La filtración de datos que implican a políticos, empresas, e incluso a instituciones en casos de corrupción facilita el acceso a la ciudadanía de la información, que de otro modo no llegaría a salir a la luz. El periodista Dardo Gómez analiza en su colaboración para El Observador, la situación a nivel nacional e internacional, […]
La filtración de datos que implican a políticos, empresas, e incluso a instituciones en casos de corrupción facilita el acceso a la ciudadanía de la información, que de otro modo no llegaría a salir a la luz. El periodista Dardo Gómez analiza en su colaboración para El Observador, la situación a nivel nacional e internacional, en la que se encuentran los ‘filtradores’, que en algunos países incluso son perseguidos. Usa las palabras del fiscal Moix, en las que dice ser «partidario de estudiar medidas para evitar filtraciones», para hacer un examen de lo que sucede actualmente en España. Añade que los grandes medios no difunden en muchos casos las informaciones que perjudican a sus accionistas, y las plataformas alternativas en la red son las encargadas de hacer este trabajo.
Porqué hay que proteger a los «filtradores»
La idea del fiscal Moix de tomar medidas para evitar las filtraciones es un ataque directo al Derecho a la Información y la señal clara de que filtradores y medios independientes está haciendo daño al sistema de corrupción en toda Europa.
Casi al mismo tiempo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa el fiscal jefe anticorrupción del Estado español, Manuel Moix, se soltó la melena, asumió las recomendaciones del ex presidente Aznar de no tener prejuicios en apoyar lo deleznable y lanzó un llamado público a la represión del conocimiento.
«Soy partidario de estudiar medidas para evitar las filtraciones», dijo Moix y profundizó: «Quizá el problema que tenemos en España es que no hay un medio eficaz de luchar contra ellas, porque no hay una sanción prevista, salvo que se averigüe quién es el filtrador. En otros países, como Alemania, se sanciona directamente al medio de comunicación. A lo mejor, si nos planteamos esa posibilidad habría menos filtraciones y se perjudicaría menos al estado de Derecho.»
El fiscal que tiene como primera obligación perseguir la corrupción, ha caído en la misma preocupación que tienen las empresas corruptas europeas y sus directivos prevaricadores: el trabajo de los filtradores. Una suerte de nuevos servidores públicos que divulgan, jugándose el tipo, la mierda de una corrupción que está detrás de gran parte de las desdichas sociales de la ciudadanía.
Los «whistleblower» o «alertadores», son quienes hacen a este tipo de denuncias públicas que han puesto a la vista de todos esta inmundicia. No se trata de gente que cuente intimidades de famosillos. Aquí estamos hablando de «la revelación de información relacionada con actividades corruptas, ilegales, fraudulentas o peligrosas, incluyendo las que revistan un potencial de irregularidad o que puedan ser percibidas como tales, que sean cometidas por o en el seno de organizaciones del sector público o privado, o por individuales o entidades que se cree que puedan llevarlas a efecto y que puedan afectar o amenazar al interés público».
Entiendo que esto último es fundamental, que sean actividades con capacidad de alterar las cosas de la res publica, es decir, las que son propiedad de todos y sobre las cuales los ciudadanos tenemos derecho a exigir rendimiento de cuentas. Esto afecta tanto a las actividades de los directivos de las administraciones públicas como a las corporaciones u organizaciones que por sus funciones hayan alcanzado una importancia estratégica sobre la vida de la ciudadanía. Un paquete de apariencia heterogénea pero que -como vamos viendo cada vez que se abre algún melón de corrupción- está integrado por intereses colindantes o fuertemente amarrados que se reparten los dividendos de la cosa mafiosa.
Esto antes no pasaba
Gervasio Sánchez, en su libro ‘La guerra no acaba cuando dice Wikipedia’ se irrita ante el silencio culposo de los grandes grupos de medios sobre esta enfermedad histórica y señala: «¿Dónde estaban los periodistas especializados cuando personas sin escrúpulos se estaban enriqueciendo o asaltando las arcas del estado? Yo les aseguro que estaban y sabían, pero callaban. Las entrevistas menos exigentes a empresarios, políticos, banqueros, se han hecho en este país cuando más saneadas estaban las arcas de los medios de comunicación. Los periodistas comenzaron a autocensurarse mucho antes de que políticos y banqueros los presionasen.»
Cuando ocurría esto que dice Sánchez lo de las filtraciones no se producía y, si se producía, no transcendía y el filtrador era rápidamente apartado de la escena, perdía su empleo o como dijo el ex alcalde Ignacio González mandado a «plantar cebollinos».
Todos hemos conocido colegas periodistas que se aburrieron de ir cada día a sus jefes con denuncias de casos de corrupción financiera o abusos administrativos que nunca llegaron a la hoja impresa. Algunos se hartaron de ese peregrinar infructuoso a la mesa del jefe, se liaron la manta a la cabeza y escribieron un libro contando lo que sabían.
A bote pronto, recuerdo «Banca Catalana, más que una banca, más que una crisis» (1985), una obra firmada por los periodistas Siscu Baiges, Enric González y Jaume Reixach, en la cual se explicaba la génesis de uno de los lodos en los que estamos metidos. No les fue nada bien contar la verdad, tuvieron que reinventarse profesionalmente mientras los colegas alcahuetes hacían carrera en la gestión de los medios obsecuentes con el sistema.
