La transición política española y la Constitución dejó muy mal resueltas algunas cuestiones que siempre han sido conflictivas en la reciente historia de España; una de ellas fue la cuestión de la libertad de conciencia y las relaciones con la iglesia católica, otra fue la cuestión territorial y otra la forma de Estado y en […]
La transición política española y la Constitución dejó muy mal resueltas algunas cuestiones que siempre han sido conflictivas en la reciente historia de España; una de ellas fue la cuestión de la libertad de conciencia y las relaciones con la iglesia católica, otra fue la cuestión territorial y otra la forma de Estado y en todas estas cuestiones se impuso una solución vinculada la historia no progresista de España. En efecto, en el ámbito de la libertad de conciencia se proclamó un Estado no confesional pero inmediatamente se ordenaba unas relaciones especiales con la Iglesia católica y ello junto los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 han configurado un sistema que, como definió Gonzalo Puente Ojea, se trata de un criptoconfesionalismo católico. En la forma de Estado se impuso la Monarquía borbónica, saltándose incluso las reglas dinásticas, y se hizo de forma autoritaria; en palabras del catedrático de derecho constitucional Perez Royo, la Monarquía es el tapón del régimen del 78. En el asunto nacional , para no reconocer el carácter de Estado de naciones, se diluyó en una fórmula de café para todos negando, por tanto, cualquier idea federal, confederal o de otro tipo. A partir del 15 M y la entrada en la acción política de otra generación todo esto ese cuestiona y parece que el régimen del 78 es ya un corsé que aprieta demasiado a la sociedad. Si no se abordan estas cuestiones de forma progresista se puede caer en la tentación de un retroceso histórico .Y lo hemos visto, recientemente, como, ante las demandas políticas en Cataluña, la vía de enfrentamiento y represión parece, de momento, haber triunfado. No puede ser que ante una manifestación pacífica de millones de personas la respuesta sea el uso de la policía. Alguien dijo, muy acertadamente, que la respuesta del Estado ante la crisis del 1 de octubre en Cataluña fue analógica y en blanco y negro.
No está claro que España sea una democracia plena. En la división clásica aristotélica de los sistemas políticos se distinguía entre un régimen aristocrático, una dictadura y una democracia. Pero entre la dictadura y la democracia se solía interponer un régimen llamado oligárquico. En cierto sentido España es un régimen de partitocracia oligarquizado de ahí el grito de «no nos representan» en el 15 M. El dar el paso de una oligarquía a una democracia está pendiente en España; y una democracia sin una separación de poderes entre el poder legislativo y el ejecutivo y sin una representación directamente elegida por la ciudadanía no es propiamente una democracia y suele acabar, como ha acabado en España, en el clientelismo político y la corrupción generalizada.
La lucha por el pleno ejercicio de las libertades individuales y de las libertades políticas colectivas es un fundamento del laicismo. La libertad de expresión en todas sus formas, la libertad de manifestación y la libertad de información (esto último muy deteriorado en el mundo que vivimos) es esencial. Por eso, desde el laicismo, hemos condenado todos los intentos de involución en materia de libertades públicas como la ley mordaza y las consecuencias que ha traído para muchas personas que han sido condenadas por escribir una canción, un twet, o realizar una representación de títeres o asistir a una protesta contra un desahucio.
Desde el laicismo se apuesta siempre por la resolución pacífica de los conflictos. Todo el despropósito de supresión de gobiernos legítimos o parlamentos elegidos no tiene sentido. El denominado desafío independentista no puede ser la excusa para mantener, instrumentalizando el aparato judicial, a líderes sociales en la cárcel. Es peligroso también el revival de extrema derecha que hemos visto en muchas de las manifestaciones que se realizan en defensa de la unidad de España. Los sucesos que se produjeron en Valencia, donde grupos de la extrema derecha cargaron violentamente contra personas que libremente se manifestaban, son muy graves. El conflicto en Cataluña debe resolverse a través del diálogo político y la garantía del derecho de los ciudadanos y ciudadanas catalanes a expresar libremente su opinión posiblemente en un dialogo político y social más amplio. Todo lo que no sea esto generará frustración, polarización social y, lo más peligroso, el ascenso del autoritarismo en nuestra sociedad. España corre el peligro de ir, a medio plazo, hacia una Erdoganización, limitando las libertades individuales y personales y también los derechos políticos colectivos, siendo tolerado y aceptado por una gran mayoría social y ello en aras de la unidad de España, la democracia y la santificada Constitución.
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