Cambios técnicos, cambios políticos Cualquier decisión del Consejo de Ministros, tenga el carácter que tenga, tiene un componente político. Pero en lo que toca al campo andaluz y extremeño, pocas veces una medida técnica y administrativa tiene tanto contenido político bajo de la gruesa capa retórica y burocrática. El 30 de diciembre, las «disposiciones transitorias», […]
Cambios técnicos, cambios políticos
Cualquier decisión del Consejo de Ministros, tenga el carácter que tenga, tiene un componente político. Pero en lo que toca al campo andaluz y extremeño, pocas veces una medida técnica y administrativa tiene tanto contenido político bajo de la gruesa capa retórica y burocrática.
El 30 de diciembre, las «disposiciones transitorias», por las que se regulaban y se prorrogaban un año tras otro, las condiciones para cobrar el subsidio de desempleo, se convierten en una norma permanente y por tanto, con sus peculiaridades, en un derecho equivalente a la prestación por desempleo del Régimen General. Se suavizan además las condiciones de acceso. «Los mayores de 35 años, o menores de dicha edad con responsabilidades familiares, que tengan al menos veinte o treinta jornadas reales cotizadas al Régimen Especial Agrario, pueden completar las 35 exigidas con carácter general… mediante trabajos prestados en obras del programa de fomento de empleo agrario. Se permite también el acceso al subsidio, con un mínimo de veinte jornadas reales cotizadas al REASS, a los que fueron preceptores del empleo comunitario en el año 1983 y han sido perceptores del subsidio en el año anterior».
Para entender la implicación y el alcance de estas medidas, hay que remontarse precisamente a la época y las razones por las que se implanta el subsidio, en 1983, en medio de duras movilizaciones, ocupaciones de tierras y huelgas de hambre allí donde el SOC había desplazado la hegemonía de CCOO y UGT; y en un contexto en el que la idea de la Reforma Agraria además de recogerse en el Estatuto de Autonomía, es un elemento político, histórico, material y simbólico central de la sociedad andaluza. La gestión del conflicto y los problemas en el campo andaluz, es una pieza clave para el proyecto desarrollista y la continuidad del PSOE en el gobierno autonómico y español. Aunque el subsidio es un derecho que los jornaleros llevaban reclamando tiempo, aislado de otras medidas que transformaran la situación y el régimen económico y social del campo, se convierte por si solo en un caballo de troya.
El subsidio produce una relativa estabilidad de la población del campo, disminuyendo los flujos y los periodos de inmigración, mientras los fondos del PER permiten cierto grado de desarrollo allí donde se gestionan razonablemente. Pero nada de esto compensa lo que hoy es un miserable régimen de relaciones económicas, sociales y políticas.
La necesidad de conseguir a toda costa las peonadas necesarias, no solo pone a los jornaleros a merced de los empresarios y los alcaldes, sino que se convierte en un elemento individualizador que debilita la lucha colectiva. La mejora de los convenios se convierte en algo secundario, ante la urgencia de conseguir las firmas necesarias para subsistir, invalidando la huelga, que se convierte en un riesgo de «perder los días». Así, a medio plazo el subsidio se convierte en un elemento de presión a la baja para los jornales. y en un arma de política clientelar de la que se sirven las altas instancias a la hora de distribuir los fondos entre los pueblos, y los alcaldes, para favorecer a su entorno mas servil, castigando a «los otros».
Por tanto, la última medida de el gobierno Zapatero respecto al sistema de protección social, pese a su fino disfraz de eficacia y sensibilidad social, no viene sino a consolidar un orden de cosas perverso.
Lecturas políticas
Su importancia política, tanto en relación al pasado como al futuro, tiene varias lecturas.
A un nivel electoralista, tras el intento del PP de eliminar el subsidio, esta medida, incluso con su discreta repercusión mediatica, es un elemento propagandístico de peso, para contrarrestar las intenciones de Javier Arenas de ganar fuerza e influencia en los pueblos, como parte de la estrategia para desplazar al PSOE del gobierno en la Junta de Andalucía. En este aspecto, que nadie se engañe por el filtro mediático, esta cuestión ya debe estar corriendo como la pólvora en los pueblos.
