En enero de 2004, el día 2 aparece muerto un preso en la cárcel de Dueñas con un corte en el cuello, el día 5 muere un recluso en Brians tras ser reducido después de una pelea. El día 19 se hace público en «El diario de Córdoba» que la prisión de Alcolea registra siete […]
En enero de 2004, el día 2 aparece muerto un preso en la cárcel de Dueñas con un corte en el cuello, el día 5 muere un recluso en Brians tras ser reducido después de una pelea. El día 19 se hace público en «El diario de Córdoba» que la prisión de Alcolea registra siete muertes por motivos no naturales en los últimos tres meses. En febrero, el día 9, un recluso aparece muerto en A Lama. En marzo, el día 2, la familia de un preso que murió por infarto en la cárcel de Villena denuncia que no recibió atención y que como consecuencia de ello, falleció. El día 13 en Sevilla II un preso se quitó la vida ingiriendo un litro de lejía.
En abril, el día 7 se anuncia la cuarta muerte en lo que va de año en el Acebuche, esta vez por la ingesta de una sobredosis de pastillas. En mayo, el día 18, en el presidio de Albolote, un condenado a cincuenta años de prisión pone fin a su vida tras prender fuego a su celda en el módulo de aislamiento. El día 24 ocurren dos hechos simultáneos en la prisión de León, un preso aparece ahorcado en su celda después de haberse producido graves incidentes en la prisión denunciados por los sindicatos de funcionarios. El día 27 en el centro de menores de Pinaret, un adolescente de 18 años, apareció sin vida en su habitación. Al día siguiente en Daroca, hallan muerto a un preso en su celda.
En junio, en la cárcel de Zuera, un preso muere el día 10, otro el día 11 y una presa con «vigilancia permanente» al día siguiente, los tres se suman a otro más fallecido en el año 2004, y a los diez muertos desde que se inauguró recientemente la nueva cárcel. El día 19, en la cárcel modelo de Barcelona, hallan muerto a un preso en su celda. Dos días después en Palma aparece otro convicto ahorcado en la celda cuando se encontraba aún en periodo de observación. El día anterior había aparecido otra persona presa muerta en A Lama.
En julio, el día 6 aparece en el Acebuche otro internado ahorcado en su celda y curiosamente, había sido aislado por agredir a un guardia. El día 8, se denuncia públicamente la muerte de un preso jerezano en Puerto II por desatención médica. El día 12, un berciano de 70 años que tenía que ingresar en un psiquiátrico se suicida en la cárcel de León. El 26 en Albolote otro preso aparece muerto tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. En agosto, el día 8, encuentran a un joven ahorcado en su celda colgado de los cordones de los zapatos.
Las versiones oficiales de estas muertes prematuras son siempre las mismas: causas naturales, sobredosis, suicidios. Se consideran hechos excepcionales y aislados, y sobre todo se definen como resultado de los desequilibrios personales de sus víctimas y en ningún caso como consecuencia inevitable de la aplicación de una medida penal que en las condiciones en las que se aplica, muchos reos, ante la insoportabilidad del sufrimiento, «deciden» que es mejor quitarse la vida. Jamás se reconocen como muertes producidas por las condiciones de encierro en las que se encontraban quienes murieron. La maquinaria jamás falla, siempre son las personas.
A partir de los datos hechos públicos por los medios de comunicación, y visibilizados gracias a en- tidades sociales tales como la Asociación contra la Tortura de Madrid, la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía o el Ob- servatorio sobre el Sistema Penal y los Derechos Humanos de Cataluña entre otras, podemos contabilizar un total de 25 muertes en las prisiones españolas durante el primer semestre del año (sin contar las de personas vascas y españolas fallecidas en cárceles de otros países). Todas ellas achacadas a suicidios según la versión de los responsables penitenciarios ante la opinión pública, cuando curiosamente los datos oficiales de Instituciones Penitenciarias, solo contabilizan 17 muertes por suicidio para este periodo, y 30 tentativas no consumadas.
Son muertes prematuras que como las 8.000 registradas y reconocidas oficialmente que se produjeron entre 1988 y el año 2002 en las prisiones españolas, se podrían haber evitado en gran número de casos tan solo con que las autoridades responsables hubieran respetado la leyes penitenciarias vigentes. Parece que aquí hay mucha responsabilidad institucional que ocultar, mucho que investigar hacia dentro de la casa estatal como para no pretender mejor desviar la vista para otro lado, quizás Irak, Palestina o Guantánamo, donde también los gobiernos de otros países como EEUU o Israel, que supuestamente son el ejemplo civilizatorio a seguir, tienen lo suyo en relación con las prácticas de genocidio, torturas y secuestros institucionales.
Los suicidios oficiales en prisión representan un tasa de 68 anuales por cien mil habitantes, lo cual significa que en una institución pública supuestamente dedicada a la rehabilitación de las personas sujetas a su custodia, la tasa de suicidios es 11 veces superior a la de la población total que en el estado se sitúa entre el 4 y el 6 anuales por cien mil habitantes. Las tasas de suicidios sólo son superadas por Francia y el Reino Unido, países europeos donde al igual que en el caso español, se dan los mayores índices de masificación y hacinamiento en prisión. Los hechos y datos hablan por sí mismos. Según las fuentes oficiales en los últimos cinco años se ha producido un incremento progresivo de los «suicidios» en prisión (de 20 en el 2001 a una estimación de 34 para este año). Este incremento se registra sobre todo a partir de las últimas reformas penales, y coincide con el descenso en la inversión y gasto público en materia de equipamientos y programas dentro del sistema de ejecución penal, imprescindibles para hacer posible garantizar los derechos fundamentales de las personas presas no limitados en el fallo condenatorio. En este caso, los derechos a la salud y a la vida.
Nos referimos a medias tales como el alargamiento de las condenas, el retraso e impedimento para acceder al tercer grado y a la libertad condicional, las limitaciones de acceso a visitas y en general a relaciones con el exterior, el deterioro de las condiciones materiales, ambientales y de las relaciones entre personas presas y funcionarios o la falta de programas de prevención, asistencia y tratamiento en materia de salud mental en una institución segregativa que expresamente produce desequilibrios psíquicos. Estas cuestiones son las que explican la desesperación y angustia que viven las personas presas, los motivos que desencadenan, como resultado último y visible, el incremento significativo desde finales de 2003 de las muertes y «suicidios», y que en el fondo son una aplicación sutil, maquiavélica y extrajudicial de la pena de muerte en el interior de las cárceles.
* César Manzanos Bilbao. Doctor en Sociología y representante de la asociación Salhaketa.