El próximo 8 de abril se realizará materialmente el desarme de ETA. El anuncio de este hecho lo hizo al diario Le Monde el pasado 17 de marzo Txetx Etcheverry, una de las cinco personas, llamadas artesanos de la paz, detenidas en Luhuso el pasado 17 de diciembre tras ofrecerse a participar en el desarme […]
El próximo 8 de abril se realizará materialmente el desarme de ETA. El anuncio de este hecho lo hizo al diario Le Monde el pasado 17 de marzo Txetx Etcheverry, una de las cinco personas, llamadas artesanos de la paz, detenidas en Luhuso el pasado 17 de diciembre tras ofrecerse a participar en el desarme de ETA «ante la pasividad de los gobiernos español y francés», cuando procedían a la inutilización de un depósito de armas de ETA para entregarlo a las autoridades francesas. Ese mismo día se celebrará en Baiona -la principal localidad de la Euskal Herria bajo administración francesa- el acto que dará el reconocimiento político al desarme: una concentración ciudadana que se quiere sea masiva.
Se desconoce la forma concreta en que se procederá al desarme. Tampoco se sabe si las armas estarán inutilizadas o en perfecto estado, con el riesgo, en este caso, de ser utilizadas para la investigación sobre su uso en atentados concretos. Pero no solo los artesanos de la paz sino también las instituciones vascas, los partidos nacionalistas y otros referentes políticos y sociales aseguran que se trata de un desarme total, definitivo y verificable. Y, sin duda, en eso consiste la credibilidad del desarme, más allá de las cuestiones técnicas que se susciten.
Cargos institucionales de todo el arco político francés (a excepción de los del Frente Nacional de Marine Le Pen) han dado públicamente su apoyo y, con la excepción de UPN y el PP, las fuerzas parlamentarias de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y la Comunidad Foral Navarra (CFN) también lo han hecho. Si el protagonismo de los artesanos de la paz mostraba que la sociedad civil actuaba como intermediaria política del desarme, se ha llamado ya a mostrarlo con más fuerza asistiendo masivamente a Baiona a participar en la jornada.
Queda por ver si los gobiernos español y francés no interferirán de forma represiva en todo ello aunque parece que los datos señalados -y las conversaciones que hayan existido por debajo- han creado un ambiente de no intervención /1. Pero nunca se sabe.
Los argumentos de la reacción
En el Estado español tanto el PP como el PSOE (a diferencia, en este caso, de su actitud en la CAV y en la CFN), así como diversos editorialistas de medios de comunicación y tertulianos de incansable verborrea, están construyendo tres líneas argumentales para uniformizar la opinión pública.
La primera es restar importancia al hecho mismo del desarme. Lo que importa -dicen- no es eso sino que ETA se disuelva. Hasta ahora «que se desarmen» era la exigencia más repetida y con la que esos voceros justificaban -hasta que el desarme se cumpliese- la continuidad de la política penitenciaria. Ahora, hasta el tertuliano que menos pinta en las decisiones del gobierno asegura que cuando se disuelvan sí, ¡pero nunca antes!, se podrá revisar acercar presas y presos a cárceles más cercanas de donde viven sus familiares, bla, bla, bla.
La decisión política de ETA de poner fin a la lucha armada de una manera definitiva el 20 de octubre de 2011, al aceptar que la vía armada estaba acabada como referencia para la defensa de cualquier derecho democrático nacional en Euskal Herria, fue, en todo este proceso, el hecho más relevante. Pero esa decisión política sólo es completa cuando se produce el hecho material del desarme. Por creíble que fuera la declaración del fin definitivo de su violencia armada, ETA sigue teniendo las armas, sigue siendo una organización armada. Que materialmente deje de serlo no es algo banal cuando la tenencia de esas armas era lo que determinaba el carácter de la organización, su espacio y sus posibilidades de actuación.
