Enmascarada en un ennegrecido mar de hombres y mujeres pobres, aireados de nuevo los miedos aporofóbicos de la invasión, de que dispare la Armada porque ya no caben más (negros), de la inminente pérdida de puestos de trabajo, de identidad y de no sé cuántas tonterías más, ha tomado posesión de esta isla africana blanca […]
Enmascarada en un ennegrecido mar de hombres y mujeres pobres, aireados de nuevo los miedos aporofóbicos de la invasión, de que dispare la Armada porque ya no caben más (negros), de la inminente pérdida de puestos de trabajo, de identidad y de no sé cuántas tonterías más, ha tomado posesión de esta isla africana blanca y europea la Democracia Participativa.
Santa Cruz de Tenerife, al adherirse a la Ley de Modernización del Gobierno Local, se ha convertido de la noche a la mañana en una gran ciudad, y eso que La Laguna y los laguneros no se han dejado engullir por una fusión -ancestral anhelo del tinerfeñismo fundamentalista- para desbancar a Las Palmas en número de habitantes. Como sucede en las grandes urbes, se deben ingeniar artilugios para que la participación ciudadana se oficialice, se haga carne y verbo que ahogue el escepticismo y hastío popular que producen unas instituciones que no sirven a sus pueblos, que responden a otros intereses, que los amordazan o simplemente silencian sus demandas con el ruido de sus medios.
Una abstención de casi el 50 % en las últimas municipales y el peligro que significa el movimiento ciudadano Asamblea por Tenerife obligaron a poner en marcha los fracasados e inoperantes Tagorores, especie de asamblea popular impuesta desde el ayuntamiento, un Porto Alegre de mentira montado por Coalición Canaria y la inútil oposición municipal como coartada para intensificar sus mezquinas políticas clientelares y el reparto entre aduladores de barrio, concejales de relleno, opositores de risa y algún que otro ingenuo que pasaba por allí, de un presupuesto de 3.000.000 euros para mayor gloria de la democracia orgánica.
Recientemente, al calor de la ley de grandes ciudades y ante la contundente reacción ciudadana contra los atentados sociales que contempla el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se ha presentado en sociedad con un gran despliegue mediático el Consejo Social de Santa Cruz de Tenerife, el Tagoror de los tagorores, el Consejo de Sabios como lo define El Día, órgano oficial del chicharrerismo ultra, expresión suprema de la participación ciudadana impuesta y dirigida. Convencidos de su finalidad y de su eficacia como estimulante participativo preside el engendro Pedro Doblado Claverié, alcalde fascista de la ciudad entre 1965 y 1970, promotor de la urbanización de las Teresitas, muy relacionado con la Autoridad Portuaria y fuertemente vinculado a la oligarquía tinerfeña. Además de sus muchas ocupaciones empresariales, y tras abandonar la presidencia del elitista Club Náutico, dedica parte de su tiempo a animar una tertulia televisiva sobre rincones de Santa Cruz donde es habitual ensalzar a figuras tan emblemáticas del franquismo asesino como Cándido Luis García San Juan, Francisco Aguilar y Paz o el arquitecto Enrique Marrero Regalado o defender a ultranza los nombres del viario de la ciudad que rinde homenaje a éstos y otros sediciosos alzados contra le legalidad republicana.
54 personas toman asiento en el Consejo representando estamentos tan poco acostumbrados a la participación democrática como el militar o el policial. La representación del mundo cultural se reduce a los compañeros de tertulia del presidente y al inefable José Rodríguez, propietario de El Día y firmante de sus estrafalarios editoriales domingueros. Los presidentes vecinales domesticados y afines sustituyen a los ciudadanos y la UGT a los trabajadores, sin embargo el empresariado y los profesionales liberales cuentan con una nutrida representación que junto a ex alcaldes, concejales y representantes de organizaciones sociales se reparten en varias comisiones cuyos informes no son vinculantes ni deciden nada. Un presidente y un Consejo que a buen seguro no alzará la voz por la privatización del agua, ni preguntará siquiera por qué el voto de Miguel Zerolo en el Consejo de administración de Cajacanarias sirvió para que Antonio Plasencia e Ignacio González se hicieran de oro especulando en las Teresitas, ni por qué el Ayuntamiento se gasta 300.000 euros para pagar los favores prestados a unos supuestos asesores. No digamos solicitar que el gasto social se acerque cuanto menos al de fiestas y jolgorios.
La participación ciudadana es otra cosa, ellos lo saben y por eso inventan Tagorores, Consejos Sociales con y sin sabios, por eso impidieron que la ILP contra el Puerto de Granadilla, avalada por más de 50.000 personas, fuera discutida en el Parlamento de Canarias.
En este mundo en lo que nada es lo que es sino lo que dicen que es, ahora la tortura en Iraq o en Guantánamo se ha convertido en un «interrogatorio coercitivo», los prisioneros de guerra en «oponentes de combate» para poder sortear la Convención de Ginebra y el genocidio de Faluya no pasa de ser un «daño colateral» más. Aquí, con la misma intención pero en otra guerra, el oportunista alcalde Miguel Zerolo se ha inventado la Democracia Participativa.