Tras un tormentoso trámite parlamentario, el gobierno de Colombia se apresta a sancionar la Ley General Forestal, impulsada con vehemencia inusual por los ministros de Ambiente y Agricultura. Para los ecologistas, Colombia retrocede 47 años en el cuidado de sus bosques y compromete su patrimonio ambiental con la entrada en vigor de esta norma, cuyo […]
Tras un tormentoso trámite parlamentario, el gobierno de Colombia se apresta a sancionar la Ley General Forestal, impulsada con vehemencia inusual por los ministros de Ambiente y Agricultura.
Para los ecologistas, Colombia retrocede 47 años en el cuidado de sus bosques y compromete su patrimonio ambiental con la entrada en vigor de esta norma, cuyo trámite de conciliación de textos culminó el jueves, tras ser votada el miércoles por la cámara baja.
Para comunidades que habitan el noroccidental Chocó, la selva de gran diversidad biológica en la frontera con Panamá, la norma se vincula con la apropiación violenta de su territorio por medio de la guerra.
A instancias del movimiento ambientalista, una minoría parlamentaria había logrado alargar durante once sesiones las discusiones y bloqueos para hundir el proyecto al final de la legislatura, un intento fallido.
Según la prensa nacional, la mayoría de los legisladores votó a ciegas y no supo explicar el contenido de la nueva ley. Fueron tantas las irregularidades del trámite parlamentario que a minutos de su aprobación se anunciaron demandas ante la Corte Constitucional.
La ley deroga normas expedidas en 1959 sobre la creación de parques nacionales que protegen los glaciares productores de agua y las cuencas hidrográficas de este país andino, considerado una de las mayores potencias hídricas del mundo, alertó el procurador general de la nación (ministro público) Edgardo Maya.
La norma establece el concepto de «vuelo forestal» como un «derecho real autónomo con respecto al suelo», afirma el texto, separando así el suelo de los árboles hasta un metro por encima de la superficie.
A partir de esa cota cesarían los derechos ambientales y forestales sobre el territorio y, por lo tanto, podrían ser entregados en concesión para su explotación bosques y selvas desde un metro de altura.
Para la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Sandra Suárez, «el vuelo forestal es una garantía (bancaria) y sólo aplica para plantaciones forestales».
Los bosques de las comunidades indígenas y negras que están en terrenos titulados, unos 28 millones de hectáreas, no serán cedidos a las madereras, pero sí podrán serlo los territorios aledaños «que les pertenecen por ser parte de su espacio cultural e histórico», advirtió el ex ministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, presidente del Foro Nacional Ambiental.
Simultáneamente, un decreto del Ministerio de Agricultura permite que las comunidades alquilen sus tierras a agroindustrias.
Sin embargo, la ministra sostuvo que la nueva ley prohibía reemplazar un bosque natural por una plantación forestal, o destinarlo a fines agropecuarios. Su par, Andrés Felipe Arias, de Agricultura, afirmó que hay «25 millones de hectáreas disponibles» dedicadas hoy a la ganadería extensiva.
Arias se mostró satisfecho por la estabilidad jurídica que la ley otorgó al inversionista de la reforestación comercial y porque ayudaría a poner fin a la tala ilegal del bosque natural, estimada en 100.000 hectáreas al año y ante la cual se probaron impotentes las normas hasta ahora vigentes.
La nueva ley deroga la reglamentación de las zonas de reserva forestal y da un plazo de tres años al Poder Ejecutivo para redelimitarlas, pero sin criterios «precisos, rigurosos y restrictivos», según el procurador Maya.
Otro ex ministro de la cartera ambiental, Juan Mayr, opinó que la ley «abre a la explotación maderera los bosques naturales» megadiversos, que todavía cubren 44 por ciento de la superficie de este país de 1,1 millones de kilómetros cuadrados.
Colombia lleva más de cuatro décadas de guerra civil. Narcotraficantes y sus bandas paramilitares surgidas en los años 80 se han apoderado en dos decenios de unos cuatro millones de hectáreas, la cuarta parte en los últimos cuatro años, dicen estudios de organismos de control.
Esta «contrarreforma agraria» se expresa en unos tres millones de desplazados forzados que conforman la peor crisis humanitaria de América, según la Organización de las Naciones Unidas. La cuarta parte de los desplazados pertenecen a las etnias indígenas y a la comunidad negra.
Muchos temen que la nueva limitación de reservas dispuesta por la ley legalice la invasión paramilitar sobre los territorios étnicos.
El ministro Arias expresó que en la resistencia a la ley forestal percibía «intereses oscuros» de sectores que no quieren tener competencia en la explotación maderera, mientras su par Suárez calificó de «sospechosa» la oposición al proyecto.
