Los del global-imperial nos amenazan por tierra, mar y aire si reproducimos sus artículos. La propiedad es la propiedad y todo lo demás son historias quiméricas de cinco estúpidos antisistema, vienen a sostener. Como sus amenazas no son en vano, dan duro con su puños de hierro y capital, no podemos reproducir en esta ocasión […]
Los del global-imperial nos amenazan por tierra, mar y aire si reproducimos sus artículos. La propiedad es la propiedad y todo lo demás son historias quiméricas de cinco estúpidos antisistema, vienen a sostener. Como sus amenazas no son en vano, dan duro con su puños de hierro y capital, no podemos reproducir en esta ocasión un artículo, excelente, del periodista Francesc Valls [FV] del pasado domingo 20 de noviembre en las páginas de su edición catalana.
Un resumen comentado. Vale la pena recordar algunas de sus consideraciones y reflexiones.
Rosa, recuerda FV, «la mujer de 81 años que hasta la madrugada del pasado lunes vivía en Reus, murió víctima de la burocracia y la ley del más fuerte». La situación, señala, tiene cierto paralelismo con la planteada por Ken Loach en Yo, Daniel Blake. «La película explica cómo unos servicios públicos privatizados -esa entente cordial que inició el thatcherismo y continuó el blairismo- meten a un carpintero de Newcastle en un callejón sin salida». Tanto en el caso inglés como en el catalán, prosigue, «se evidencia cómo la combinación de un Estado del bienestar destazado y en retirada y un voraz y amoral mercado arruina y acaba con vidas». Quien dice catalán dice español en este caso y quien dice Thatcher y Blair dice, debe decir, González Gas-Gal (en algunas de sus etapas), Aznar y Rajoy, aparte, desde luego, de Pujol, Mas, CDC, Puigdemont y sus alrededores intresados. El amoral mercado remite, por supuesto, a las características generalizadas del sistema capitalista en prácticamente todas sus variantes. No irrumpió, pensando en términos generales, en los años 80 del siglo pasado. Desde luego que no, fue mucho antes.
Cataluña, recuerda oportunamente FV, «tiene su ley de Pobreza Energética surgida de una iniciativa legislativa popular». De ahí surgió efectivamente, no de una iniciativa gubernamental. «El texto consta de dos partes: una suspendida por el Tribunal Constitucional y relativa a los desahucios y a la vivienda, y otra en vigor que tiene como objetivo ayudar a las personas que no pueden hacer frente a los recibos de agua, gas o electricidad». Remarco: la segunda parte en vigor. Jordi Mir Garcia, un profesor y activista de la Pompeu, no ha dejado de recordarlo una y otra vez. En su libro, por ejemplo, sobre el 15M editado por el Topo. Aunque, insiste FV, «el relato soberanista argumenta que el Gobierno central impide con sus recursos al Constitucional que Cataluña combata la pobreza energética, esa no es toda la verdad». No lo es.
Estamos, señala el periodista del global que no va de imperial, ante una conocida historia: «la política no dirige la economía. Todo se complementa y encaja: el gigantismo de las grandes compañías, la jibarización de lo público y las célebres puertas giratorias que tanto seducen a los políticos retirados». En el colmo de la perversión, añade, «el eléctrico es un sector regulado. El Gobierno central es quien autoriza sobre el papel la subida de la factura de la luz, que en los últimos 10 años -hasta 2015- se ha incrementado en un 84%, según afirma la Alianza contra la Pobreza Energética». De 100 a 184, nada menos, y en 10 años, 7 de ellos atravesados por una crisis galopante y una fuerte disminución del poder adquisitivo de los sectores más desfavorecidos. De más del 10% según algunas fuentes.
Ante el panorama descrito, ante esta subordinación de la políticas a las grandes corporaciones, un signo definitorio de nuestra supuesta postmodernidad, no es de extrañar, sostiene FV, «que el Ejecutivo de la Generalitat se encoja y solo haya impuesto 18 multas desde que la ley entró en vigor el año pasado: todas ellas por la cantidad mínima de 10.000 euros». Todas ellas. En total, 180 mil euros. Calderrilla para poderes que generan beneficios millonarios. En este país, prosigue, «un 10% de la población tiene problemas para mantener sus hogares a una temperatura adecuada durante el invierno. Hay una ley aprobada y en vigor para defenderlos, pero ayuntamientos y movimientos sociales ven temor reverencial a la hora de aplicarla». No les falta razón. ¿Por qué? Porque «consideran que desde la Generalitat se ha hecho escasa publicidad de los derechos que comporta para los ciudadanos. Y es que el giro de la vieja Convergència para pasar de business friendly a casual leftly va a trompicones». Como decía Mark Twain refiriéndose a Estados Unidos, la cita desde luego es de FV, «en nuestro país poseemos tres dones divinos infinitamente preciosos, la libertad de expresión, la libertad de consciencia y la prudencia para no ejercer jamás ninguna de las dos. Por eso es destacable que el presidente Carles Puigdemont haya señalado como culpable apuntado, con nombre y apellidos, a la empresa suministradora de la anciana fallecida en Reus: Gas Natural». Es destacable, desde luego, sin olvidar la presión ciudadano y esperando a ver en qué queda cuando pase un poco de tiempo. Sea como fuere, en la manifestación del pasado sábado 19 de noviembre en Barcelona (¡sin esteladas!), la ausencia de los grupos relacionados con Junts pel sí fue total. Cero absoluto. Una pancarta y cinco personas vinculadas a la ANC, para quedar bien y para que nada pueda decirse, fue toda su aportación. Esos temas no van con ellos ni con el secesionismo. Lo suyo es la construcción de un nuevo y justo país. ¡Ja ja, ja!
La tragedia de Rosa, concluye FV, «ha permitido conocer que la Generalitat no puede hacer cumplir la ley a pesar de las 25 reuniones que ha mantenido con las grandes compañías eléctricas», al contrario de lo que ha sucedido con otro servicio fundamental (el del agua). Desde Gas Natural se aduce, les sonará el argumento, «que la ley no ha sido desarrollada con el reglamento previsto». Sin embargo, el punto es más que importante, «el pasado mes de octubre la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa)… recurrió a los tribunales para impugnar el protocolo». En cualquier caso, y este es también el punto, «antes de proceder al corte del suministro por impago, la letra de la ley catalana obliga a las compañías a comunicarlo a la Administración. En el fondo del debate está quién se hace cargo de la factura, que se liquidaría con un 1,5% de los beneficios de Endesa, Gas Natural e Iberdrola». El dinero, siempre, en el puesto de mando. No la vida, y menos de gentes como Rosa.
Es cierto, admite FV, «que las empresas suministradoras facilitan a través de sus páginas web o telefónicamente bonos para ayudar a los clientes que se encuentren en situación de pobreza», pero, como sabemos todos, «el acceso para los posibles beneficiarios de esas medidas no es fácil por razones culturales: requiere moverse con soltura en la red». El ejemplo de Daniel Blake de Loach. En cambio, la cara ocultada, «cualquier beneficiario de un bono lo pierde automáticamente si él mismo o alguien de su unidad familiar accede a un contrato, aunque apenas supere el centenar de euros mensuales». En el caso Rosa, Gas Natural dice desconocer «su situación de vulnerabilidad». ¿Se lo creen? Yo no, no les creo nunca. Mienten por sistema. En su cosmovisión, la verdad es asunto de estúpidos y de cretinos. No tiene nunca el color del dinero.
«Rosa murió en silencio. La pobreza la mató sin que las alarmas, esta vez, despertaran a nadie». Son las palabras finales de FV. Las hago mías.
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