Una vez que el gobierno ha suspendido la tramitación del cementerio nuclear en Villar de Cañas, es imprescindible poner en valor que han sido los ciudadanos movilizados y activos durante más de 8 años los que han logrado, una vez más, este triunfo. El primer intento de instalar un cementerio nuclear en el Reino, lo […]
Una vez que el gobierno ha suspendido la tramitación del cementerio nuclear en Villar de Cañas, es imprescindible poner en valor que han sido los ciudadanos movilizados y activos durante más de 8 años los que han logrado, una vez más, este triunfo. El primer intento de instalar un cementerio nuclear en el Reino, lo paró la ciudadanía en 1987.
El pasado miércoles, se dio a conocer que el Gobierno envío el 2 de julio una carta al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) indicándole que suspendiera la emisión de su informe en relación con la autorización de construcción del ATC. Las celebraciones y el intercambio de parabienes entre los activistas de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear, se han sucedido estos días. El movimiento antinuclear está de enhorabuena y aunque no es el cierre definitivo, se ha dado un paso de gigante para que el ATC de Villar de Cañas sea Historia.
Ahora el gobierno abre un proceso de planificación sobre el modelo energético, en el que definirá el encaje de la energía nuclear y el proceso de desmantelamiento de las centrales. Una vez definido este proceso, será el momento de discutir el modelo de gestión de los residuos nucleares que (en todo caso) deberá ser participado y democrático, pero se abren numerosas incertidumbres sobre cuándo de iniciará de este debate.
Hay que recordar que las movilizaciones constantes de muchos ciudadanos anónimos de localidades cercanas a Villar de Cañas, la beligerancia de las 49 organizaciones de la Plataforma y la constancia de un grupo de activistas, son el origen de esta decisión. Impulsados por estas movilizaciones, las diferentes candidaturas al gobierno de CLM, firman en marzo de 2015 un acuerdo por el que se comprometían a parar el ATC en caso de llegar al gobierno tras las elecciones de mayo de ese año.
La Plataforma ha tenido que enfrentarse a un potente lobby que ha difundido de forma exitosa, en medios de comunicación generalistas, mentiras, medias verdades e informaciones engañosas, alarmando a los ciudadanos con la urgencia de construir el ATC. La más recurrente, es que se está llevando el combustible gastado (CG) a Francia y pagando desde hace muchos años, cantidades enormes al país vecino, por hacerse cargo de estos residuos. En otro artículo de este blog, se explica con datos esta operación planificada de difusión de información falsa pretendiendo reducir el conflicto a un problema de la provincia de Cuenca y de CLM cuando tiene un calado mucho más profundo.
También se ha extendido la falsedad de que un ATC no solo es imprescindible, sino también más barato. Analicemos estas mentiras:
Que el ATC sea imprescindible, no resiste el más mínimo análisis: la experiencia internacional es prolija en el campo de los almacenes de contenedores en seco (pp. 8 – 15), también llamados almacenes temporales individualizados (ATI), el principal sistema de almacenamiento en numerosos países. EE.UU., Canadá y otros nunca han contemplado un ATC como una infraestructura necesaria para almacenar temporalmente su CG.
En cuanto a que el ATC es más barato que los ATI, tampoco se puede sostener. En el proyecto del ATC que dio a conocer Enresa en 2014, figura su coste: 2.816,41 millones de Euros. El desglose es el siguiente (en millones de Euros de 2014):
– Proyecto: 857,03
– Explotación: 1.136,71
– Clausura: 142,68
– Impuesto ecológico: 404,59
– Asignaciones ayuntamientos: 275,40
A esto habría que añadir el coste del transporte de los residuos desde las CC.NN. hasta el ATC, que Carlos Bravo (consultor medioambiental y experto en energía nuclear) valora en 100 millones de Euros. En total serían 2.916,41 millones de Euros.
Los datos de los ATI, son los siguientes:
Los contenedores necesarios (según el 6ºPGRR) son 546. Cada contenedor de doble uso, tiene un coste aproximado de 2 millones de Euros, es decir 1.092 millones de Euros. El coste de explotación es similar al de fabricación (Según las estimaciones de Enresa). Los impuestos y las asignaciones, como se realizan por peso de Uranio, tendrían un importe similar para el caso del ATC y por tanto los ATI tendrían un coste total de 2.863 Euros.
Pero los ATI son ya un hecho, ya hay tres construidos y en breve se construirán el resto. Es decir, buena parte de estas inversiones están realizadas o se van a realizar en breve. Ya hay ATI en Trillo, Zorita y Ascó con 57 contenedores ya fabricados, en concreto 32, 12 y 13 respectivamente (a 31 de diciembre de 2017 según el CSN). Y en todo caso los ATI hay que construirlos sí o sí, para proceder al desmantelamiento de las centrales.
Es incontestable que el modelo de los ATI sin ATC es más barato que lo que pretendía el gobierno anterior, es decir, ATI + ATC. Por eso es absurdo que se defienda que el ATC es menos costoso. Pero es complicado establecer la diferencia entre ambos modelos al aplicarlos a nuestro estado, pues dependerá de varios factores, principalmente la fecha de cierre de las nucleares y el momento del comienzo de los transportes (en el caso de que se optara por el ATC) que definiría la necesidad de construir más o menos contenedores de doble uso.
Si finalmente se construyera el ATC con suficiente retraso, para que todas las centrales estuvieran en desmantelamiento y con todo el CG en contenedores, se daría una situación absurda: existiría una capacidad de almacenamiento que duplicaría el volumen de residuos y la factura total de almacenamiento temporal, sería de 5.779 millones de Euros. Con el problema añadido de tener que buscar la solución definitiva que podría costar más del doble de esta cifra.
Por tanto, prescindir del ATC, ahorraría al fondo para la gestión del 6ºPGRR (fondos públicos) más de 2.900 millones de Euros. De esta manera, se podría solucionar el déficit de este fondo, que el Tribunal de Cuentas cifró en febrero de 2015 en 1.800 millones de Euros, si bien se debería actualizar la fiscalización de las cuentas puesto que las situación ha cambiado desde 2015.
El movimiento antinuclear se opone a los ATI de Almaraz, Cofrentes u otra ubicación si su único objetivo es prolongar la vida útil de las centrales nucleares, pero es consciente de que serán necesarios para el desmantelamiento.
En todo caso los opositores a la energía nuclear no nos pronunciamos sobre el modelo tanto temporal como definitivo de gestión de los residuos nucleares. Solo se podrá discutir estos extremos, cuando tengamos un calendario de cierre de las centrales nucleares. En ese momento se deberá establecer un debate público informado y democrático.