Como imagen de punto final que ETA se dé a sí misma, me parece de interés que declare que se ha disuelto. Creo, además, que sería beneficioso para la lucha por la democracia, y para las dinámicas de soberanismo socialista, aunque necesite articular nuevas formas de organización y relación en el colectivo de presas y presos. La eventual disolución difícilmente podría hacerse antes de que la proponga una mayoría de presos (militantes de ETA) que están en la cárcel precisamente por su disciplina militar y que se preguntarán quién defenderá bien sus intereses en el futuro si ya no existe su organización. De hecho lo van a debatir y resolver en los próximos meses
Pero ¿qué será ETA el 9 de abril? ¿una organización desarmada? ETA como organización desarmada será una No ETA, será ya una No Organización. Si la decisión del cese definitivo de la violencia armada y el desarme no han provocado cambio alguno de la política penitenciaria ¿qué credibilidad tiene que la declaración de disolución lo vaya a provocar? ¿Para qué se banaliza lo principal, el desarme, mientras se ensalza la importancia de la declaración de disolución organizativa de una No Organización? Obviamente, para restarle importancia al desarme, para evitar que aparezca como un hecho que exige cambios en la política penitenciaria y para legitimar la continuidad de la política represiva del Estado no ya sólo contra ETA sino contra una disidencia más amplia (política, cultural, de juventud…) y hasta contra hechos como los de Alsasua.
La segunda línea argumental en la batalla reaccionaria por uniformizar la opinión pública frente a un desarme que es unilateral, consiste en calificar como «folklore» y «romería» (estos términos se repiten en discursos de políticos y medios de difusión) que la intermediación del mismo la protagonice la sociedad civil.
Es muy posible que en el momento de declarar el fin definitivo de la actividad armada la perspectiva de ETA fuera la de un acuerdo con los gobiernos español y francés. El pasado 12 de enero Rufi Etxebarria, hablando en nombre de Sortu, informó que, en lo que la izquierda abertzale consideraba la fase de solucionar las consecuencias del conflicto tras el cese de la actividad de ETA, se pensaba en acuerdos bilaterales con ambos gobiernos. Añadía que vieron refrendada esta idea por los mediadores internacionales que en octubre de 2011 intervinieron en la Conferencia de Aiete, quienes les informaron de que había un documento con el visto bueno del gobierno del PSOE y de ETA que incluía presos y desarme entre sus 16 puntos /2. Concluía Etxebarria que tras la victoria electoral del PP en noviembre de 2011 se fue todo al carajo, aunque al parecer ETA y la propia izquierda abertzale tardó en entenderlo y durante un tiempo siguieron con la esperanza de un acuerdo bilateral con ambos gobiernos sobre el tema del desarme.
De existir, esas esperanzas cayeron hace ya tiempo. Y en estas condiciones el modo en que se va a realizar el desarme de ETA no es ni «folklore» ni «romería» (al menos en el sentido despectivo con que se usa el término) sino un acto de muchísimo significado político. Es la sociedad civil quien toma en sus manos intermediar en el desarme y es la sociedad civil la que se autoconvoca masivamente a escenificar el acto político que celebra el desarme de ETA como una victoria propia. Lo hará seguro con alegría (¡y si eso es «romería», que lo sea!), con toda la que nos merece este desarme. Que no haya más una organización armada tiene como intermediario y portavoz de la noticia a la sociedad civil y eso es magnífico.
Y creo que casi toda la gente que, desde la defensa de la plena democracia para Euskal Herria, hemos enfrentado públicamente nuestras opiniones contra la violencia armada de ETA y seguimos pensando así, casi toda esa gente pensaremos que el protagonismo de la sociedad civil en el desarme es, también, la manera más digna en que podía escenificarse el final de ETA (un compañero habitual en esta web ya ha recibido maldiciones por utilizar ese término de dignidad en el sentido que aquí, gustosamente, se lo retomamos).
