La jornada de huelga y movilizaciones ha dejado graves secuelas para quienes salieron a las calles a denunciar la dispersión y a reclamar un proceso de soluciones democrático. Por un lado, seis personas han sido citadas en la Audiencia Nacional para la próxima semana. Entre ellas Arnaldo Otegi, quien ayer denunció el intento de «encarcelar a quienes son interlocutores necesarios e imprescindibles para abrir un proceso». Por otro, las consecuencias de la actuación policial se resumen en decenas de contusionados y heridos. Es el caso de una joven del barrio iruindarra de Donibane, que tiene rotas la cadera y la pelvis.
La iniciativa judicial del magistrado de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska contra Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Juan Mari Olano, Arantza Zulueta, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena fue uno de los temas centrales del día posterior a la jornada de huelga y movilizaciones convocada por la izquierda abertzale.
Estas seis personas han sido llamadas a declarar a Madrid la próxima semana. En su auto, el juez señala que esta citación se debe a los «hechos delictivos» contra «la paz pública» y «el orden constitucional» habidos en «distintas localidades del País Vasco y otras adyacentes».
Batasuna ofreció ayer una rueda de prensa para valorar el alcance de la huelga y la decisión adoptada por el juez. Respecto a esta última cuestión, Arnaldo Otegi consideró que es la «respuesta» del Estado español a quienes salieron a la calle «para decir no a la política de dispersión y sí a las soluciones políticas y democráticas».
El portavoz independentista trajo a colación el proceso irlandés para afirmar que «cuando las condiciones se acercan cada vez más a las soluciones políticas, quienes más hemos coadyuvado a generar condiciones para que eso suceda somos atacados sin piedad».
«En estos tres años, sin muertos por parte de ETA y con muertos familiares y presos, nosotros no hemos dejado ni un día de ser perseguidos, citados, presionados, seguidos por la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y a pesar de todo, no como otros, hemos seguido manteniendo clara nuestra apuesta, porque ésa es nuestra prioridad política», destacó.
Por ello, se dirigió al Gobierno español y al PSOE para indicar que «cuando se persigue a la izquierda abertzale no se está persiguiendo a una formación política; se está tratando de encarcelar a quienes son interlocutores necesarios e imprescindibles para abrir un proceso de soluciones políticas. Quien actúa así, o quien lo permite [hizo hincapié en esto último], no está buscando facili- tar las cosas en la dirección de facilitar ese proceso. No se puede construir un proceso de soluciones al conflicto fijando la construcción de ese proceso a la responsabilidad de una de las partes».
Decisión de la militancia
Otegi quiso dejar claro que «nadie va a hacer cambiar la apuesta política de la izquierda abertzale, porque esa apuesta la deciden sus militantes». En esta línea, apeló a la ciudadanía para que «haga suya la necesidad de este proceso, lo empuje, lo ponga en marcha y lo haga terminar en la dirección de los intereses de la mayoría popular de este país».
Respecto al balance de la jornada de huelga y movilización, recordó que su origen se remonta a la muerte de dos presos en la cárcel. «En un país en el que se habla permanentemente del debate sobre la violencia y el sufrimiento, la izquierda abertzale recogió la pasada semana dos cadáveres. Jóvenes que tienen familiares, hijos, y que nos permiten afirmar con rotundidad que sobre sufrimiento, a la izquierda abertzale, lecciones pocas. Y por parte de nadie», manifestó.
Valoró de forma positiva la respuesta a la convocatoria, recordando que sólo al mediodía se movilizaron al menos 30.000 personas y que los paros fueron importantes en los centros de enseñanza, comercios y numerosas empresas.
El «papelón» de Azkarate
En el lado negativo de la balanza situó «el absoluto acoso policial que sufrimos, saldado con al menos doce detenidos, bastantes personas golpeadas, gente hospitalizadaŠ». También reseñó el «papelón» que, a su juicio, completó Miren Azkarate, «similar al del 11-M, 12-M y 13-M de hace dos años».
Otegi certificó en este sentido que asegurar, tal y como hizo la portavoz del Ejecutivo autonómico, que el jueves no se produjo «ningún tipo de anormalidad en la vida social y laboral es sencillamente mentir».
Preguntado por las demandas de mayores compromisos a Batasuna por parte de otras formaciones, Otegi denunció que «algunos, cuando nos piden más compromisos, lo que nos están pidiendo es que dejemos de pelear por este país, y eso no lo vamos a hacer nunca. O que dejemos de reivindicar un marco democrático, y no lo vamos a hacer nunca. O que renunciemos a nuestros principios y a nuestro proyecto político, cosa que no vamos a hacer nunca. ¿Compromiso para la paz? Saben que lo tenemos, y lo tienen acreditado».
Rafa Díez: «Impulso político»
Rafa Díez, otro de los citados a declarar, consideró que la decisión del juez tiene «un neto impulso político», al subrayar que «se podrá estar de acuerdo o no con el contenido de una convocatoria, pero el ejercicio de un derecho de huelga o de manifestación es un derecho democrático elemental».
Para el secretario general de LAB, este tipo de decisiones son «provocadoras, pretenden implantar un grado de tensión política», por lo que emplazó a José Luis Rodríguez Zapatero a actuar «directamente» en esta cuestión, al tiempo que reclamó al PSOE que «rompa amarras con un tipo de políticas y actuaciones judiciales que están condicionando mucho esta coyuntura política».
Además, denunció la «provocación de la Ertzaintza» y las «declaraciones que no han servido más que para alimentar determinado tipo de tesis judiciales, como las realizadas por Miren Azkarat