ni en cuanto a su sensibilidad hacia los más débiles, ni internamente (crecen las desigualdades sociales), ni externamente (deja a los refugiados abandonados a su suerte). Y es que la solidaridad entre los pueblos, dejémoslo claro de una vez, no tiene que ver con su grado de integración con otros, sino que debe asentarse sobre los pilares de la justicia social, la colaboración y el respeto. Incluso algunos han manifestado que el argumento del soberanismo va en contra de la internacionalización por la cual la clase trabajadora debería apostar, y es cierto, pero se olvidan que ser internacionalista también exige reclamar para los pueblos libertad, soberanía y capacidad de decisión.

Básicamente, deberíamos preguntarnos: ¿qué poderes están detrás del miedo a la celebración del referéndum catalán? Pregunta a la que nos contesta perfectamente el profesor Vicenç Navarro: «Las mismas fuerzas financieras, económicas, políticas y mediáticas que han estado promocionando el neoliberalismo han estado imponiendo la visión uninacional de España«. Así de claro. Y de ahí podemos vislumbrar perfectamente los intereses que están detrás. Su expresión política actual es la triple alianza (PP-C’s-PSOE) que ha vuelto a dar el poder al partido más corrupto de Europa. De hecho, el bipartidismo PP-PSOE es ya prácticamente residual tanto en Catalunya como en el País Vasco. En estas naciones han aparecido con fuerza nuevas opciones de izquierda que han recuperado la visión republicana de España, respetuosa de todas las nacionalidades históricas que la integraban. Y estas fuerzas políticas conjugan ya el doble rechazo: el rechazo al neoliberalismo y el rechazo a la visión uninacional de España. Una visión autoritaria que se manifiesta en muchos aspectos, como la reciente paralización por parte del Tribunal Constitucional de la prohibición de la celebración de corridas de toros en Catalunya, donde se volvía a poner de manifiesto, en palabras de Isaac Rosa, que » la única forma de prohibirlas es dejar de ser España, porque España y tauromaquia son indisolubles «. Y apostilla más adelante: » Lo repito, amigos catalanes, por si no habéis pillado el mensaje. Mientras sigáis siendo españoles, lo sois con todas las consecuencias, con el pack completo: monarquía, privilegios de la iglesia católica y toros, pero también desahucios, pobreza energética, desigualdad o fracking, temas en los que tampoco quiere el PP que los catalanes sean menos españoles«. Creo que queda claro.

Bien, pero la pregunta que deberíamos volver a hacernos (y que da título al artículo), a la luz de todas estas consideraciones, y de los hechos acontecidos durante los últimos años, es: ¿Por qué les cuesta tanto que se celebre el referémdum? ¿Qué es lo que tanto temen en su celebración y en su posible resultado? Creemos que está bien claro: bajo el mantra de la defensa de la «unidad de España», se esconde únicamente la protección de los intereses financieros, económicos y mediáticos del establishment español. Bajo estos disfraces y moviendo estos fantasmas, en realidad los poderes fácticos, mediante sus voceros políticos, ocultan su profunda naturaleza antidemocrática, antisocial y autoritaria, donde no cabe otro modelo de Estado que no responda a esa imagen uniformizada de una España constitucional construida sobre los escombros de la derruida dictadura. Todo ello es claramente indicativo no sólo de la ínfima talla política de nuestros gobernantes, sino también de la poca altura democrática de un país como el nuestro. Un país donde encallan los conflictos políticos porque pretenden ser resueltos por la vía judicial, un país que no reconoce su histórica plurinacionalidad, y que ejerce una democracia de baja intensidad, bajo mínimos, un país así, decimos, simplemente no está preparado para solucionar este tipo de conflictos. Porque para ello se necesitan, la Historia lo ha demostrado en infinidad de ocasiones, líderes inteligentes y generosos, se necesitan democracias avanzadas, y se necesitan pueblos concienciados. España, lisa y llanamente, no da la talla en ninguno de dichos requisitos.

En realidad, a lo que temen cuando se plantea un referéndum de autodeterminación (en general, cuando se plantea cualquier avance en democracia) es al Proceso Constituyente que sea capaz de traer una República Catalana, en tanto en cuanto ello supondría una grave amenaza al orden establecido, un grave peligro para el status quo surgido de la Constitución de 1978. En efecto, la experiencia de comprobar cómo una Comunidad Autónoma (hasta ahora perteneciente al Estado Español) alcanza delante de sus narices una República independiente (si ese fuese el resultado de la consulta), pondría en tela de juicio todas las estructuras de poder procedentes del franquismo, y nunca cuestionadas por el bipartidismo reinante desde la tan cacareada Transición: la Monarquía, los Ejércitos, la Iglesia, el poder de las grandes empresas, el blindaje de la propia Constitución, etc. Sería para la clase y el pensamiento dominante asestar un terrible golpe, y un claro ejemplo de que otro proyecto de país es posible y necesario. Demostraría que existen otros caminos, que otras formas de gobernar y que otros modelos sociales son posibles, no son utopías. Y e so es exactamente lo que temen. Por ello, pongamos toda la carne en el asador para que, más pronto que tarde, Catalunya y el resto de pueblos que forman España, si lo desean, puedan celebrar sus referéndums de autodeterminación (esto sí, preguntando sobre todas las opciones posibles, y no sólo sobre independencia sí o no), ejercer su derecho a decidir qué tipo de relación desean establecer con el resto del Estado Español, y aceptemos todos democráticamente los resultados. Será un gran paso para nuestra débil e insuficiente democracia, y para debilitar el poder de esa casta que nos oprime.

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