La tercera línea argumental del discurso reaccionario es que antes de proceder a cambios en la política penitenciaria y a poner fin al abuso represivo por vía judicial sobre el pasado, presente y futuro de las protestas civiles contra el Estado, que, antes de ello, debe darse la autoinculpación o la delación sobre la autoría de los -según las directas o filtradas afirmaciones policiales- 300 atentados en los que aquella no está aclarada.
¿Dará el PP y PSOE el listado de sus miembros o de los que contrataron para los atentados del BVE, del GAL y de los demás comandos terroristas implicados en la guerra sucia? ¿Darán el interminable listado de los miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que durante todos los años de este «régimen democrático» han torturado salvajemente a miles de personas de la izquierda abertzale acusadas y no acusadas de pertenencia a ETA? ¿Por qué aunque la izquierda abertzale hace tiempo ya que mostró su acuerdo en crear una Comisión de la Verdad /3 para analizar la violación de todos los derechos humanos en el conflicto vasco, no se quiere saber nada de todo eso?
Verdad, justicia y reparación es el triple eje con el que, ciertamente, puede cerrarse este tema. Hay mucha verdad por saber aún y basta, para ello, con mirar la amplia documentación hecha pública por la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco desde hace años /4.
Pero la verdad no es la autoinculpación ni la delación personalizadas entre quienes militan o han militado en ETA sobre atentados cuya autoría se desconoce. Tampoco creo que esa deba ser la línea del conocimiento y la determinación de violaciones de derechos humanos relativa a quienes las han ejercido (torturas, por ejemplo) contra la izquierda abertzale y otros sectores de la sociedad civil vasca.
La verdad es, ante todo, una acción ética y, sobre todo, política de reconocer todos los actos de violación de tales derechos realizados por unas y otras partes del conflicto y de ofrecer todos los datos necesarios para saber por qué ocurrió tal violación, qué se perseguía con ella, cómo se valoró los efectos de dolor sobre quienes golpeaba el atentado y sobre su entorno. Esto es lo relevante y no el DNI del autor o autora, mucho menos cuando, como ocurre aquí, se pretende conocer sólo la autoría de una parte.
Y hay que añadir que quienes ponen el conocimiento de la autoría de los atentados de ETA como condición a modificar la política penitenciaria están persiguiendo lo mismo que cuando decretaron que el cese definitivo no era suficiente, cuando decretan hoy que el desarme no es suficiente y cuando decreten mañana (porque lo harán) que la autodisolución tampoco lo es para poner fin a las políticas represivas y penitencias del Estado contra la izquierda abertzale.
El fin de ETA requiere otro balance político en el soberanismo socialista
El desarme de ETA es un motivo de alegría y puede ser -esperamos que sea- una nueva condición favorable para el desarrollo de la izquierda abertzale y del soberanismo socialista vasco en su conjunto. Por eso, lo más coherente para una organización emancipadora como Sortu sería que fuera acompañado de un balance político en profundidad tanto sobre los efectos en la lucha por la libertad nacional y el socialismo de la violencia armada de ETA, como del soporte de apoyo que le dio el conjunto de la izquierda abertzale.
Ciertamente es discutible si este tema debiera ir en el presente artículo a continuación de lo anterior sobre el desarme o sería mejor quedar para otro artículo de futuro. Pero creo que por influjo del propio desarme, también se concentran ahora balances, reflexiones y preguntas en el espacio del soberanismo socialista. Por eso sigo con ello
Es necesario recordad que no sólo durante el franquismo sino en los primeros años de la transición, la actividad armada galvanizaba resistencias sociales porque ETA aparecía como el obstáculo que impedía la clausura con pedigrí democrático de la Transición. Pero apenas 15 días después de las Elecciones Europeas de 1987 (en las que Herri Batasuna obtuvo su mejor resultado histórico) ETA cometió el brutal atentado terrorista en el supermercado Hipercor de Barcelona que causó la muerte a 21 personas y heridas a 45. A partir de ahí entraron en funcionamiento los Pactos Antiterroristas de Madrid y Ajurua Enea y a partir de 1993 (secuestro de Julio Iglesias) comenzaron a producirse movilizaciones en la calle contra la organización armada.
