Las elecciones del 21 de abril se presentan muy competidas. Uno de los temas de debate es el deterioro de la sanidad pública. En este artículo se aborda la relación entre la salud laboral y la intervención de la sanidad pública.

No es la primera vez que insisto en la importancia de incorporar la cultura preventiva sobre los riesgos laborales al alumnado desde el sistema educativo, es decir, antes de su incorporación a la actividad laboral, sin que ello elimine o sustituya la necesaria información y formación de los riesgos en la empresa a quien comienza a trabajar, incluidas las medidas en vigor en la empresa.

El Ministerio de Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística han reconocido recientemente 119.957 muertes entre 2017 y 2021 a causa de enfermedades (laborales o no) derivadas de la inhalación de fibras de amianto, es decir, unas 24.000 muertes anuales.

Resulta incomprensible la pasividad con la que los gestores de Osakidetza asumen el tratamiento de las enfermedades de origen profesional, con limitada «comunicación de sospecha» o sin pasar los costes sanitarios generados a las mutuas una vez que el INSS ha reconocido su origen profesional.

El cáncer, mejor dicho, los diferentes tipos de cáncer, están convirtiéndose en una epidemia que asusta, dado el sufrimiento y las pérdidas que genera.

El cáncer, mejor dicho los diferentes tipos de cáncer, están convirtiéndose en una epidemia que asusta, dado el sufrimiento y las pérdidas que genera. En 2020, 1.300.000 personas fallecieron por cáncer en la UE. Mientras la población de la UE representa al 10% de la población mundial, la población afectada por cáncer es el 25% del total mundial. Según la Comisión Europea, salvo que se realicen actuaciones decisivas orientadas a extremar la prevención frente a las sustancias cancerígenas, se prevé un incremento de hasta el 24% de las muertes producidas por el cáncer para el año 2035. El informe señala que 250.000 de estas muertes derivan de la contaminación y ausencia de aire puro.

Anunciar planes de choque contra la sangría de muertes laborales resulta positivo, pero puede ser frustrante si no se movilizan recursos para el control de las condiciones de trabajo y sanciones contundentes contra los infractores.