El gobierno norteamericano está utilizando su Sección de Intereses en Cuba, la embajada en funciones, para abastecer de medios y recursos de todo tipo que llegan mediante valija diplomática a las organizaciones anticubanas del interior de la Isla. El pasado 16 de febrero llegaron al aeropuerto internacional José Martí 21 grandes paquetes a través de […]
El gobierno norteamericano está utilizando su Sección de Intereses en Cuba, la embajada en funciones, para abastecer de medios y recursos de todo tipo que llegan mediante valija diplomática a las organizaciones anticubanas del interior de la Isla. El pasado 16 de febrero llegaron al aeropuerto internacional José Martí 21 grandes paquetes a través de la aerolínea ucraniana Air MarBrisa Air Cargo, con la guía aérea Número 32ª-00440112, tal y como se aprecia en las fotos adjuntas. Todos los bultos fueron declarados como «carga diplomática» y estaban compuestos por 19 cajas de cartón con medicamentos, una caja de cartón con confecciones textiles y otra con alimentos.
En uno de los paquetes constaba la etiqueta que identificaba al destinatario original, el contrarrevolucionario Frank Hernández Trujillo, jefe del denominado Grupo de Apoyo a la Democracia, con la dirección Nº 1000, Boulevard Ponce de León, Suite 312, Coral Gables, Florida, 33134.8. Todo parece indicar que quienes enviaron los bultos para la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba, cometieron el error de no retirar la etiqueta de este destinatario original. Hernández integra también el Consejo Militar Cubano Americano (CAMCO), una institución que intenta realizar actividades de subversión dentro de Cuba, sobretodo entre los miembros de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior.
Estos envíos demuestran la utilización casi diaria que hace Estados Unidos de sus delegaciones diplomáticas y de los privilegios e inmunidades establecidas para las embajadas para canalizar apoyos logísticos a grupos contrarrevolucionarios de dentro de la isla. Se trata de materiales que procedentes de grupos anticastristas con sede en Miami que a su vez reciben su financiación del gobierno de Estados Unidos.
Concretamente el Grupo de Apoyo a la Democracia ha recibido del gobierno de Estados Unidos un total de 4.650.000 dólares entre 1998 y abril de 2005, según informaciones publicadas por USAID (Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos). El pasado 13 de mayo esta organización, con sede en Miami, recibió seis millones de dólares con el objetivo de apoyar a grupos contrarrevolucionarios dentro de Cuba y proyectos de subversión dentro de la Isla. Los congresistas de Florida Ileana Ros Lehtinen, Lincoln y Mario Díaz Balart fueron quienes negociaron y presionaron para la concesión de estas ayudas. Incluso el protocolo de entrega de las mismas se firmó precisamente en las oficinas de Miami de la congresista Ros Lehtinen. Estos seis millones de dólares forman parte de los 29 millones adicionales otorgados para los años 2005 y 2006 por el presidente Bush en el marco de las recomendaciones del Informe de la Comisión de Ayuda a una Cuba Libre, presentado en mayo de 2004.
Tras la firma en Miami del protocolo de otorgamiento del presupuesto, el también legislador de origen cubano Mario Díaz Balart, promotor junto a su hermano de esta «ayuda» reconoció a Bush como «el mejor amigo que han tenido los exiliados cubanos en la Casa Blanca». El vicedirector de la USAID para América Latina y el Caribe, Adolfo Franco, afirmó que estos fondos se podrían utilizarse para apoyar la realización del encuentro anticastrista del pasado 20 de mayo pero que no debían hacerse llegar en efectivo pues «sería entregarle al régimen de Castro, en bandeja de plata, los argumentos para acusar a los disidentes de agentes pagados por el gobierno de EEUU». El gobierno cubano ha denunciado en varias ocasiones el pago de dinero en metálico a cubanos anticastristas por parte de las autoridades diplomáticas norteamericanas. De ahí el cambio de estrategia y el envío de grandes cantidades de material y paquetes por la vía diplomática destinado a esas organizaciones.
Constituida en marzo de 1995, el Grupo de Apoyo a la Democracia, tiene como misión fundamental el abastecimiento financiero y material de los «disidentes» como instrumento del gobierno de los Estados Unidos para derrocar al gobierno cubano. Se dice que en la actualidad es la organización que mayor volumen de material y recursos financieros está suministrando a la contrarrevolución interna, y la que mayores contactos telefónicos sostiene con esta, hasta el extremo de que también se le asignan fondos por conceptos de llamadas telefónicas. Sus envíos llegan a cerca de cien grupos anticastristas del interior de la Isla, entre los que destacan Martha Beatriz Roque, Víctor Rolando Arroyo Carmona, Raúl Rivero (ahora en España) y Osvaldo Alfonso Valdés.
La USAID creó el Programa Cuba en octubre de 1995 y a partir de 1996, bajo la administración Clinton, el Congreso comenzó a otorgar fondos para la promoción de actividades subversivas en Cuba.
Además de la vía diplomática, el gobierno norteamericano y los grupos anticubanos de Miami utilizan emisarios, agencias de paquetería, instituciones bancarias y agencias ilegales de envío de remesas, tal y como se aprecia en los fotos adjuntas. Los «emisarios» son una vía muy utilizada. Tras las medidas de limitación de los viajes a Cuba, el Departamento del Tesoro emite una licencia a las organizaciones contrarrevolucionarias en Miami (Licencia para promover la democracia en Cuba).
Otra vía utilizada es la agencia de paquetería Cubapack. Sólo en el año 2005, el Grupo de Apoyo a la Democracia envió 23.163 libras de alimentos y medicinas por valor de 53.680 dólares a 421 destinatarios de la contrarrevolución cubana. La mayoría de estos envíos se hicieron a través de Frank Hernández Trujillo.
A todos estos envíos y financiaciones hay que añadir los fondos destinados de forma oculta a través de diversas agencias como la CIA. La legislación norteamericana dio suficiente cobertura legal a estas acciones. Así, la sección 115 de la Ley Helms-Burton señala que «Nada de lo dispuesto en la presente Ley prohíbe ninguna de las actividades de investigación, protección o inteligencia jurídicamente autorizadas de un organismo encargado de hacer cumplir la Ley o de un organismo de inteligencia de Estados Unidos». También la ley Torricelli, en su sección 6006, inciso G, establece que «el Gobierno de Estados Unidos debe ofrecer ayuda, a través de las organizaciones no gubernamentales apropiadas, para apoyar a individuos y organizaciones a promover un cambio democrático no violento en Cuba».
Mientras tanto, este mismo gobierno recrudece el bloqueo contra Cuba, obstaculiza los viajes familiares y el envío de remesas y paquetes a Cuba entre las familias.
Pero además, otros veinticinco millones anuales se destinan a la radio y TV Martí que emite violando el espacio radioeléctrico cubano, cinco millones para financiar eventos anticubanos fuera de la Ilsa y otros dieciocho millones para el alquiler del avión militar para la transmisión de la señal de TV Martí.
Y todo con un secretismo que impide que los propios contribuyentes norteamericanos conozcan el destino de sus impuestos. Bajo la excusa de «el riesgo potencial de los que los reciben y de sus clientes en Cuba», según una auditoría encargada por la USAID, «algunas actividades pueden ponerse en peligro por una publicidad inapropiada» por lo que «la USAID, los miembros del Congreso y su personal, así como otros involucrados en el Programa deben mantener una discreción considerable sobre las actividades de éste».