Cualquiera de vosotros puede sumar ejemplos de profesionales decentes prontamente silenciados y que pagaron por su ingenuidad de saltar sin paracaídas. Pero como suele suceder, se aprende y se ha aprendido a hacer las cosas sin traicionar los principios pero tratando de crear autodefensas; algunas tan antiguas como organizarnos junto a otros o aprovechar los desarrollos tecnológicos en materia de gestión de los datos o de la documentación.
Llegó la era de los WikiLeaks
Cuando en diciembre de 2006 se lanzó el sitio WikiLeaks no se generaron mayores inquietudes, pero cuando en menos de siete meses se comenzaron a acumular en su web centenares -que llegarían a millones- de documentos que revelaban los comportamientos poco éticos de gobiernos, políticos y corporaciones estratégicas que merecían ser investigadas, saltaron las alarmas.
Fue un bombazo y su clave está en garantizar con métodos seguros el anonimato de sus informadores; solo la cabeza visible, Julian Assange, está pagando con su exilio en la embajada ecuatoriana en Londres que su organización haya revelado al mundo las atrocidades cometidas por Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio.
Ocurre que cuando estas cosas se ponen en marcha surgen imitadores y aunque al de Assange se hayan sumado los castigos de Chelsea Manning o Edgard Snowden, la bola sigue creciendo. Nuevas organizaciones se han ido creando para indagar y estimular la generación de personas dispuestas a contar lo que saben y a espiar en los archivos de sus jefes corruptos para divulgar sus mezquindades y su terrorismo contra la humanidad.
Estas nuevas organizaciones y el propio WikiLeaks aprendieron rápido de sus primeras experiencias; recordemos que el primer informe de la organización de Assange fue distribuido a los grandes medios. Así fue como solo se conoció la superficie de esa fosa fétida; el resto fue silenciado por los accionistas de esos grupos.
Ahora, la distribución es más inteligente; como la del pasado marzo en que documentos de la CIA destripan el ciberespionaje con el que los servicios de inteligencia de Estados Unidos pueden piratear teléfonos, ordenadores y televisores con Internet y convertirlos en micrófonos espías.
Así las cosas, Reporteros Sin Fronteras no solo defiende a los periodistas en zonas de conflictos, ahora también denuncia quienes son los accionistas que están detrás de la manipulación informativa de los medios dependientes. Que esto también es corrupción.
Aparecen organizaciones independientes como el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) que destapan los papeles de Panamá. U otras como Fíltrala que exponen a la luz los llamados papeles de la Castellana.
Por otro lado personas como Hervé Falciani deciden que tienen la obligación de mostrar a sus congéneres quiénes nos roban y cómo lo hacen filtrando los datos de las empresas financieras que los han contratado para colaborar en esos delitos.
Esto hay que pararlo…
Por fin, los padrinos internacionales de la corrupción han decido que esta apuesta por la honestidad y este afán por la verdad no puede arruinarles su negocio; porque de esto se ha derivado que gran parte de la ciudadanía ya no confía en lo que le cuentan los grandes grupos de medios, que ellos financian. Además, estos tampoco pueden parar la avalancha porque los nuevos medios independientes difunden estas filtraciones y no pueden sino ir a rebufo de ellas. Aunque traten de minimizar sus impactos en la opinión pública.
Una gran parte de esa opinión, ante el sunami de evidencias, ha dejado de votar a los partidos políticos tradicionales, a los cuales también financian los padrinos, y ante el nuevo dibujo de las configuraciones parlamentarias ya no les resulta tan fácil que se legisle a sus dictados.
Cuando el incombustible fiscal Moix pone como ejemplo a seguir a la legislación alemana, se refiere a una modificación de su Código Penal de diciembre de 2015, que solo fue denunciada por algunas organizaciones e ignorada por los medios «respetables», que prohíbe manejar datos «robados» y que, además de la responsabilidad penal del filtrador tampoco libra a los periodistas del registro e incautación de sus materiales relacionados.
La ley alemana es una amenaza evidente a la libertad de prensa y al derecho a la información. «Por ejemplo, bajo la nueva ley, los documentos filtrados por Edward Snowden posiblemente ya no pueden ser utilizados legalmente en suelo alemán», denuncian desde GFF, una organización para la defensa de los derechos digitales en Alemania.
La organización Transparencia Internacional señala que «Si bien puede ser dudoso que los periodistas o expertos sean en realidad procesados, la mayor amenaza de la ley es su efecto disuasorio: las fuentes y los expertos se pensarán dos veces si enviar datos filtrados o ayudar a escudriñarlos concienzudamente», y dice que a pesar del «bien documentado valor de los denunciantes en la exposición y prevención de la corrupción», solo cuatro países de la Unión Europea tienen marcos legales para la protección de denunciantes que se consideran «avanzados»: Luxemburgo, Rumania, Eslovenia y Reino Unido.
Daniel Amoedo Barreiro, coordinador de proyectos de Transparencia Internacional España ha remarcado que «España carece, a día de hoy, de una normativa que recoja las medidas de protección básica que debería recibir cualquier persona que se encuentre en posición de denunciar irregularidades o hechos delictivos relacionados con la corrupción. El contexto actual que se vive en España, en el que día tras día se suceden casos de corrupción de mayor o menor importancia y complejidad, hace que la ciudadanía sea particularmente sensible a la corrupción, considerándolo una de las principales preocupaciones después del paro, lo que genera el clima propicio para la aprobación de una ley nacional que recoja, entre otras cuestiones, la protección de los denunciantes de corrupción.»
Sin duda, Moix sabía de qué hablaba…
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