La respuesta de ETA fue involutiva. Y arrastró a toda la izquierda abertzale organizada a un proceso en el que la defensa de la acción violenta de ETA se convirtió en el eje principal de su actividad y en el que construyó prácticas y discursos cercanos a la confrontación social (lo que se dio en llamar estrategia Oldartzen, de «socialización del dolor«). El paréntesis del Acuerdo de Lizarra volvió a demostrar que la violencia armada de ETA no sólo debilitaba la fuerza de la reivindicación democrática en Euskadi, sino también el espacio de la izquierda abertzale. Pero esa dinámica siguió manteniéndose. Y ahora, creo, habría que hacer balance tanto de su legitimidad como de su sentido político. Al menos a partir de ese periodo.
Recordemos, por ejemplo, este hecho. El 31 de octubre de 2006, las representaciones de Batasuna, PSE-PSOE y PNV que venían reuniéndose en el santuario jesuita de Loiola (Gipuzkoa) se retiraron de la mesa con un borrador de acuerdo en el que se afirmaba que partiendo de la existencia de dos ámbitos institucionales diferenciados -la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y la Comunidad Foral Navarra (CFN)- se iba a crear un órgano institucional común para ambos con atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa. Cuando las tres delegaciones volvieron a reunirse en noviembre, Batasuna planteó como condición para el acuerdo establecer como tarea expresa de ese órgano institucional ·elaborar un «Estatuto de Autonomía» común para ambas comunidades, es decir, ser, desde el inicio, un órgano constituyente común para ambas. Aunque no fuese la única causa de la ruptura, poner eso como condición previa para la constitución misma de la institución común, era ya, por sí sólo, impedir el acuerdo. Y la ruptura de este trajo consigo la vuelta de ETA -atentado T4 en Barajas- al escenario del conflicto /5.
El sábado 21 de enero finalizaba el Congreso de Sortu y lo hacía renovando casi en su totalidad la anterior dirección. Al día siguiente el diario Berriak publicaba una larga entrevista con Arkaitz Rodriguez secretario y portavoz de Sortu. Aunque la perspectiva independentista sigue siendo firme en los documentos de ese Congreso y en las declaraciones de Arkaitz Rodríguez, éste explica que Sortu no sólo acepta diferenciar como sujeto político la CAV y la CFN sino, además, que «hoy por hoy no hay mayoría suficiente para un proceso independentista ni siquiera en la CAV y que ese proceso necesita una estación intermedia favorable al derecho a decidir, una cuyas herramientas es un nuevo estatus político de la CAV, con o sin el acuerdo con Madrid». ¿Cómo leer desde esa perspectiva las conversaciones de Loiola?
Sinceramente no creo que dentro de las fuerzas que, con sus diferencias (algunas importantes) podemos englobar en el espacio del soberanismo socialista, pueda tejerse un hilo de reconstrucción común de ese partido-movimiento presentado como gran objetivo para el propio Sortu sin un balance y un debate sobre todo ello. Más aún ante la evidencia de factores de disidencia y hasta de ruptura con el propio Sortu -que, por pequeños que aún sean condicionan ya el desarrollo de su debate y de su acción política- no será posible sin ello «el paso de la identidad de resistencia a la identidad de proyecto» y hacerlo ·»recuperando espacios de desobediencia civil y confrontación política» como defendió Otegi en el Congreso de enero.
La importancia que tuvo la votación muy mayoritaria del congreso de Sortu sobre la estrategia de «desobediencia civil», hay que entenderla en clave de rechazo -actual al menos- a estrategias de actividad armada como la que sostuvo ETA. Sin embargo no hubo en el Congreso ni lo ha habido después un balance ni debate público sobre la valoración y justificación política de la actividad armada de ETA desde la Transición, ni siquiera sobre sus acciones indiscriminadas que afectaron a civiles (Hipercor…), sobre las que supusieron estrategias contra representantes de partidos políticos elegidos por voto popular o sobre periodistas y otras similares. Y, lo que es tan o más importante: no hay balance político del apoyo político, reforzado con la estrategia Oldartzen, que la izquierda abertzale civil dio a esa dinámica de violencia armada.