Pero las sospechas de los críticos de la ley se extienden más allá.
Durante su trámite, la firma estadounidense Chemonics International, contratista del Plan Colombia financiado por Estados Unidos para la guerra antidrogas, promovió invitaciones a viajar a Bolivia y a Chile para los parlamentarios de las comisiones encargadas de presentar el proyecto a los plenarios legislativos, sostuvo Aurelio Suárez, compañero de fórmula del senador izquierdista Jorge Robledo para los comicios del año próximo.
La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid), que mantiene contratos con Chemonics, también apareció como fuerte entusiasta del proyecto de ley a través su programa Colombia Forestal.
Suárez indicó que Chemonics es la principal beneficiaria de los contratos de Usaid en Afganistán, y en tres años ha obtenido negocios por más de 60 millones de dólares en Iraq.
Según el ex ministro Rodríguez, Chemonics trajo a Colombia expertos «muy relacionados» con Usaid, que redactaron a puertas cerradas parte de la ley.
La semana pasada, el opositor parlamentario liberal Juan de Dios Alfonso, promotor en 2004 de la declaratoria como Parque Nacional Natural de la Serranía de los Yariguíes, en el departamento de Santander, reveló que se estaban ofreciendo ocho millones de pesos (más de 3.500 dólares) a quien votara favorablemente el proyecto.
A su vez, el parlamentario izquierdista y opositor Gustavo Petro afirmó que la norma estaría al servicio del narcotráfico a través del Ministerio de Agricultura, lo que enfureció al titular de esa cartera.
En el Chocó, «los cultivos (de palma aceitera) fueron avanzando detrás de los fusiles» paramilitares, dijo el sacerdote católico Napoleón García, de la diócesis de Quibdó, en rueda de prensa el 5 de este mes cuando esa regional de la Iglesia Católica ganó el Premio Nacional de Paz 2005.
El Ministerio de Agricultura diezmó las 101.000 hectáreas del territorio colectivo de las comunidades pacifistas de Curvaradó y Jiguamiandó, en jurisdicción de la diócesis, legalizando títulos a cultivadores de palma de aceite que los residentes locales ven como invasores.
«A los palmicultores los vimos llegar», dijo Nevaldo Perea, fundador 20 años atrás de la Asociación Campesina Integral del Atrato.
En esta zona, el servicio informativo intereclesial Justicia y Paz registra «13 desplazamientos forzados, la destrucción de 14 caseríos, 110 crímenes de lesa humanidad» y se pregunta por qué la ley no garantiza «seguridad jurídica» a los pobres.
Según el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, la plantación extensiva de palma aceitera empobrece los suelos, arrasa fauna y flora y contamina y disminuye el agua, además de promover la tala ilegal.
Yaila Mena fue desplazada en 1997 de Riosucio, sobre el caudaloso Atrato. «A un mes de entregados los títulos (colectivos sobre las tierras), llegaron los paramilitares y nos sacaron de nuestros territorios. Metieron (sembraron) palma aceitera, que no es nuestra cultura».
«En Riosucio queda muy poca gente que sea nativa», agregó. Según un proyecto de ley que aguarda aprobación, a los cinco años de abandono de un territorio, se pierden los derechos de posesión.
«Que quede muy claro que fue el Estado el que llevó la guerra al Chocó, en 1982, cuando le dio una concesión maderera a dos empresas, Maderas del Darién y Triplex Pizano», dijo a IPS el anciano analfabeto Saturnino Moreno, considerado «sabio» por la comunidad de Tanguí, también en la jurisdicción de la diócesis de Quibdó.
«Después vino el conflicto armado, por las potencias del mundo que quieren apropiarse de las inmensas riquezas del Chocó. Si el Estado colombiano les hubiera puesto un límite, las cosas hubieran sido diferentes», agregó.
El presidente Álvaro Uribe ha manifestado que tiene «el sueño» de cubrir seis millones de hectáreas con palma africana.
Desde el inicio de su gobierno en 2002, Uribe ha logrado la desmovilización de más de 10.000 paramilitares. Para su reinserción civil dispuso que éstos trabajaran en «alianzas empresariales» agroindustriales con las comunidades.
IPS conoció denuncias según las cuales algunas «alianzas» podrían hacerse a sangre y fuego. Mientras varios jefes paramilitares desmovilizados o en trance de hacerlo anuncian su intención de dedicarse a empresas agroindustriales, entre ellas la palma, el desplazamiento en el Chocó continúa. Entre enero y junio, otras 8.178 personas abandonaron sus tierras en la región del Atrato.