A un nivel social y demográfico, la medida abre aún mas la brecha entre la población inmigrante y autóctona. Por un lado se blinda la posición de quienes históricamente han cobrado el subsidio. Por otro, la medida no deroga los diez años de censo exigidos a partir de lo que quedó de la contrarreforma Aznar, de manera que se excluye definitivamente a la población inmigrante del acceso al subsidio, impidiendo así cualquier posibilidad de estabilidad económica, social y demográfica. Se mantiene así la bolsa electoral del PSOE, que entre otras cosas era lo que pretendía romper el gobierno Aznar dejando sin protección a los jornaleros y obligandolos a la emigración. Por el otro lado, esta política está en mayor sintonía con los reclamos de la patronal, que considera imprescindible el subsidio para mantener los convenios a la baja, y a la vez requiere de una población inmigrante indefensa, y con el menor margen para generar espacios de lucha y organización estables por sectores, temporadas y territorios.
A un nivel histórico-político, el propio texto del Real Decreto, no deja lugar a dudas sobre un fracaso rotundo: «A partir de la vigencia de esta norma se ha venido haciendo uso continuado de esta facultad de prórroga del régimen transitorio, lo que lleva, dado lo dilatado de este periodo de prórroga, a valorar que se da una continuidad en la concurrencia de las circunstancias que lo motivaron. Ello hace ver como más apropiada una técnica de regulación que de estabilidad a estas reglas hasta tanto el Gobierno pueda valorar, previa consulta con los interlocutores sociales, que han decaído las circunstancias que motivaron la aplicación de este régimen jurídico». Desde luego se puede decir mas claro, pero este párrafo reconoce tácitamente un fracaso político. Contradice el discurso de la «Andalucía Imparable», al admitir una situación endémica de subdesarrollo económico y social. Esto lo confirman además los añadidos especiales del Real Decreto, para facilitar el acceso a los perceptores del empleo comunitario en 1983, y «a los mayores de 35 o menores de esa edad con cargas familiares», que dan cuenta de una continuidad generacional evidente. Todo, pone en su lugar las promesas de progreso y prosperidad asociadas al proyecto desarrollista español y europeo, y la contradicción entre este marco político, económico y programático, y las necesidades, los problemas y las soluciones del campo andaluz y extremeño.
Continuidad, ingógnitas y problemas
Además de quedar patentes los veinte años cumplidos de un fracaso, la estabilización legal del subsidio, y la ausencia de la mas mínima declaración de intenciones que indique un cambio de dirección, demuestra una apuesta clara por la continuidad. En este sentido, justificar la medida hasta que «el Gobierno pueda valorar, previa consulta con los interlocutores sociales, que han decaído las circunstancias que motivaron la aplicación de este régimen jurídico», como si habláramos de un fenómeno natural fuera del control, o como si el propio régimen jurídico-político-administrativo no tuviera nada que ver con «las circunstancias», es un insulto a la inteligencia.
Después de que el campo andaluz fuera uno de los elementos de desgaste de los tres últimos años de gobierno del PP, con el lógico provecho electoral para el PSOE, el premio de Zapatero-Chaves-Caldera es la fosilización del régimen social y económico actual, hasta quién sabe cuando.
Se confirma entonces por muchos años una situación social y económica deteriorada y dependiente, en la que la propiedad de la tierra se mantiene intacta y los jornaleros siguen dependiendo del empresario o el alcalde para conseguir el derecho al desempleo. Se olvida otra vez y hasta el infinito, el debate global sobre el medio rural, su vertebración, infraestructuras, sistema productivo etc. La inmigración se convierte en un fantasma, inexistente como sujeto en la definición del marco legal, cuando hoy es un elemento influyente y fundamental para entender y afrontar los cambios sociales y económicos del medio rural.
Las perspectivas que se abren entonces, son mas bien preocupantes, si tenemos en cuenta que, aunque todavía Andalucía recibirá fondos europeos, estos serán mucho menores, y que las posibilidades de desarrollo que podía ofrecer el sistema PER-Subsidio, están mas que agotadas después de veinte años. La coyuntura hoy es distinta a la de 1983. Una nueva composición social y demográfica; una competitividad mayor de la agricultura magrebí y latinoamericana que supondrá un freno inevitable a las zonas que han basado el crecimiento en la agricultura intensiva; un aumento de la precariedad, la economía sumergida, y la explotación de las mujeres; y un desarrollo económico regresivo en numerosos aspectos. Pero la respuesta es mantener intacto el mismo régimen de explotación económica y social, con los ajustes técnicos necesarios.
Así, el futuro ofrece principalmente incógnitas y problemas, y la confirmación de una casta política, gobernante y burocrática pobre, ciega y en definitiva, extremadamente peligrosa.