Claves para desarrollar ese balance existen en el documento Euskal Herria Zutik de febrero de 2010 /6. Pero no se ha desarrollado lo suficiente. Hoy todos los movimientos memorialistas ponen la denuncia de la violación de los derechos humanos básicos tanto a los fusilamientos de la guerra y la posguerra, como a las actuaciones policiales, torturas etc., del tardofranquismo y la transición. Hoy la izquierda abertzale pone, con razón, la defensa de los derechos humanos en el centro argumental para el proceso de paz. Hay que afirmar, efectivamente, que la base de una denuncia democrática a todo ello es que fueron violaciones de derechos humanos. ¿No lo fueron, también, muchísimas de las actuaciones de ETA, no casos aislados sino la espina dorsal de su estrategia?
Frente a los argumentos antiterroristas sostenemos que la militancia en ETA no se debía a afanes racistas ni nada parecido. Retomamos aquí, a gusto las palabras del que fue creador de este viento sur, Miguel Romero: «No es verdad que ETA sea una banda de asesinos y criminales. Es una organización político militar integrada por militantes independentistas vascos. Como lo fue el IRA que ahora es reconocido en Gran Bretaña e internacionalmente como una organización respetable y, por cierto, no especialmente «alternativa» en sus objetivos, ni en su forma de hacer política. Si no se entienden los vínculos ideológicos y políticos de ETA con un sector muy amplio del pueblo vasco, no se entiende nada» /7 Pero las razones políticas de esa militancia no impiden considerar que no había razones que justificaran esa violación de derechos humanos.
En el análisis de la izquierda abertzale sobre su pasado no hay un espacio para una valoración política sobre todo ello. Al menos no hay un espacio suficientemente claro. Pero debería ser un espacio principal para la propia izquierda abertzale y para el entorno más amplio del soberanismo socialista, sea social o político. Y el desarme de ETA es un buen momento realizarlo.
Notas:
1/ Bastante información sobre estos hechos, así como sobre las reacciones que han producido pueden encontrarse enhttp://www.eitb.eus/es/noticias/politica/paz-euskadi/
2/ La intervención completa de Rufi Etxebarria está disponible en http://sortu.eus/es/noticias/resolucion-del-conflicto/1672-charla-de-rufi-etxeberria-askatasunaren-bidean-presoak-etxera Publiqué en esta web un artículo de valoración sobre la misma en http://vientosur.info/spip.php?article10963
3/ Ver, por ejemplo, el documento presentado el 27/02/2012 por la Mesa Nacional Construyamos la paz en el proceso democrático que titula su punto 2.4.- «El Pueblo Vasco necesita conocer la verdad: La Comisión de la Verdad como instrumento para conocer lo acaecido» , disponible en http://gara.naiz.eus/agiriak/20120226_ezkerab.pdf. El documento en su conjunto y la propia propuesta contienen perfiles que, con toda legitimidad, podía ser contestados y propuestos a modificación. Pero hay que resaltar que nadie aceptó el tema.
4/ Toda la documentación está disponible en: http://www.euskadi.eus/web01-s1lehbak/es/contenidos/informacion/documentos_paz_convivencia/es_def/index.shtml
5/ Realicé un balance desarrollado sobre las conversaciones de Loiola en «El conflicto vasco sin horizonte político» disponible en :http://vientosur.info/spip.php?article2895
6/ Disponible en:http://gara.naiz.eus/paperezkoa/20100216/183290/es/Zutik-Euskal-Herria
7/ «El relato único» disponible en http://vientosur.info/spip.php?article5911
Petxo Idoiaga es miembro del Consejo Asesor de VIENTO SUR
Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article12424#sthash.xYO9ZBXh.dpuf