Delegados de los países en desarrollo en la octava Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP-8) demandan cambios en las normas de la OMC sobre patentes de recursos genéticos como semillas, plantas y animales.
La reunión, que finaliza este viernes, se viene realizando en la meridional ciudad brasileña de Curitiba desde el 20 de marzo.
El reclamo de los países en desarrollo se origina en el temor de que las leyes existentes sobre propiedad intelectual puedan infringir los derechos de las comunidades indígenas sobre su conocimiento y uso tradicional de varias especies vegetales y animales.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptado en 1992, requiere claramente compartir los beneficios de los recursos biológicos de modo «justo y equitativo». Todas las partes coincidieron en que el convenio debe estar implementado para 2010, pero no en cómo hacer esto.
Grandes países en desarrollo –entre ellos India, Brasil y Pakistán– propusieron que las compañías interesadas en tener acceso a material genético revelen su país de origen y busquen el consentimiento informado de la población local antes de obtener derechos para patentar.
«Esta es una condición mínima», dijo Henrique Choer Moraes, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, en una reunión de expertos. «No estamos negando los contratos (a las empresas). Sólo queremos conformidad».
Pero Estados Unidos, que alberga una gran cantidad de firmas biotecnológicas y farmacéuticas, mira con desdén la propuesta de crear reglas internacionales que sujeten los derechos de patente al previo consentimiento de las comunidades indígenas, y la condición de que el origen de la fuente del producto sea hecho público.
«Estados Unidos está muy interesado en la flexibilidad», dijo Douglas Neumann, funcionario del Departamento de Estado que se encarga de asuntos biológicos y ambientales, a los delegados de un encuentro organizado por el Consejo de la OMC (Organización Mundial del Comercio) para Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relativos al Comercio, conocidos por sus siglas en inglés Trips.
Desde el punto de vista de Neumann, la condición de revelar el origen causaría incertidumbre a quienes desarrollan los productos y «desalentaría la innovación». El sistema de patentes «ayudó a personas en todo el mundo a mejorar sus vidas», dijo.
Pero los autores de la propuesta no abrazan este argumento. «¿Vamos a matar la innovación? No, no vamos a hacer explotar el sistema de patentes. Nuestra propuesta protege positivamente el conocimiento tradicional», dijo Moraes, agregando que la «carga de la prueba» es depositada en los buscadores de patentes.
Estados Unidos no objeta las leyes nacionales, pero rechaza un mecanismo legal internacional porque, como sugirió Neumann, podría afectar las negociaciones de los contratos. Ese país también busca una clarificación de la definición de «conocimiento tradicional».
Cómo jugará este enfrentamiento entre derechos de propiedad intelectual y protecciones sociales y ambientales es una pregunta que deben contestar los 149 miembros de la OMC y las 188 partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, según observadores.
Brasil, quien tomó la delantera en cumplir con los requisitos de implementación planteados por el Convenio, alega que las leyes de propiedad intelectual y el tratado deben ser «mutuamente compatibles».
Aunque fue debatido en reuniones previas, el asunto fue abordado formalmente por la Comisión sobre Comercio y Ambiente de la OMC en 1995. Ganó impulso durante la conferencia ministerial de 1999 en la noroccidental ciudad estadounidense de Seattle, donde estallaron enormes protestas contra las políticas del organismo.
En diciembre del año pasado, durante la sexta Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong, los países en desarrollo nuevamente plantearon el asunto. Allí alegaron que las reglas de los Trips debían ser enmendadas para obligar a todos los miembros del organismo a cumplir el principio de que las formas de vida y sus partes no sean patentables.
El acuerdo Trips permite patentar u otorgar otras protecciones a la propiedad intelectual de material genético sin asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica, incluyendo los relativos a un «consentimiento previamente informado» y a una distribución equitativa de los beneficios.
Los países en desarrollo dicen que, si esto no es posible, por lo menos las patentes para los productos basados en el conocimiento tradicional o indígena deben ser excluidas.
Alegan que el artículo 16 del Convenio reconoce un conflicto entre los objetivos de proteger la propiedad intelectual y la conservación de la biodiversidad, declarando que «las patentes de las partes contratantes y otros derechos de propiedad intelectual pueden tener influencia en la implementación de este Convenio, (y) cooperarán en esta materia sujetos a la legislación nacional e internacional para asegurar que tales derechos sirvan de apoyo y no vayan contra sus objetivos».
Los países también están divididos en cuanto a qué foro es más apropiado para debatir el tema, la OMC o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Por el momento, la OMC parece determinada a intensificar las consultas. Está previsto que su Ronda de Doha de conversaciones comerciales finalice este año, pero no está claro si el conocimiento tradicional será abordado en alguno de sus aspectos.
«En este momento no estamos discutiendo el conocimiento tradicional», dijo un funcionario de la OMC a los delegados en una reunión en Curitiba.