Sevilla El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-Adena) ha hecho público un completo informe sobre el uso ilegal del agua en España, en el que se asegura que al menos el 45 % de los caudales bombeados desde los acuíferos se extraen al margen de la legalidad. En el caso de la comunidad de Andalucía, […]
Sevilla El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-Adena) ha hecho público un completo informe sobre el uso ilegal del agua en España, en el que se asegura que al menos el 45 % de los caudales bombeados desde los acuíferos se extraen al margen de la legalidad. En el caso de la comunidad de Andalucía, el documento advierte de que sólo en la cuenca del Guadalquivir hay un mínimo de 10.000 pozos ilegales, algunos de ellos en zonas de gran valor ecológico donde el agua es un elemento vital, como ocurre en el entorno del Parque Nacional de Doñana. De acuerdo con los cálculos más conservadores, realizados a partir de los datos que maneja el propio Ministerio de Medio Ambiente, cada año se explotan en España, de forma ilegal, unos 3.600 hectómetros cúbicos de agua procedente de acuíferos, cantidad suficiente para cubrir las necesidades de una población de 58 millones de personas durante todo un año. Este volumen de agua contrasta con los caudales que se extraen de forma legal, estimados en unos 4.500 hectómetros cúbicos/año, lo que significa que los acuíferos están sufriendo una presión insostenible que, en muchos casos, ni siquiera aparece reflejada en las estadísticas.
El número de pozos ilegales que se reparten por todo el país supera el medio millón, y eso considerando únicamente aquellos de los que se extraen más de 7.000 metros cúbicos de agua al año. Si a este balance se suman las pequeñas perforaciones, igualmente ilegales, que se realizan en explotaciones agrícolas de reducido tamaño, viviendas unifamiliares o fincas de recreo, las cifras se disparan.
Con este panorama desolador arranca el informe sobre el uso ilegal del agua en España que acaba de publicar el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-Adena), documento que advierte sobre la gravedad de un problema cuyas consecuencias «paga la sociedad en su conjunto». Al margen del impacto ambiental de estas prácticas, los usuarios legales del agua subterránea, desde empresas de abastecimiento hasta agricultores, sufren escasez de recursos «mientras otros obtienen importantes beneficios económicos infringiendo la ley».
Cultivos quemados
En muchos casos, explica Adena, la disminución del líquido disponible va acompañada de una disminución de la calidad y, así, aparecen «cultivos quemados por aguas cargadas de sales y poblaciones con agua de boca contaminada con fertilizantes y pesticidas». A pesar de estas graves consecuencias, la Administración carece de los medios necesarios para hacer cumplir la ley y, a juicio de este colectivo conservacionista, tampoco destaca por su decisión política a la hora de atajar estas ilegalidades. Pero el factor decisivo que explica la proliferación de estas prácticas, admiten los ecologistas, es «el grandísimo beneficio económico que reporta la utilización del agua extraída ilícitamente, ya sea para usos agrícolas, turísticos o urbanísticos».
A pesar de que a la hora de elaborar este informe los principales organismos del agua en Andalucía (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Agencia Andaluza del Agua) no facilitaron a Adena la información que esta les requería, el informe incorpora abundantes referencias a esta comunidad. En concreto, y citando datos oficiales, se estima que en toda la cuenca del Guadalquivir existen unos 10.000 pozos ilegales, y estas perforaciones se están multiplicando incluso en zonas de alto valor ecológico, como ocurre en el entorno de Doñana.
La agricultura sigue siendo la gran consumidora de agua en Andalucía, hasta el punto de que sólo los olivares en regadío demandan cada año unos 620 hectómetros cúbicos, cantidad equivalente al consumo doméstico de 10 millones de personas. En algunas comarcas, como ocurre en la Loma de Úbeda (Jaén), la explotación de los acuíferos experimenta un crecimiento sin límites, a pesar de las denuncias, expedientes y multas con las que se han tratado de frenar las perforaciones ilegales.
El número de pozos sin regularizar en esta comarca ronda el medio millar y, en la mayoría de los casos, extraen el agua de bolsas situadas a gran profundidad. Según el Instituto Geológico y Minero, los regantes extraen en la actualidad unos 35 hectómetros cúbicos al año, mucho más de lo recarga el acuífero por las filtraciones del río Guadalimar, de manera que, si se mantiene el ritmo actual de explotación, estos depósitos subterráneos se agotarán en menos de 20 años.
Igualmente grave es la situación que se registra en el entorno de Doñana. En la zona arrocera de Los Hatos, situada al norte de las marismas, se extraen de manera ilegal unos 12 hectómetros cúbicos de agua al año, y pesar de que los expedientes sancionadores no han dejado de instruirse a lo largo de más de quince años, no ha sido hasta finales de 2005 cuando, por fin, han podido clausurarse algunos pozos. Y en la cabecera del arroyo de la Rocina se estima que alrededor del 50% del agua que se emplea en los cultivos de fresón es ilegal.
En estas condiciones, denuncia Adena, no es extraño que el acuífero de Doñana esté experimentando descensos importantes en numerosos puntos, con disminuciones del nivel freático que han llegado hasta los 16 metros, lo que está alterando las condiciones naturales de ecosistemas particularmente sensibles.
Vigilancia y sanciones
El Fondo Mundial para la Naturaleza no sólo denuncia el problema del uso ilegal del agua, aportando datos concretos sobre esta práctica, sino que, asimismo, propone diversas medidas para resolver esta situación. El Ministerio de Medio Ambiente, y las comunidades autónomas que tienen competencias, como es el caso de Andalucía, deben, en principio, reforzar los mecanismos de vigilancia para identificar los aprovechamientos ilegales, sobre todo en zonas sometidas a sobreexplotación donde las perforaciones están expresamente prohibidas.
También se propone una reforma de las comunidades de usuarios de aguas, de manera que se consiga una mayor implicación de las mismas en la gestión racional de este recurso. Ligada a esta propuesta se incluye la de promover la formación y sensibilización de los regantes, aportándoles, por ejemplo, datos periódicos referidos a la situación de los acuíferos. Deberían, asimismo, revisarse las concesiones de agua existentes para rescatar volúmenes de agua significativos en zonas sobreexplotadas. Si la modernización de un regadío supone un cierto ahorro de agua legal, esta podría ser rescatada para emplearse en el abastecimiento doméstico, en usos ambientales, o para incentivar actividades que supongan un desarrollo rural sostenible.
Adena también sugiere una mayor implicación en esta batalla de las correspondientes consejerías de Agricultura e Industria, de manera que puedan vigilarse, y perseguirse, los cambios de uso de suelo, no autorizados, vinculados a usos ilegales del agua. También podría establecerse la legalidad en el uso del agua como requisito obligatorio para el cobro de cualquier ayuda agraria, y elaborar planes de ordenación territorial que sean compatibles con los recursos disponibles en cada cuenca hidrográfica. Los propios usuarios legales también deberían participar en este empeño, presionando a las administraciones para que persigan estas irregularidades.