Con este mismo título publicaba Ortega, ya retirado de la política, un artículo en el año 34 poco después de celebrarse los comicios favorables a la derecha. El filósofo español, que se había caracterizado por criticar agriamente las actuaciones de los gobiernos del primer bienio republicano, quería dejar muy claro que todo ello no cuestionaba […]
Cuando se van a cumplir 75 años de su proclamación, es lógico que nos ocupemos de ella, sobre todo al escuchar tantas atrocidades. La radio de los obispos, haciendo retornar a la Iglesia -se quiera o no, es su emisora-a los tiempos del nacional catolicismo, nos intenta convencer de la perversidad intrínseca de esa etapa de gobierno, con lo que sin decirlo pretende justificar el golpe de Estado, la guerra civil y los cuarenta años de dictadura y represión que tuvo que sufrir la sociedad española.
En otras radios y en otros medios, que intentan pasar por más serios y tratan de evitar dar la misma imagen de agitadores de la ultraderecha que da la COPE, también se ha denigrado a la II República acusándola de haber dividido a la sociedad española. Difícilmente pudo hacerlo cuando esa división existía tiempo atrás y era muy anterior a su advenimiento. Cualquier historiador medianamente riguroso puede constatar la profunda desigualdad social, económica y política que caracterizaba en aquella época a nuestro país.
Puestos a recriminar, lo más que se puede decir es que la II República fue incapaz de aunar las dos Españas, tarea difícil cuando los estamentos y clases más privilegiados, incluyendo a la Iglesia, no estaban dispuestos a ceder un ápice en sus privilegios; y la otra España, condenada desde siempre a la miseria, la marginación y el silencio, tenía prisa, mucha prisa, para conseguir los derechos, aquellos derechos que durante siglos se le habían hurtado.
Cuando se relee la Constitución del 31, no se entiende que pueda tildarse de radical al régimen que la acuñó. Sorprende por su moderación, aunque a pesar de ello suponía un salto cualitativo muy importante en la sociedad española, señal inequívoca del atraso, oscurantismo e injusticia a los que tiempo atrás se la había confinado. La II República es el primer y único periodo en nuestra historia previo al que se abre en 1977 del que se puede predicar el atributo de democrático, no sólo porque con anterioridad el caciquismo y el turnismo habían adulterado todos los comicios, sino también porque hasta la II República no se instituyó el sufragio universal, es decir, las mujeres estaban excluidas de las elecciones.
La Constitución del 31, vista con la perspectiva actual, significa un paso importante hacia la modernidad. Es una constitución liberal que reconoce de manera amplia los derechos y libertades individuales (incluido el derecho a la propiedad privada), aunque se adelanta a otras constituciones estableciendo compromisos sociales por los cuales el Estado debe proporcionar los medios que garanticen un acceso general a la educación, la sanidad o la vivienda, y que prefigura lo que después de la Segunda Guerra Mundial se denominará en Europa el Estado del bienestar. Se trata de una constitución laica que desde una óptica moderna intenta la separación de Estado e Iglesia, consciente del papel retardatario que había jugado ésta en el progreso social de nuestro país.
La República pretendió también dar respuesta en lo posible al problema territorial, pero teniendo muy claro que los derechos de los ciudadanos y el interés de la propia República estaban por encima de los supuestos derechos históricos de los pueblos. Causa estupor comparar el Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en 1932 con el que se está tramitando actualmente. Decía aquel estatuto en su art. 1 que Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español, y en el art. 2 que el idioma catalán es, como el castellano, lengua oficial en Cataluña. Para las relaciones oficiales de Cataluña con el resto de España, así como para la comunicación de las autoridades del Estado con las de Cataluña, la lengua oficial será el castellano. Y por último, en el art. 3 se establece que los derechos individuales son los fijados por la Constitución de la República española. La Generalidad de Cataluña no podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles. ¿Se puede tildar a este régimen de radical?
El afán modernizador de la República se manifestó en reformas imprescindibles en aquel momento tales como la reforma agraria y la del ejército, o la de la legislación laboral, con incrementos muy importantes aunque insuficientes del presupuesto del Instituto Nacional de Previsión. En general, se puede afirmar que la República fue ante todo una promesa, promesa frustrada en parte por la inexperiencia de los gobernantes, en parte por la impaciencia de los que deseaban que las reformas se ejecutasen a mayor velocidad, pero principalmente por la oposición de los privilegiados, que no estaban dispuestos a perder sus prerrogativas y regalías, y que pusieron todo tipo de obstáculos y no pararon hasta derribarla por el innoble procedimiento de movilizar a los espadones.
No hay por qué negar que durante el periodo republicano se cometieron excesos, y en algunos casos atrocidades. Se puede aceptar incluso que los respectivos gobiernos incurrieron en errores, ¿qué gobierno no los comete? Pero todo ello hay que juzgarlo y entenderlo en el contexto de la época, la injusta situación social, una sociedad escindida en clases mortalmente enfrentadas, un analfabetismo muy extendido y con los movimientos fascistas en ascenso en toda Europa. La República necesitaba tiempo para asentarse, para que las distintas reformas fuesen dando su fruto y pacificar así la sociedad, pero eso precisamente es lo que no querían los que movilizaron al ejército para el golpe de Estado.
Hoy, algunos se empeñan en reescribir la historia y nos cuentan esa milonga de que el golpe de Estado lo dio la izquierda en 1934. Se confunde revolución con golpe de Estado. La primera es desde abajo; el segundo, desde arriba. Una cosa es que parte del proletariado, en una clara situación de indigencia y privado de casi todos sus derechos, desconfiase de los regímenes parlamentarios, cuando hasta entonces todos ellos habían sido una farsa, y se inclinase por la violencia como único método de transformación social; y otra muy distinta, que una clase privilegiada, valiéndose de su situación de preeminencia, movilizase al ejército en contra de la propia nación a la que debía defender. La revolución del 34 fue un acontecimiento limitado a parte de la izquierda y únicamente a dos regiones, Cataluña y Asturias, donde el anarquismo estaba muy extendido. Estaba condenada al fracaso, como así fue. Carece de todo sentido responsabilizar de ello a la República, en todo caso habría que hacerlo a un gobierno que pretendía desmantelar las escasas reformas que hasta entonces se habían realizado. La revolución no constituyó ningún peligro serio para el sistema establecido. De cualquier modo, la sublevación militar no se hizo para defender a la República de las hordas revolucionarias, sino para derribarla e instaurar un régimen despótico y sanguinario, y encerrar a la sociedad española durante cuarenta años en el oscurantismo.